Cuestionan designación de Patricia Muñoz en Defensoría de Víctimas

La designación de Patricia Muñoz, ex Defensora de la Niñez, como directora del Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de Víctimas ha generado una controversia política que ha llegado al ámbito institucional. La bancada de diputados de Renovación Nacional ha presentado un oficio de fiscalización ante la Contraloría General de la República (CGR) para que evalúe la legalidad, eficacia administrativa y oportunidad del nombramiento.

Este nuevo servicio fue creado con el propósito de brindar atención integral a las víctimas de delitos, en un contexto marcado por la crisis de seguridad y la demanda ciudadana por mayor protección y acompañamiento estatal.

Según información de Biobio Chile, el jefe de bancada de RN, Frank Sauerbaum, expresó duras críticas hacia el Ejecutivo. En sus palabras, “el presidente Boric y la izquierda denunciaron por años lo que denominaron las ‘leyes de amarre’ de Pinochet, y ahora resulta que se ponen a la misma altura”.

Sauerbaum también criticó al presidente Boric, afirmando que “lamentablemente deja el gobierno por la puerta chica y dando señales de un liderazgo chico, sin visión de Estado”, cuestionando así el criterio político detrás del nombramiento.

Uno de los puntos centrales del oficio presentado ante la CGR se centra en la situación personal de Patricia Muñoz, quien se encuentra en un embarazo avanzado. Según los diputados, esta condición podría implicar una licencia médica prolongada que afectaría directamente el liderazgo del servicio en su fase inicial.

En el documento se destaca que esta situación “genera una desventaja desde el punto de vista institucional y del buen servicio, especialmente tratándose de un organismo nuevo cuya etapa inicial requiere una dirección activa”. Además, se enfatiza que “en los hechos, la persona designada no ejercerá efectivamente el cargo durante una parte sustantiva del inicio operativo del servicio”.

La subjefa de bancada, Carla Morales, reforzó las críticas destacando el impacto social del nombramiento. Afirmó que “la Defensoría de las Víctimas es un órgano que se persiguió por años, respondiendo no solo a una necesidad en medio de la crisis de seguridad, sino también a un mandato constitucional”.

Morales acusó al Gobierno diciendo que “no solo nos deja esta crisis, sino que además juega con las víctimas y las pone en segundo plano para darse un gusto y favorecer a los amigos”. Agregó que esta situación “es lo más bajo que hemos visto, y eso es decir mucho después de estos 4 años”.

Finalmente, Renovación Nacional solicitó a la Contraloría evaluar si el nombramiento cumple con los principios de eficiencia, continuidad y buen funcionamiento estatal. Según los parlamentarios, el caso “no puede ser analizado únicamente desde una perspectiva formal del acto de nombramiento, sino que debe ser considerado a la luz de su eficacia real y del cumplimiento del interés público comprometido”.