Estructura jerárquica del Tren de Aragua en La Araucanía

En un golpe estratégico contra el crimen organizado transnacional, la Fiscalía Regional de La Araucanía procedió este sábado a la formalización de la investigación penal en contra de 38 imputados. A los sujetos se les acusa de integrar una facción activa de la organización criminal venezolana “Tren de Aragua”, la cual había asentado sus operaciones logísticas y comerciales en la zona sur del territorio nacional. Tras un masivo operativo interagencial ejecutado simultáneamente en las comunas de Temuco y Santiago, el Ministerio Público imputó cargos por los delitos de asociación ilícita, tráfico ilícito de estupefacientes y lavado de activos.

Los antecedentes acumulados durante la fase indagatoria permitieron establecer que la célula criminal mantenía una estructura rígidamente jerarquizada y que sus operaciones eran coordinadas de manera remota desde el interior del Centro de Detención Preventiva Santiago 1.

El diseño de la ruta delictiva contemplaba el ingreso de las sustancias psicotrópicas por los pasos fronterizos de la zona norte del país. Luego, su acopio temporal en la Región Metropolitana y su posterior traslado terrestre hacia la capital de La Araucanía, punto geográfico donde la droga se comercializaba masivamente utilizando una red de distribución bajo la modalidad de “delivery”.

El desglose de los allanamientos arrojó inicialmente la captura de 35 personas, cifra que tras el control de detención e integraciones posteriores se consolidó en un grupo de 38 imputados: 29 ciudadanos de nacionalidad venezolana y seis de nacionalidad chilena. Al respecto, el fiscal regional de La Araucanía, Roberto Garrido, enfatizó que la complejidad del caso radica en el nivel de sofisticación administrativa y financiera que exhibía el grupo, asemejándose a un modelo de franquicias comerciales pero aplicado al espectro delictivo.

“Más que personas que se dedican a vender sustancias psicotrópicas, se trata de una verdadera organización criminal que tiene diferentes estructuras y liderazgos”, detalló de forma taxativa el fiscal regional Roberto Garrido.

La investigación penal destapó que los distribuidores locales apostados en la región no operaban de forma independiente, sino que estaban obligados a pagar un tributo criminal periódico a la cúpula de la banda —denominado internamente como “fichas”— para recibir la autorización de explotar los cuadrantes de venta. Asimismo, la facción disponía de un sistema cerrado de préstamos de dinero con intereses internos para financiar el reabastecimiento de los microtraficantes y asegurar su subordinación económica a la jerarquía de la organización.

La indagatoria forense tecnológica y patrimonial busca ahora determinar el destino de los activos financieros generados por el “delivery” de drogas en el sur, así como los nexos de los líderes recluidos en Santiago 1 con los receptores finales de los flujos de dinero.

Mientras tanto, la audiencia de formalización de cargos se mantiene bajo desarrollo en los tribunales correspondientes, instancia donde el Ministerio Público presentará las pruebas recabadas para solicitar las medidas cautelares de mayor intensidad —como la prisión preventiva— para la totalidad de los componentes de la red delictual, fundamentando el peligro inminente que representa la operación de este cartel para la seguridad de la población regional.