Aprueban acusación constitucional contra Nicolás Grau

En una jornada marcada por divisiones políticas y el rechazo previo de la cuestión previa, la sala de la Cámara Baja dio luz verde al proceso contra el exsecretario de Estado de la administración de Gabriel Boric.

Pese a que la comisión revisora recomendó rechazar la acción por falta de fundamentos, la mayoría parlamentaria optó por continuar con el juicio político.

El texto acusatorio sostiene que el exministro incurrió en una infracción a la Constitución y las leyes en la conducción de las finanzas públicas. Los cuestionamientos se centran en las diferencias detectadas entre las estimaciones de déficit fiscal y deuda pública entregadas al cierre del gobierno anterior y los resultados posteriores.

Durante el debate, el diputado Pier Karlezi (Partido Nacional Libertario) defendió la medida argumentando que “esta AC no persigue errores, persigue responsabilidades, la falta de correcciones”. Asimismo, agregó que la responsabilidad política debe ser exigida aun cuando los antecedentes provengan de equipos técnicos.

La votación contó con el apoyo de Renovación Nacional, el Partido Social Cristiano y el Partido de la Gente (PDG). Desde este último bloque, el diputado Javier Olivares afirmó que “con las finanzas del Estado no se juega, no se improvisa. Cada cifra tiene un impacto directo y doloroso en la clase media”.

Por su parte, el líder del PDG, Franco Parisi, justificó la postura de su bancada señalando que “se evaluó que era relevante que existiera un costo político de no hacer la pega”. Según el economista, debe existir una sanción política por lo que calificó como “malas decisiones” en la gestión fiscal.

Desde la otra vereda, el exministro Nicolás Grau desestimó los cargos asegurando: “No he cometido ningún ilícito y la acusación no tiene mérito”. La defensa, liderada por el abogado Patricio Zapata, intentó sin éxito frenar el avance del libelo citando un informe reciente del Consejo Fiscal Autónomo (CFA) que, a su juicio, debilitaba los argumentos de los acusadores.

Tras la aprobación en la Cámara, el proceso se traslada ahora a la Cámara Alta. Una comisión integrada por los diputados Pier Karlezi, Benjamín Moreno, y Paulina Muñoz, será la encargada de formalizar la admisibilidad de la acusación ante los senadores.