Exministro Pardow justifica no dar aviso de error por evitar alarma ciudadanía

El exministro de Energía, Diego Pardow, ha presentado una extensa respuesta de 121 páginas a la acusación constitucional realizada por parlamentarios de oposición. Estos le atribuyen responsabilidad política en un error metodológico que resultó en un doble cobro en las cuentas de electricidad.

A pesar de que el Presidente Gabriel Boric había solicitado la renuncia de Pardow tras conocerse el caso, la oposición decidió mantener la acusación después de que la empresa Transelec revelara haber advertido en octubre de 2024 sobre un posible error en la valorización de sus activos.

La acusación se divide en dos capítulos: el primero señala negligencia administrativa en la fijación de tarifas, mientras que el segundo apunta a una presunta falta de probidad por no haber comunicado la alerta de la empresa.

En su defensa, según informa La Tercera, Pardow argumenta que no contaba con suficiente información para hacer pública la advertencia y que hacerlo habría generado una "alarma injustificada" y comprometido el interés nacional. Además, afirmó que como ministro no tenía autoridad legal ni técnica para intervenir en el proceso administrativo ni para modificar los cálculos de la Comisión Nacional de Energía.

En sus propias palabras, Pardow expresó: “Ante la falta de información cierta disponible, tan solo sabiendo que existían inconsistencias (alertadas por Transelec en 2024), pero sin claridad sobre la magnitud del error, su comunicación pública en esta temprana etapa del procedimiento se traducía en introducir alarma en la ciudadanía, sin un objeto determinado y, dado lo señalado previamente, ahí sí se podría haber comprometido el interés nacional”.

El exministro también desestimó las sospechas relacionadas con su viaje oficial a China en marzo de 2025, calificándolas como “carentes de sustento jurídico” y recordando que no guardaban relación con China Southern Power Grid, firma propietaria de parte de Transelec.

Pardow solicitó que se considere una cuestión previa, argumentando que la acusación carece del fundamento constitucional necesario y presenta imputaciones genéricas. Advirtió que una eventual sanción le impediría ocupar cargos públicos durante cinco años y afectaría su labor docente en la Universidad de Chile.

La comisión encargada de revisar la acusación, liderada por el diputado Jaime Mulet (FREVS), tiene ahora seis días para analizar detenidamente la respuesta antes de someter el documento a votación en la sala de la Cámara.