Alertas fiscales por US$9.200 millones tras auditoría a era Boric

El Gobierno de Chile reveló hoy los primeros resultados de la auditoría total realizada a entidades públicas durante el período 2022-2026, la cual identificó alertas fiscales por más de US$9.200 millones.

Tras el análisis liderado por el Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno, se ordenó iniciar investigaciones en la Junaeb, el Ministerio de la Mujer, el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones y la ANID.

Según informó Biobio Chile, la subsecretaria general de la Presidencia, Constanza Castillo, mencionó que durante el proceso encontraron "errores, inconsistencias, mala gestión, debilidades estructurales de control, ineficiencias y, en algunos casos específicos, antecedentes que podrían eventualmente configurar irregularidades o incluso hechos de relevancia penal".

La revisión abarcó más de 913 millones de registros procedentes de más de 500 servicios públicos.

El informe reveló que las principales irregularidades incluyen rendiciones inferiores a los pagos efectuados, organismos receptores de fondos sin inscripción en el Registro Central de Colaboradores del Estado, compras ágiles reiteradas al mismo proveedor en un mismo día, incumplimientos contractuales, subejecución presupuestaria superior al 30%, concursos públicos sin adjudicación y licencias médicas sin recuperación del subsidio correspondiente.

Además, se señaló que las alertas involucran recursos públicos que superan los 9.200 millones de dólares. Entre los datos expuestos se detallaron 3.200 millones en pagos postergados, equivalente a cerca del 1% del PIB.

Entre los programas afectados se encuentran montos destinados a pymes proveedoras del Estado, gratuidad universitaria, asignaciones asociadas a la Junaeb y proveedores de atención médica.

También se reportaron 3.170 millones en trato directo o compra ágil en procesos donde se podrían haber realizado licitaciones públicas, con un costo estimado de 760 millones.

En el desglose presentado se mencionaron entidades como Cenabast, el Registro Civil, el Servicio de Salud Sur y hospitales en Puerto Montt, La Florida, Viña del Mar e Iquique.

A esto se suman 150 millones pendientes por recaudar relacionados con licencias médicas otorgadas mediante subsidio laboral.

Estos resultados representan una etapa inicial de la auditoría fiscal del Gobierno, mientras continúan las revisiones administrativas en los organismos señalados.