TC declara inconstitucionales 4 artículos de ley Escuelas Protegidas

El Tribunal Constitucional (TC) emitió un fallo respecto a la ley "Escuelas Protegidas", propuesta por el Gobierno para fortalecer la seguridad en los establecimientos educativos, encontrando inconstitucionales cuatro de sus disposiciones después de revisar las solicitudes presentadas por legisladores de la oposición.

Una de las disposiciones impugnadas por el organismo se refiere a la norma que permitía a los sostenedores de escuelas recurrir a Carabineros o la Policía de Investigaciones cuando un estudiante se negaba a una revisión y su apoderado no asistía al colegio dentro de los plazos establecidos. El TC determinó que esta medida vulneraba principios constitucionales.

Otra de las normativas rechazadas fue aquella que agregaba un nuevo artículo al Código Procesal Penal, autorizando a funcionarios de Carabineros y la PDI a inspeccionar vestimentas y efectos personales de estudiantes dentro de los establecimientos educativos sin una orden previa de un fiscal, siempre y cuando hubiera indicios de la comisión de un delito. El Tribunal consideró que esta facultad excedía los límites constitucionales relacionados con las garantías individuales y los procedimientos de control policial.

Además, el organismo también declaró inconstitucionales disposiciones relacionadas con sanciones en el ámbito educativo, incluyendo aquellas que condicionaban el acceso o permanencia en el beneficio de gratuidad para estudiantes condenados por ciertos delitos cometidos en contextos escolares.

La ley "Escuelas Protegidas" fue aprobada por el Congreso a principios de junio con el objetivo de proporcionar más herramientas a las comunidades educativas para hacer frente a actos de violencia en los establecimientos. Entre las medidas contempladas se encontraba la revisión de mochilas, restricciones al uso de elementos que dificultaran la identificación de estudiantes y sanciones para aquellos que cometieran delitos dentro de los recintos educativos.

Esta iniciativa contó con el respaldo del Ejecutivo, que defendió su constitucionalidad ante el TC argumentando que buscaba proteger la seguridad de estudiantes, docentes y personal administrativo frente al aumento de incidentes violentos en las escuelas.