Ex Ministra Steinert presenta escrito de 26 páginas para impugnar dictamen de Contraloría

La exministra de Seguridad Pública, María Trinidad Steinert, ha presentado una extensa documentación de 26 páginas ante la Contraloría General de la República en Santiago, marcando un nuevo capítulo en su batalla legal. El objetivo de este recurso administrativo es anular de manera definitiva el controvertido dictamen D344 emitido por el organismo fiscalizador el 1 de julio de 2026.

El pronunciamiento cuestionó que un oficio reservado enviado por Steinert a la Policía de Investigaciones (PDI) en marzo excedió sus atribuciones legales. En respuesta, la exsecretaria de Estado ha decidido actuar formalmente mediante este escrito técnico, argumentando que la resolución vulneró su derecho constitucional a la defensa al no ser notificada del dictamen.

La defensa jurídica de Steinert destaca una supuesta contradicción normativa por parte de la Contraloría en comparación con procedimientos anteriores. Se menciona que la misma entidad solicitó información sensible en enero de 2026, respaldada posteriormente por las Cortes de Apelaciones. Bajo esta premisa, Steinert argumenta que si se validó el resguardo de datos para una entidad fiscalizadora, el mismo principio debió aplicarse a las solicitudes del Ministerio de Seguridad Pública.

Además, se cuestiona la redacción del dictamen D344 y se critica el uso de la expresión "no se ajusta estrictamente" para evaluar las potestades ejecutivas. La defensa considera que calificar grados variables de cumplimiento normativo implica una extralimitación de las facultades del organismo contralor sobre decisiones políticas.

El escrito también señala la divulgación masiva del oficio reservado antes de llegar a las instancias fiscalizadoras del Congreso. Steinert critica que el órgano contralor haya centrado su atención en la solicitud regular mientras ignoraba la filtración del texto original a los medios.

Para rebatir las acusaciones sobre su labor previa como fiscal regional, se incluyó en el expediente una declaración oficial del director general de la PDI ante la Comisión de Seguridad Ciudadana. En esta declaración, se ratifica que las decisiones sobre remociones fueron autónomas y exclusivas de los mandos institucionales, buscando demostrar que su requerimiento no interfería en la estructura institucional.