Durante febrero de 2026, un aumento temporal en la remuneración del Presidente Gabriel Boric generó titulares y debate público. La cifra bruta mensual, que normalmente ronda los $7.000.000, se elevó en diciembre de 2025 a cerca de $10.000.000, lo que representa unos $3 millones adicionales. Desde Presidencia se aclaró que este incremento no constituye un reajuste permanente ni un aumento discrecional de la dieta presidencial, sino que corresponde al pago de un bono trimestral asociado al Programa de Mejoramiento de la Gestión (PMG). El PMG es un mecanismo legal establecido en la Ley N° 19.553, aplicable a instituciones del sector público, incluida la Presidencia. Este sistema premia el cumplimiento de metas institucionales definidas por la Dirección de Presupuestos. En el caso específico de Presidencia, se informó un cumplimiento del 99,44% en metas 2024, relacionadas con gestión institucional, eficiencia, transformación digital, enfoque de género y sustentabilidad. Este resultado activó el máximo incentivo, lo que resultó en un aumento en la remuneración efectiva durante los meses de pago trimestral: marzo, junio, septiembre y diciembre. El pago del bono PMG se realiza cada trimestre, reflejándose uno de esos desembolsos en diciembre de 2025, lo que explicaría el incremento en el monto bruto percibido ese mes. Desde el Ejecutivo se explicó que este mecanismo se aplica a miles de funcionarios públicos de manera transversal y no está sujeto a una decisión personal del Mandatario. El tema cobró relevancia tras una publicación en La Segunda el 19 de febrero de 2026. El Gobierno señaló que este pago corresponde a un incentivo técnico por desempeño institucional, mientras que desde la oposición surgieron cuestionamientos públicos, incluyendo declaraciones del diputado Jaime Mulet. Presidencia reiteró que no se trata de un aumento estructural ni permanente de la dieta presidencial y que cualquier modificación fija en esa materia debe realizarse mediante ley. Fuente: Publimetro
Adultos mayores en diferentes regiones de Chile han expresado su preocupación al notar una reducción significativa, de hasta $100 mil, en el monto de la Pensión Garantizada Universal (PGU) durante el último pago de febrero. Esta situación ha generado denuncias públicas y llamados de atención entre los beneficiarios. Los afectados han manifestado que el descuento observado en los pagos realizados por el Instituto de Previsión Social (IPS) no ha sido debidamente explicado, lo que ha llevado a un aumento en las quejas y reclamos a través de redes sociales y otros canales de comunicación ciudadana. Varios pensionados han señalado que los montos recibidos este mes no coinciden con los valores habituales de la PGU. Incluso en casos donde no se han realizado cambios en las pensiones o actualizaciones, se ha observado una disminución en el pago. La Segunda informa que la raíz del problema radica en el nuevo método de cálculo de la pensión base, el cual comenzó a aplicarse desde enero como parte de la reforma previsional. Este nuevo cálculo incorpora los Beneficios del Seguro Social, incluyendo bonos por años cotizados y expectativa de vida. Ante las consultas, el IPS confirmó a dicho medio que la reducción en la PGU para 75 mil personas se debe a la revisión de casos donde las personas incrementaron su pensión base debido a los nuevos beneficios del Seguro Social, tal como lo establece la normativa vigente. Estos beneficios se incorporan en la pensión base, lo que para algunos casos, por ley, hace disminuir el monto de su Pensión Garantizada Universal para personas con pensiones base calculadas por encima de $789.139, y que por esta razón principalmente reciben un monto parcial de la PGU según lo establecido por la normativa, explicó el IPS. Fuente: Publimetro
El sistema Red Movilidad de Santiago ha logrado un importante avance en electromovilidad. Según el último informe oficial del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (MTT) y del Directorio de Transporte Público Metropolitano (DTPM), publicado el 17 de febrero, la capital chilena cuenta con un total de 4.088 buses eléctricos en funcionamiento, lo que representa el 62% de la flota total del transporte público metropolitano. Estos vehículos cero emisiones están operativos en 38 comunas del Gran Santiago, consolidando a la ciudad como la capital con mayor cantidad de buses eléctricos fuera de China, líder mundial en este tipo de transporte. Las autoridades resaltaron que Santiago supera a ciudades europeas, norteamericanas y latinoamericanas en cuanto a la cantidad de buses eléctricos en operación. El subsecretario de Transportes, Jorge Daza, mencionó durante la presentación de 450 nuevas unidades: “Esto es un beneficio concreto, una mejora en la calidad de vida de todos nuestros vecinos y vecinas, sobre todo de las comunas más desfavorecidas, porque esta política se hizo con equidad territorial, pensando en las comunas del sur y el surponiente de Santiago, como en la que estamos hoy día, Maipú, Puente Alto, San Bernardo, que hoy día cuentan con buses eléctricos, mejorando la calidad de vida de quienes usan diariamente nuestro sistema RED”. Por otro lado, la directora del DTPM, Paola Tapia, afirmó: “Vecinos y vecinas de las comunas de Quilicura, Maipú, Cerrillos y Estación Central podrán acceder a estos nuevos buses que comenzarán a circular estos días. La electromovilidad tiene beneficios concretos para las personas, la disminución de emisiones contaminantes, la baja de más del 40 % del ruido en la ciudad y muy importante, una mejor calidad de vida para las personas”. Desde marzo de 2022 hasta febrero de 2026, el número de buses eléctricos en operación ha aumentado significativamente. En el inicio del actual gobierno se contabilizaban 779 buses eléctricos, cifra que ha crecido hasta alcanzar las 4.088 unidades, representando un incremento del 523%. Este progreso ha sido constante: El avance en el transporte público eléctrico ha permitido reducir hasta un 75% las emisiones de material particulado fino (PM2.5), así como disminuir hasta un 64% el ruido ambiental, especialmente en el eje Alameda. A su vez, se ha logrado un ahorro superior a los 60 millones de litros de diésel, contribuyendo a la reducción de contaminantes y al mejoramiento del entorno urbano. Los nuevos buses tienen capacidad para transportar aproximadamente 90 pasajeros (28 sentados y 63 de pie) y cuentan con: - Aire acondicionado - Wi-Fi - Puertos USB - Cámaras para garantizar seguridad Todas estas características están presentes en la mayoría de las unidades que circulan por la Región Metropolitana. La expansión de la electromovilidad en Chile no se limita solo a Santiago. Actualmente hay 271 buses eléctricos operativos fuera de la capital, distribuidos en 11 regiones del país. En 2025, Copiapó se convirtió en la primera ciudad sudamericana con una flota totalmente eléctrica, contando con 121 buses en funcionamiento. Fuente: Publimetro
A partir de abril de 2026, entrará en vigor en Chile una nueva reducción de la jornada laboral, que disminuirá el máximo semanal de 44 a 42 horas como parte de la implementación gradual de la denominada Ley de 40 Horas. Sin embargo, este cambio no afectará automáticamente a todos los trabajadores: quienes prestan servicios a honorarios, en principio, quedan excluidos de esta disminución, lo que ha generado preocupación entre especialistas y asesores laborales. La normativa modifica el Código del Trabajo y, por lo tanto, se aplica formalmente solo a quienes tienen un contrato laboral. Esto deja fuera a miles de personas que emiten boletas de honorarios, a pesar de que muchas de ellas realizan funciones similares a las de un trabajador dependiente, con horarios fijos, supervisión directa y responsabilidades continuas. Según el último informe de la Dirección de Presupuestos (Dipres), al tercer trimestre de 2025 había 32.457 personas trabajando a honorarios en el Gobierno Central, lo que representa el 6,1% del total. Aunque el porcentaje puede parecer limitado, es un grupo significativo que podría enfrentar disputas legales si su relación contractual no refleja adecuadamente la realidad de sus funciones. El punto crucial radica en la existencia o no de subordinación y dependencia. Según explica Camila Cárdenas, directora del área de Litigación y socia de SoyHonorario, emitir boletas no elimina automáticamente los derechos laborales. Si existe jefe, control de horario y obligaciones permanentes, podría configurarse una relación laboral, independientemente de lo que diga el contrato, advierte. En este contexto, la implementación de las 42 horas podría desencadenar denuncias y demandas. Un trabajador a honorarios que cumpla más horas pero bajo condiciones propias de un contrato laboral podría reclamar el reconocimiento formal de la relación y exigir derechos como feriados legales o cotizaciones previsionales. Donovan Riveros, abogado del área Legal, Laboral & Compliance BSO en BDO Chile, señala que la nueva etapa de la reforma podría aumentar las fiscalizaciones. La ley no regula directamente a los honorarios, pero su implementación puede abrir la puerta a cuestionamientos sobre la correcta clasificación de los trabajadores. Una mala definición podría derivar en multas o juicios laborales, afirma. Por su parte, Consuelo Letelier, vicepresidenta legal en Talana, coincide en que la reducción de jornada no cambia los criterios para determinar una relación laboral. Indicadores como recibir órdenes directas, usar herramientas corporativas o cumplir funciones permanentes pueden obligar a formalizar el vínculo. No hacerlo expone a pagos retroactivos y sanciones, destaca. La implementación continuará progresivamente hasta abril de 2028, cuando la jornada semanal llegue al límite definitivo de 40 horas. En este proceso, abogados y consultores coinciden en que la reforma implica no solo un ajuste horario sino también una revisión estructural en las formas de contratación. Para muchos trabajadores a honorarios, las 42 horas podrían ser una oportunidad para regularizar situaciones informales mientras que para los empleadores representa el desafío de anticiparse a posibles contingencias legales y ordenar sus relaciones laborales antes de enfrentar conflictos. Fuente: Publimetro
A veinte días del cambio de mando, el Ministerio de Energía aún no ha completado el traspaso de $533 millones a la Empresa Nacional del Petróleo (Enap), fondos comprometidos para saldar la deuda generada por el programa fallido “Gas a Precio Justo”, una de las propuestas del gobierno del Presidente Gabriel Boric. El programa fue lanzado a mediados de 2022 con la promesa de ofrecer gas licuado a un precio por debajo del mercado. Durante su fase piloto, se implementó en las comunas de Chiguayante, Quintero y San Fernando, donde los balones de 15 kilos se vendieron a $15.200, mientras que el precio habitual rondaba los $25.000. “Este es el comienzo de un camino y no el final, y esperamos que este gas pueda llegar, lo antes posible, a todas las comunas del país”, expresó en su momento el exministro de Energía, Claudio Huepe, al presentar el plan, según informó The Clinic. Sin embargo, con el tiempo surgieron críticas debido al alcance territorial y logístico limitado del programa. Más tarde se reveló que el costo real unitario de cada balón —considerando los gastos de distribución— ascendía a $117.000, más de cuatro veces superior al precio de mercado. Para llevar a cabo el programa, Enap transfirió más de $500 millones al Ministerio de Energía, con la promesa de que esos fondos serían reembolsados. Sin embargo, la devolución se fue posponiendo con el tiempo. Fue recién a finales de 2025, durante la discusión de la Ley de Presupuestos 2026, que se aseguró la entrega de $533 millones a la estatal, fondos contemplados en una glosa específica. A principios de 2025, la Contraloría General de la República intervino en el caso al detectar irregularidades en la ejecución del programa y ordenó al Ministerio de Energía devolver los fondos transferidos por la petrolera estatal. A pesar de que tanto Energía como Enap han confirmado oficialmente que los fondos están incluidos en la Ley de Presupuestos, el traspaso aún no se ha materializado. “Previo a conocer el informe de la Contraloría General de la República, del 15 de enero de 2025, el Ministerio de Energía había iniciado las gestiones necesarias para hacer la transferencia a Enap, con el fin de cubrir los costos incurridos en la implementación del programa piloto Gas para Chile”, indicaron desde la cartera según lo reportado por The Clinic. De no efectuarse el pago en los próximos días, será responsabilidad del nuevo gobierno llevar a cabo la restitución. Fuente: Publimetro
Durante febrero de 2026, un aumento temporal en la remuneración del Presidente Gabriel Boric generó titulares y debate público. La cifra bruta mensual, que normalmente ronda los $7.000.000, se elevó en diciembre de 2025 a cerca de $10.000.000, lo que representa unos $3 millones adicionales. Desde Presidencia se aclaró que este incremento no constituye un reajuste permanente ni un aumento discrecional de la dieta presidencial, sino que corresponde al pago de un bono trimestral asociado al Programa de Mejoramiento de la Gestión (PMG). El PMG es un mecanismo legal establecido en la Ley N° 19.553, aplicable a instituciones del sector público, incluida la Presidencia. Este sistema premia el cumplimiento de metas institucionales definidas por la Dirección de Presupuestos. En el caso específico de Presidencia, se informó un cumplimiento del 99,44% en metas 2024, relacionadas con gestión institucional, eficiencia, transformación digital, enfoque de género y sustentabilidad. Este resultado activó el máximo incentivo, lo que resultó en un aumento en la remuneración efectiva durante los meses de pago trimestral: marzo, junio, septiembre y diciembre. El pago del bono PMG se realiza cada trimestre, reflejándose uno de esos desembolsos en diciembre de 2025, lo que explicaría el incremento en el monto bruto percibido ese mes. Desde el Ejecutivo se explicó que este mecanismo se aplica a miles de funcionarios públicos de manera transversal y no está sujeto a una decisión personal del Mandatario. El tema cobró relevancia tras una publicación en La Segunda el 19 de febrero de 2026. El Gobierno señaló que este pago corresponde a un incentivo técnico por desempeño institucional, mientras que desde la oposición surgieron cuestionamientos públicos, incluyendo declaraciones del diputado Jaime Mulet. Presidencia reiteró que no se trata de un aumento estructural ni permanente de la dieta presidencial y que cualquier modificación fija en esa materia debe realizarse mediante ley. Fuente: Publimetro
Adultos mayores en diferentes regiones de Chile han expresado su preocupación al notar una reducción significativa, de hasta $100 mil, en el monto de la Pensión Garantizada Universal (PGU) durante el último pago de febrero. Esta situación ha generado denuncias públicas y llamados de atención entre los beneficiarios. Los afectados han manifestado que el descuento observado en los pagos realizados por el Instituto de Previsión Social (IPS) no ha sido debidamente explicado, lo que ha llevado a un aumento en las quejas y reclamos a través de redes sociales y otros canales de comunicación ciudadana. Varios pensionados han señalado que los montos recibidos este mes no coinciden con los valores habituales de la PGU. Incluso en casos donde no se han realizado cambios en las pensiones o actualizaciones, se ha observado una disminución en el pago. La Segunda informa que la raíz del problema radica en el nuevo método de cálculo de la pensión base, el cual comenzó a aplicarse desde enero como parte de la reforma previsional. Este nuevo cálculo incorpora los Beneficios del Seguro Social, incluyendo bonos por años cotizados y expectativa de vida. Ante las consultas, el IPS confirmó a dicho medio que la reducción en la PGU para 75 mil personas se debe a la revisión de casos donde las personas incrementaron su pensión base debido a los nuevos beneficios del Seguro Social, tal como lo establece la normativa vigente. Estos beneficios se incorporan en la pensión base, lo que para algunos casos, por ley, hace disminuir el monto de su Pensión Garantizada Universal para personas con pensiones base calculadas por encima de $789.139, y que por esta razón principalmente reciben un monto parcial de la PGU según lo establecido por la normativa, explicó el IPS. Fuente: Publimetro
El sistema Red Movilidad de Santiago ha logrado un importante avance en electromovilidad. Según el último informe oficial del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (MTT) y del Directorio de Transporte Público Metropolitano (DTPM), publicado el 17 de febrero, la capital chilena cuenta con un total de 4.088 buses eléctricos en funcionamiento, lo que representa el 62% de la flota total del transporte público metropolitano. Estos vehículos cero emisiones están operativos en 38 comunas del Gran Santiago, consolidando a la ciudad como la capital con mayor cantidad de buses eléctricos fuera de China, líder mundial en este tipo de transporte. Las autoridades resaltaron que Santiago supera a ciudades europeas, norteamericanas y latinoamericanas en cuanto a la cantidad de buses eléctricos en operación. El subsecretario de Transportes, Jorge Daza, mencionó durante la presentación de 450 nuevas unidades: “Esto es un beneficio concreto, una mejora en la calidad de vida de todos nuestros vecinos y vecinas, sobre todo de las comunas más desfavorecidas, porque esta política se hizo con equidad territorial, pensando en las comunas del sur y el surponiente de Santiago, como en la que estamos hoy día, Maipú, Puente Alto, San Bernardo, que hoy día cuentan con buses eléctricos, mejorando la calidad de vida de quienes usan diariamente nuestro sistema RED”. Por otro lado, la directora del DTPM, Paola Tapia, afirmó: “Vecinos y vecinas de las comunas de Quilicura, Maipú, Cerrillos y Estación Central podrán acceder a estos nuevos buses que comenzarán a circular estos días. La electromovilidad tiene beneficios concretos para las personas, la disminución de emisiones contaminantes, la baja de más del 40 % del ruido en la ciudad y muy importante, una mejor calidad de vida para las personas”. Desde marzo de 2022 hasta febrero de 2026, el número de buses eléctricos en operación ha aumentado significativamente. En el inicio del actual gobierno se contabilizaban 779 buses eléctricos, cifra que ha crecido hasta alcanzar las 4.088 unidades, representando un incremento del 523%. Este progreso ha sido constante: El avance en el transporte público eléctrico ha permitido reducir hasta un 75% las emisiones de material particulado fino (PM2.5), así como disminuir hasta un 64% el ruido ambiental, especialmente en el eje Alameda. A su vez, se ha logrado un ahorro superior a los 60 millones de litros de diésel, contribuyendo a la reducción de contaminantes y al mejoramiento del entorno urbano. Los nuevos buses tienen capacidad para transportar aproximadamente 90 pasajeros (28 sentados y 63 de pie) y cuentan con: - Aire acondicionado - Wi-Fi - Puertos USB - Cámaras para garantizar seguridad Todas estas características están presentes en la mayoría de las unidades que circulan por la Región Metropolitana. La expansión de la electromovilidad en Chile no se limita solo a Santiago. Actualmente hay 271 buses eléctricos operativos fuera de la capital, distribuidos en 11 regiones del país. En 2025, Copiapó se convirtió en la primera ciudad sudamericana con una flota totalmente eléctrica, contando con 121 buses en funcionamiento. Fuente: Publimetro
A partir de abril de 2026, entrará en vigor en Chile una nueva reducción de la jornada laboral, que disminuirá el máximo semanal de 44 a 42 horas como parte de la implementación gradual de la denominada Ley de 40 Horas. Sin embargo, este cambio no afectará automáticamente a todos los trabajadores: quienes prestan servicios a honorarios, en principio, quedan excluidos de esta disminución, lo que ha generado preocupación entre especialistas y asesores laborales. La normativa modifica el Código del Trabajo y, por lo tanto, se aplica formalmente solo a quienes tienen un contrato laboral. Esto deja fuera a miles de personas que emiten boletas de honorarios, a pesar de que muchas de ellas realizan funciones similares a las de un trabajador dependiente, con horarios fijos, supervisión directa y responsabilidades continuas. Según el último informe de la Dirección de Presupuestos (Dipres), al tercer trimestre de 2025 había 32.457 personas trabajando a honorarios en el Gobierno Central, lo que representa el 6,1% del total. Aunque el porcentaje puede parecer limitado, es un grupo significativo que podría enfrentar disputas legales si su relación contractual no refleja adecuadamente la realidad de sus funciones. El punto crucial radica en la existencia o no de subordinación y dependencia. Según explica Camila Cárdenas, directora del área de Litigación y socia de SoyHonorario, emitir boletas no elimina automáticamente los derechos laborales. Si existe jefe, control de horario y obligaciones permanentes, podría configurarse una relación laboral, independientemente de lo que diga el contrato, advierte. En este contexto, la implementación de las 42 horas podría desencadenar denuncias y demandas. Un trabajador a honorarios que cumpla más horas pero bajo condiciones propias de un contrato laboral podría reclamar el reconocimiento formal de la relación y exigir derechos como feriados legales o cotizaciones previsionales. Donovan Riveros, abogado del área Legal, Laboral & Compliance BSO en BDO Chile, señala que la nueva etapa de la reforma podría aumentar las fiscalizaciones. La ley no regula directamente a los honorarios, pero su implementación puede abrir la puerta a cuestionamientos sobre la correcta clasificación de los trabajadores. Una mala definición podría derivar en multas o juicios laborales, afirma. Por su parte, Consuelo Letelier, vicepresidenta legal en Talana, coincide en que la reducción de jornada no cambia los criterios para determinar una relación laboral. Indicadores como recibir órdenes directas, usar herramientas corporativas o cumplir funciones permanentes pueden obligar a formalizar el vínculo. No hacerlo expone a pagos retroactivos y sanciones, destaca. La implementación continuará progresivamente hasta abril de 2028, cuando la jornada semanal llegue al límite definitivo de 40 horas. En este proceso, abogados y consultores coinciden en que la reforma implica no solo un ajuste horario sino también una revisión estructural en las formas de contratación. Para muchos trabajadores a honorarios, las 42 horas podrían ser una oportunidad para regularizar situaciones informales mientras que para los empleadores representa el desafío de anticiparse a posibles contingencias legales y ordenar sus relaciones laborales antes de enfrentar conflictos. Fuente: Publimetro
A veinte días del cambio de mando, el Ministerio de Energía aún no ha completado el traspaso de $533 millones a la Empresa Nacional del Petróleo (Enap), fondos comprometidos para saldar la deuda generada por el programa fallido “Gas a Precio Justo”, una de las propuestas del gobierno del Presidente Gabriel Boric. El programa fue lanzado a mediados de 2022 con la promesa de ofrecer gas licuado a un precio por debajo del mercado. Durante su fase piloto, se implementó en las comunas de Chiguayante, Quintero y San Fernando, donde los balones de 15 kilos se vendieron a $15.200, mientras que el precio habitual rondaba los $25.000. “Este es el comienzo de un camino y no el final, y esperamos que este gas pueda llegar, lo antes posible, a todas las comunas del país”, expresó en su momento el exministro de Energía, Claudio Huepe, al presentar el plan, según informó The Clinic. Sin embargo, con el tiempo surgieron críticas debido al alcance territorial y logístico limitado del programa. Más tarde se reveló que el costo real unitario de cada balón —considerando los gastos de distribución— ascendía a $117.000, más de cuatro veces superior al precio de mercado. Para llevar a cabo el programa, Enap transfirió más de $500 millones al Ministerio de Energía, con la promesa de que esos fondos serían reembolsados. Sin embargo, la devolución se fue posponiendo con el tiempo. Fue recién a finales de 2025, durante la discusión de la Ley de Presupuestos 2026, que se aseguró la entrega de $533 millones a la estatal, fondos contemplados en una glosa específica. A principios de 2025, la Contraloría General de la República intervino en el caso al detectar irregularidades en la ejecución del programa y ordenó al Ministerio de Energía devolver los fondos transferidos por la petrolera estatal. A pesar de que tanto Energía como Enap han confirmado oficialmente que los fondos están incluidos en la Ley de Presupuestos, el traspaso aún no se ha materializado. “Previo a conocer el informe de la Contraloría General de la República, del 15 de enero de 2025, el Ministerio de Energía había iniciado las gestiones necesarias para hacer la transferencia a Enap, con el fin de cubrir los costos incurridos en la implementación del programa piloto Gas para Chile”, indicaron desde la cartera según lo reportado por The Clinic. De no efectuarse el pago en los próximos días, será responsabilidad del nuevo gobierno llevar a cabo la restitución. Fuente: Publimetro
