En un golpe estratégico contra el crimen organizado transnacional, la Fiscalía Regional de La Araucanía procedió este sábado a la formalización de la investigación penal en contra de 38 imputados. A los sujetos se les acusa de integrar una facción activa de la organización criminal venezolana “Tren de Aragua”, la cual había asentado sus operaciones logísticas y comerciales en la zona sur del territorio nacional. Tras un masivo operativo interagencial ejecutado simultáneamente en las comunas de Temuco y Santiago, el Ministerio Público imputó cargos por los delitos de asociación ilícita, tráfico ilícito de estupefacientes y lavado de activos. Los antecedentes acumulados durante la fase indagatoria permitieron establecer que la célula criminal mantenía una estructura rígidamente jerarquizada y que sus operaciones eran coordinadas de manera remota desde el interior del Centro de Detención Preventiva Santiago 1. El diseño de la ruta delictiva contemplaba el ingreso de las sustancias psicotrópicas por los pasos fronterizos de la zona norte del país. Luego, su acopio temporal en la Región Metropolitana y su posterior traslado terrestre hacia la capital de La Araucanía, punto geográfico donde la droga se comercializaba masivamente utilizando una red de distribución bajo la modalidad de “delivery”. El desglose de los allanamientos arrojó inicialmente la captura de 35 personas, cifra que tras el control de detención e integraciones posteriores se consolidó en un grupo de 38 imputados: 29 ciudadanos de nacionalidad venezolana y seis de nacionalidad chilena. Al respecto, el fiscal regional de La Araucanía, Roberto Garrido, enfatizó que la complejidad del caso radica en el nivel de sofisticación administrativa y financiera que exhibía el grupo, asemejándose a un modelo de franquicias comerciales pero aplicado al espectro delictivo. “Más que personas que se dedican a vender sustancias psicotrópicas, se trata de una verdadera organización criminal que tiene diferentes estructuras y liderazgos”, detalló de forma taxativa el fiscal regional Roberto Garrido. La investigación penal destapó que los distribuidores locales apostados en la región no operaban de forma independiente, sino que estaban obligados a pagar un tributo criminal periódico a la cúpula de la banda —denominado internamente como “fichas” — para recibir la autorización de explotar los cuadrantes de venta. Asimismo, la facción disponía de un sistema cerrado de préstamos de dinero con intereses internos para financiar el reabastecimiento de los microtraficantes y asegurar su subordinación económica a la jerarquía de la organización. La indagatoria forense tecnológica y patrimonial busca ahora determinar el destino de los activos financieros generados por el “delivery” de drogas en el sur, así como los nexos de los líderes recluidos en Santiago 1 con los receptores finales de los flujos de dinero. Mientras tanto, la audiencia de formalización de cargos se mantiene bajo desarrollo en los tribunales correspondientes, instancia donde el Ministerio Público presentará las pruebas recabadas para solicitar las medidas cautelares de mayor intensidad —como la prisión preventiva— para la totalidad de los componentes de la red delictual, fundamentando el peligro inminente que representa la operación de este cartel para la seguridad de la población regional. Fuente: Publimetro
Un terrible homicidio ocurrido en el centro de Iquique ha conmocionado a la comunidad, dejando como resultado la muerte de un hombre peruano y manteniendo a tres imputados en prisión preventiva. El caso, que tuvo lugar el jueves 9 de abril, reveló detalles impactantes sobre la brutal agresión que sufrió la víctima. La alerta inicial sobre el incidente llegó a través de llamadas de testigos a Carabineros. Encontré una persona muerta acá en la calle, reportó un transeúnte al descubrir el cuerpo en la intersección de calles San Martín con Amunátegui. Horas antes, otro testigo había presenciado el violento ataque: tres sujetos descendieron de un vehículo y comenzaron a golpear brutalmente a la víctima en plena vía pública. La víctima fue identificada como Juan Diego Martínez, un residente de larga data en Chile que trabajaba en un taller mecánico. Según los antecedentes de la investigación, Martínez fue sometido a una agresión reiterada y extremadamente violenta: recibió golpes con un bate y cerca de 100 perforaciones con un taladro en diferentes partes del cuerpo, incluyendo la espalda y la cabeza. La fiscal regional de Iquique explicó que la causa de muerte fue un traumatismo craneoencefálico provocado por el uso del taladro. Tras el ataque inicial, los agresores trasladaron a la víctima en un vehículo, continuaron golpeándolo y finalmente abandonaron su cuerpo en otro sector de la ciudad. Estos tres sujetos en plena vía pública, agreden a la víctima, le pegan de manera reiterada y posteriormente utilizan este taladro en distintas partes del cuerpo de la víctima. En la espalda, en la cabeza, y luego lo suben a este vehículo y lo van a botar al lugar donde lo encontraron. La causa de muerte fue un traumatismo craneoencefálico, que era producto de la utilización de este taladro, detalló la fiscal regional Virginia Aravena. Los tres detenidos, de 32, 45 y 49 años respectivamente, tienen antecedentes penales. Dos son chilenos y el tercero es un ciudadano venezolano en situación migratoria irregular. Además, se descubrió que uno de los imputados incumplía una medida cautelar vigente al momento del crimen. Respecto al móvil del homicidio, las versiones entregadas por los acusados han sido contradictorias. Uno afirmó que el ataque se produjo después de que la víctima se propasara con su pareja, mientras que otro mencionó un supuesto robo de herramientas. La Fiscalía también considera una tercera hipótesis relacionada con una posible deuda de dinero debido al consumo de drogas por parte de Martínez. Actualmente, los tres sujetos permanecen en prisión preventiva mientras se lleva a cabo una investigación que tiene un plazo fijado en 100 días. En caso de ser condenados, podrían enfrentar penas que oscilan entre los 15 y 20 años de cárcel. Fuente: Publimetro
En un golpe estratégico contra el crimen organizado transnacional, la Fiscalía Regional de La Araucanía procedió este sábado a la formalización de la investigación penal en contra de 38 imputados. A los sujetos se les acusa de integrar una facción activa de la organización criminal venezolana “Tren de Aragua”, la cual había asentado sus operaciones logísticas y comerciales en la zona sur del territorio nacional. Tras un masivo operativo interagencial ejecutado simultáneamente en las comunas de Temuco y Santiago, el Ministerio Público imputó cargos por los delitos de asociación ilícita, tráfico ilícito de estupefacientes y lavado de activos. Los antecedentes acumulados durante la fase indagatoria permitieron establecer que la célula criminal mantenía una estructura rígidamente jerarquizada y que sus operaciones eran coordinadas de manera remota desde el interior del Centro de Detención Preventiva Santiago 1. El diseño de la ruta delictiva contemplaba el ingreso de las sustancias psicotrópicas por los pasos fronterizos de la zona norte del país. Luego, su acopio temporal en la Región Metropolitana y su posterior traslado terrestre hacia la capital de La Araucanía, punto geográfico donde la droga se comercializaba masivamente utilizando una red de distribución bajo la modalidad de “delivery”. El desglose de los allanamientos arrojó inicialmente la captura de 35 personas, cifra que tras el control de detención e integraciones posteriores se consolidó en un grupo de 38 imputados: 29 ciudadanos de nacionalidad venezolana y seis de nacionalidad chilena. Al respecto, el fiscal regional de La Araucanía, Roberto Garrido, enfatizó que la complejidad del caso radica en el nivel de sofisticación administrativa y financiera que exhibía el grupo, asemejándose a un modelo de franquicias comerciales pero aplicado al espectro delictivo. “Más que personas que se dedican a vender sustancias psicotrópicas, se trata de una verdadera organización criminal que tiene diferentes estructuras y liderazgos”, detalló de forma taxativa el fiscal regional Roberto Garrido. La investigación penal destapó que los distribuidores locales apostados en la región no operaban de forma independiente, sino que estaban obligados a pagar un tributo criminal periódico a la cúpula de la banda —denominado internamente como “fichas” — para recibir la autorización de explotar los cuadrantes de venta. Asimismo, la facción disponía de un sistema cerrado de préstamos de dinero con intereses internos para financiar el reabastecimiento de los microtraficantes y asegurar su subordinación económica a la jerarquía de la organización. La indagatoria forense tecnológica y patrimonial busca ahora determinar el destino de los activos financieros generados por el “delivery” de drogas en el sur, así como los nexos de los líderes recluidos en Santiago 1 con los receptores finales de los flujos de dinero. Mientras tanto, la audiencia de formalización de cargos se mantiene bajo desarrollo en los tribunales correspondientes, instancia donde el Ministerio Público presentará las pruebas recabadas para solicitar las medidas cautelares de mayor intensidad —como la prisión preventiva— para la totalidad de los componentes de la red delictual, fundamentando el peligro inminente que representa la operación de este cartel para la seguridad de la población regional. Fuente: Publimetro
Un terrible homicidio ocurrido en el centro de Iquique ha conmocionado a la comunidad, dejando como resultado la muerte de un hombre peruano y manteniendo a tres imputados en prisión preventiva. El caso, que tuvo lugar el jueves 9 de abril, reveló detalles impactantes sobre la brutal agresión que sufrió la víctima. La alerta inicial sobre el incidente llegó a través de llamadas de testigos a Carabineros. Encontré una persona muerta acá en la calle, reportó un transeúnte al descubrir el cuerpo en la intersección de calles San Martín con Amunátegui. Horas antes, otro testigo había presenciado el violento ataque: tres sujetos descendieron de un vehículo y comenzaron a golpear brutalmente a la víctima en plena vía pública. La víctima fue identificada como Juan Diego Martínez, un residente de larga data en Chile que trabajaba en un taller mecánico. Según los antecedentes de la investigación, Martínez fue sometido a una agresión reiterada y extremadamente violenta: recibió golpes con un bate y cerca de 100 perforaciones con un taladro en diferentes partes del cuerpo, incluyendo la espalda y la cabeza. La fiscal regional de Iquique explicó que la causa de muerte fue un traumatismo craneoencefálico provocado por el uso del taladro. Tras el ataque inicial, los agresores trasladaron a la víctima en un vehículo, continuaron golpeándolo y finalmente abandonaron su cuerpo en otro sector de la ciudad. Estos tres sujetos en plena vía pública, agreden a la víctima, le pegan de manera reiterada y posteriormente utilizan este taladro en distintas partes del cuerpo de la víctima. En la espalda, en la cabeza, y luego lo suben a este vehículo y lo van a botar al lugar donde lo encontraron. La causa de muerte fue un traumatismo craneoencefálico, que era producto de la utilización de este taladro, detalló la fiscal regional Virginia Aravena. Los tres detenidos, de 32, 45 y 49 años respectivamente, tienen antecedentes penales. Dos son chilenos y el tercero es un ciudadano venezolano en situación migratoria irregular. Además, se descubrió que uno de los imputados incumplía una medida cautelar vigente al momento del crimen. Respecto al móvil del homicidio, las versiones entregadas por los acusados han sido contradictorias. Uno afirmó que el ataque se produjo después de que la víctima se propasara con su pareja, mientras que otro mencionó un supuesto robo de herramientas. La Fiscalía también considera una tercera hipótesis relacionada con una posible deuda de dinero debido al consumo de drogas por parte de Martínez. Actualmente, los tres sujetos permanecen en prisión preventiva mientras se lleva a cabo una investigación que tiene un plazo fijado en 100 días. En caso de ser condenados, podrían enfrentar penas que oscilan entre los 15 y 20 años de cárcel. Fuente: Publimetro
