Delegación Presidencial y PDI refuerzan fiscalizaciones migratorias en Atacama
En la región se han realizado 45 fiscalizaciones, con 858 personas extranjeras controladas, 300 denuncias por infracciones, 11 detenidos por delitos y 25 expulsiones administrativas materializadas.
La Delegación Presidencial Regional de Atacama informó el balance del trabajo de fiscalización migratoria desarrollado junto a la Policía de Investigaciones y otros servicios públicos en las provincias de Copiapó, Huasco y Chañaral, en el marco del compromiso del Gobierno del Presidente José Antonio Kast de fortalecer la seguridad, el orden público y el cumplimiento de la ley.
La Delegada Presidencial Regional de Atacama, Sofía Cid Versalovic, señaló:“A las familias de Atacama, a quienes salen temprano a trabajar, a quienes esperan tranquilos volver a sus casas y a quienes quieren vivir en barrios más seguros, queremos decirles que estamos trabajando en terreno. El Presidente José Antonio Kast nos ha pedido hacernos cargo con decisión, fiscalizar y hacer cumplir la ley. Y eso es lo que estamos haciendo junto a la PDI y otros servicios públicos en las tres provincias de la región”.
A nivel regional, los procedimientos permitieron controlar a 858 personas extranjeras, con 300 denunciadas por infracciones y 11 detenidas por delitos. En Copiapó se realizaron 22 controles macro; en Huasco, 14 operativos; y en Chañaral, 9 operativos dinámicos.Además, se materializaron 25 expulsiones administrativas desde Atacama: 17 gestionadas por Copiapó, 7 por Vallenar y 1 por Chañaral, correspondientes principalmente a ciudadanos de Colombia, Bolivia, Ecuador, Perú y República Dominicana.Uno de los hitos destacados fue la fiscalización interinstitucional en la Ruta 5 Norte, sector Cuatro Palomas, provincia de Huasco, donde se inspeccionaron 10 locales de comida junto a la Delegación Provincial, Autoridad Sanitaria y otros servicios, logrando clausuras y denuncias efectivas.
En esa línea, la Delegada agregó:“Sabemos que muchas familias sienten preocupación por lo que ocurre en sus sectores, en las rutas y en los espacios donde hacen su vida diaria. Por eso no basta con hablar de seguridad: hay que estar presentes, coordinar a las instituciones y actuar. En Atacama vamos a seguir reforzando las fiscalizaciones migratorias, porque quienes viven, trabajan y cumplen la ley merecen tranquilidad y un Estado que responda”.
Por su parte, el Subprefecto Leonardo Contreras, jefe del Departamento de Migraciones y Policía Internacional de la PDI Copiapó, señaló:“El Departamento de Migraciones y Policía Internacional (Demig) de la PDI Copiapó, ha venido realizando un trabajo que se enmarca en uno de los principales compromisos del Alto Mando Institucional, relacionado con las fiscalizaciones masivas de ciudadanos extranjeros.
En ese sentido, como Demig Copiapó nos hemos desplegado territorialmente en numerosos operativos y también llevando a cabo el trabajo de control migratorio con los extranjeros en el Cuartel, lo que se suma a las labores llevadas a cabo en el Paso Fronterizo San Francisco, en el puerto de Caldera y en el Aeropuerto Desierto de Atacama.Los números exhibidos en lo que va del año, demuestran que estamos trabajando para cumplir un compromiso de la PDI y del Gobierno. Por lo mismo, en el desarrollo del trabajo en control migratorio, contamos con el apoyo de diversas instituciones parte de nuestro ecosistema de seguridad.
Dentro de los operativos llevados a cabo, destaca un masivo procedimiento en las tomas de Andacollo, donde más de 100 detectives concurrieron al lugar para llevar a cabo controles migratorios. Esa señal queremos entregar a la comunidad, de que como PDI contamos con la capacidad operativa para potenciar el trabajo policial en el ámbito migratorio”.La Delegación Presidencial Regional reiteró que estas acciones forman parte del trabajo permanente de coordinación interinstitucional para reforzar la seguridad y el cumplimiento de la normativa migratoria en Atacama.
En la región se han realizado 45 fiscalizaciones, con 858 personas extranjeras controladas, 300 denuncias por infracciones, 11 detenidos por delitos y 25 expulsiones administrativas materializadas.
