Expulsan a Luis Hermosilla del Colegio de Abogados por Caso Audio

El gremio de los abogados en Chile ha tomado una decisión contundente en contra del jurista Luis Hermosilla Osorio. Tras un exhaustivo proceso disciplinario que evaluó sus acciones y conexiones, el tribunal ético del Colegio de Abogados ha determinado expulsarlo, aplicando la sanción más severa contemplada en sus estatutos.

Es importante destacar que la investigación en contra de Hermosilla no fue resultado de una denuncia externa, sino que se inició por instrucción directa de la presidencia del gremio. El análisis se centró en hechos que el organismo consideró como "públicos y notorios que podían ser sancionados por el Código de Ética Profesional del Colegio de la Orden".

Tras llevar a cabo una serie de investigaciones entre abril de 2024 y enero de 2025, el Tribunal Ético emitió su veredicto final el pasado 4 de junio. La resolución fue unánime, reflejando un consenso total sobre la gravedad de las infracciones cometidas por Hermosilla en relación al Caso Audio.

A pesar de la decisión del tribunal gremial, el abogado ha decidido apelar legalmente. El 17 de junio, la defensa de Luis Hermosilla presentó formalmente un recurso de apelación ante la justicia ordinaria con el objetivo de impugnar la sanción invocando garantías constitucionales.

Esta estrategia busca cuestionar la expulsión basándose en principios establecidos en la Constitución Política, dejando así la validez final de la medida en manos de la revisión técnica por parte de la Corte de Apelaciones de Santiago.

Aunque inicialmente se mantuvo en reserva, la mesa directiva liderada por Ramiro Mendoza decidió hacer pública la decisión una vez que el caso fue llevado a los tribunales. Varios consejeros del gremio presionaron para que esta determinación fuera comunicada a la ciudadanía debido a su relevancia para la ética profesional.

Al hacer oficial esta medida, el Colegio de Abogados enfatizó que esta determinación "reafirma su compromiso con la observancia de los principios éticos que rigen el ejercicio profesional y con el correcto funcionamiento de sus mecanismos disciplinarios, en defensa de la fe pública y la dignidad de la abogacía".