El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, se pronunció sobre las acciones judiciales presentadas por representantes de la derecha en su contra en relación al caso de Bernarda Vera, exmilitante del MIR que fue reportada como detenida desaparecida y que supuestamente residía en Argentina. PUBLICIDAD El diputado de la UDI, Jorge Alessandri, presentó una denuncia contra el ministro, mientras que el Partido Nacional Libertario se querelló por una presunta omisión de Cordero. El ministro expresó su esperanza de que “estas acciones no sean concertadas con el propósito de afectar a la hija, que es una víctima, y poner en entredicho el contenido del Informe Rettig y el trabajo del Plan Nacional de Búsqueda. Si son concertadas, me parece un negacionismo vergonzoso”. Cordero agregó que la hija de Bernarda Vera “es una víctima que ha desconocido el paradero de su madre históricamente”. Además, advirtió que “cuando se denuncia un hecho que no es constitutivo de delito, o en otros términos, si se utiliza el sistema penal con un propósito distinto, eso a su vez constituye un delito, que se llama denuncia calumniosa“. En relación a la querella del PNL, que acusa obtención fraudulenta de prestaciones estatales en relación a la hija de Vera, señaló “que es conveniente revisar los antecedentes antes de cometer no sólo una acción indebida, sino que un acto que refleja una falta de humanidad pocas veces vista en el último tiempo en nuestro país”. El ministro de Relaciones Exteriores, Alberto van Klaveren, afirmó que las gestiones respecto a Bernarda Vera se realizaron a través de los consulados en Argentina y Suecia desde 2024. Destacó que no existe un registro completo de ciudadanos chilenos en el exterior, por lo que se trabaja principalmente mediante las actuaciones consulares individuales. PUBLICIDAD Bernarda Vera aparece en los registros nacionales como detenida desaparecida desde octubre de 1973, tras ser arrestada en Panguipulli durante la dictadura cívico-militar. Sin embargo, informes periodísticos sugieren que logró escapar a Argentina y luego vivir temporalmente en Suecia antes de regresar a Argentina. El pasado viernes 29 de agosto, el Gobierno reveló los avances del Plan Nacional de Búsqueda de Verdad y Justicia. Esta política estatal tiene como objetivo esclarecer las circunstancias de desaparición y/o muerte y el destino de las víctimas durante la dictadura de Agusto Pinochet. Según lo informado por el Ejecutivo, “dentro de los avances del plan, se encuentra la publicación de la primera nómina oficial de 1469 víctimas de desaparición forzada, la creación de un mapa georreferenciado con sus últimas trayectorias conocidas y más de 100 diligencias en terreno. Estas incluyen excavaciones, entrevistas, apoyo psicosocial a familiares y revisión forense tanto judicial como extrajudicial”. También se mencionó que “se entregaron Carpetas de Calificación a cerca de 150 familiares. Estas contienen documentación recopilada por la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación y la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación. Incluyen antecedentes personales, testimonios e informes administrativos”. Fuente: Publimetro
En medio del trabajo que lleva adelante el Gobierno para contener el gasto público en la próxima Ley de Presupuestos, han surgido algunas versiones de prensa que dan cuenta de supuestos recortes en seguridad, los cuales afectarían al Plan Nacional contra el Crimen Organizado. Fue el propio ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero , quien desmintió esta información. “No sé quién hizo ese anuncio. Eso es lo primero, porque aquí se habla de un anuncio y de lo que yo sé, hasta ahora, ninguna autoridad se ha referido, entre otras razones, porque el presupuesto público se avisa y se comunica al país el 30 de septiembre”, señaló en radio Pauta. El ministro Cordero argumentó que “el Gobierno ha sido muy consistente, esta administración ha aumentado en un 15% el presupuesto en materia de seguridad, a diferencia de lo que venía sucediendo en años anteriores. En años anteriores el presupuesto estaba en torno a un crecimiento muy bajo, incluso decrecimiento, con una agenda en años anteriores donde se hablaba de seguridad, pero no se disponían de los fondos”, sostuvo. Según el ministro de Seguridad Pública, durante esta administración “se han fortalecido las instituciones, se han ampliado las capacidades y se ha aumentado la eficacia de la persecución penal. Entonces, lo que hay es que -y esto lo ha dicho el ministro de Hacienda, lo ha dicho la directora de Presupuesto- en el contexto de la estrechez fiscal, el país va a seguir haciendo esfuerzos en materia de seguridad, no cabe ninguna duda”. El ministro de Hacienda, Nicolás Grau, por su parte, informó que el recorte transversal del 2% en el gasto operativo de cada cartera y región, “no compromete programas sociales ni políticas prioritarias, sino que se focaliza en gastos administrativos”. En la entrevista, el ministro Luis Cordero también reflexionó sobre los riesgos que tiene polarizar la discusión sobre seguridad en plena campaña electoral, en alusión a las críticas destempladas que habitualmente realiza el candidato republicano, José Antonio Kast. El secretario de Estado sostuvo que “no podemos polarizar la discusión en seguridad y dividir al país, porque solo ganan los delincuentes, solo ganan las organizaciones criminales”, argumentando que todas las propuestas de los candidatos “salvo las declaraciones altisonantes, que yo las entiendo en contexto de período electoral, todas descansan sobre la agenda que ha estado trabajando el gobierno”. Luis Cordero recordó que en la actual administración se han aprobado más de 70 leyes relacionadas con el narcotráfico, delitos terroristas y que han implicado un aumento del presupuesto de un 15% en seguridad. Además, ha fortalecido las instituciones y ampliado las capacidades para aumentar la eficacia de la persecución penal. Fuente: Publimetro
El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, se pronunció sobre las acciones judiciales presentadas por representantes de la derecha en su contra en relación al caso de Bernarda Vera, exmilitante del MIR que fue reportada como detenida desaparecida y que supuestamente residía en Argentina. PUBLICIDAD El diputado de la UDI, Jorge Alessandri, presentó una denuncia contra el ministro, mientras que el Partido Nacional Libertario se querelló por una presunta omisión de Cordero. El ministro expresó su esperanza de que “estas acciones no sean concertadas con el propósito de afectar a la hija, que es una víctima, y poner en entredicho el contenido del Informe Rettig y el trabajo del Plan Nacional de Búsqueda. Si son concertadas, me parece un negacionismo vergonzoso”. Cordero agregó que la hija de Bernarda Vera “es una víctima que ha desconocido el paradero de su madre históricamente”. Además, advirtió que “cuando se denuncia un hecho que no es constitutivo de delito, o en otros términos, si se utiliza el sistema penal con un propósito distinto, eso a su vez constituye un delito, que se llama denuncia calumniosa“. En relación a la querella del PNL, que acusa obtención fraudulenta de prestaciones estatales en relación a la hija de Vera, señaló “que es conveniente revisar los antecedentes antes de cometer no sólo una acción indebida, sino que un acto que refleja una falta de humanidad pocas veces vista en el último tiempo en nuestro país”. El ministro de Relaciones Exteriores, Alberto van Klaveren, afirmó que las gestiones respecto a Bernarda Vera se realizaron a través de los consulados en Argentina y Suecia desde 2024. Destacó que no existe un registro completo de ciudadanos chilenos en el exterior, por lo que se trabaja principalmente mediante las actuaciones consulares individuales. PUBLICIDAD Bernarda Vera aparece en los registros nacionales como detenida desaparecida desde octubre de 1973, tras ser arrestada en Panguipulli durante la dictadura cívico-militar. Sin embargo, informes periodísticos sugieren que logró escapar a Argentina y luego vivir temporalmente en Suecia antes de regresar a Argentina. El pasado viernes 29 de agosto, el Gobierno reveló los avances del Plan Nacional de Búsqueda de Verdad y Justicia. Esta política estatal tiene como objetivo esclarecer las circunstancias de desaparición y/o muerte y el destino de las víctimas durante la dictadura de Agusto Pinochet. Según lo informado por el Ejecutivo, “dentro de los avances del plan, se encuentra la publicación de la primera nómina oficial de 1469 víctimas de desaparición forzada, la creación de un mapa georreferenciado con sus últimas trayectorias conocidas y más de 100 diligencias en terreno. Estas incluyen excavaciones, entrevistas, apoyo psicosocial a familiares y revisión forense tanto judicial como extrajudicial”. También se mencionó que “se entregaron Carpetas de Calificación a cerca de 150 familiares. Estas contienen documentación recopilada por la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación y la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación. Incluyen antecedentes personales, testimonios e informes administrativos”. Fuente: Publimetro
En medio del trabajo que lleva adelante el Gobierno para contener el gasto público en la próxima Ley de Presupuestos, han surgido algunas versiones de prensa que dan cuenta de supuestos recortes en seguridad, los cuales afectarían al Plan Nacional contra el Crimen Organizado. Fue el propio ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero , quien desmintió esta información. “No sé quién hizo ese anuncio. Eso es lo primero, porque aquí se habla de un anuncio y de lo que yo sé, hasta ahora, ninguna autoridad se ha referido, entre otras razones, porque el presupuesto público se avisa y se comunica al país el 30 de septiembre”, señaló en radio Pauta. El ministro Cordero argumentó que “el Gobierno ha sido muy consistente, esta administración ha aumentado en un 15% el presupuesto en materia de seguridad, a diferencia de lo que venía sucediendo en años anteriores. En años anteriores el presupuesto estaba en torno a un crecimiento muy bajo, incluso decrecimiento, con una agenda en años anteriores donde se hablaba de seguridad, pero no se disponían de los fondos”, sostuvo. Según el ministro de Seguridad Pública, durante esta administración “se han fortalecido las instituciones, se han ampliado las capacidades y se ha aumentado la eficacia de la persecución penal. Entonces, lo que hay es que -y esto lo ha dicho el ministro de Hacienda, lo ha dicho la directora de Presupuesto- en el contexto de la estrechez fiscal, el país va a seguir haciendo esfuerzos en materia de seguridad, no cabe ninguna duda”. El ministro de Hacienda, Nicolás Grau, por su parte, informó que el recorte transversal del 2% en el gasto operativo de cada cartera y región, “no compromete programas sociales ni políticas prioritarias, sino que se focaliza en gastos administrativos”. En la entrevista, el ministro Luis Cordero también reflexionó sobre los riesgos que tiene polarizar la discusión sobre seguridad en plena campaña electoral, en alusión a las críticas destempladas que habitualmente realiza el candidato republicano, José Antonio Kast. El secretario de Estado sostuvo que “no podemos polarizar la discusión en seguridad y dividir al país, porque solo ganan los delincuentes, solo ganan las organizaciones criminales”, argumentando que todas las propuestas de los candidatos “salvo las declaraciones altisonantes, que yo las entiendo en contexto de período electoral, todas descansan sobre la agenda que ha estado trabajando el gobierno”. Luis Cordero recordó que en la actual administración se han aprobado más de 70 leyes relacionadas con el narcotráfico, delitos terroristas y que han implicado un aumento del presupuesto de un 15% en seguridad. Además, ha fortalecido las instituciones y ampliado las capacidades para aumentar la eficacia de la persecución penal. Fuente: Publimetro
