Ley de revisión de mochilas en colegios promulgada por Kast

En una ceremonia oficial, el Ejecutivo dio luz verde a la nueva legislación que entrega mayores herramientas a colegios y profesores para actuar ante amenazas o el ingreso de armamento.

Según antecedentes de la Superintendencia de Educación, los casos de maltrato contra adultos pasaron de 441 en 2023 a 695 en 2025.

La urgencia de la medida se respalda en cifras de Carabineros, que reportaron un promedio de 893 delitos por porte de armas al interior de las escuelas durante el año pasado. Ante este escenario, el mandatario destacó la importancia de la ley señalando que: “Más que una ley, es una herramienta. Porque uno en la ley puede decir lo que uno quiere, pero eso te lo tiene que llevar a la práctica”.

La normativa también obliga a los reglamentos escolares a prohibir elementos que impidan la identificación facial y considera como falta grave las amenazas que interrumpan las actividades académicas.

Uno de los puntos más debatidos es la facultad de los establecimientos para incorporar en sus reglamentos la inspección de pertenencias. El presidente defendió esta medida utilizando una analogía con los controles aéreos: “Cuando ustedes se suben a un avión (…) le dicen: ‘Mire, pase su mochila por aquí’. Porque todos los otros que vamos en el avión tenemos que estar seguros de que no va nada raro dentro de la mochila”. Bajo esta lógica, Kast sentenció: “El que nada hace, nada teme”.

El procedimiento deberá ser ejecutado por personal capacitado, resguardando la privacidad y el debido proceso. La ley es enfática en señalar que no se permiten revisiones corporales ni de vestimenta.

Aunque el Congreso despachó la iniciativa en junio, el Tribunal Constitucional (TC) eliminó disposiciones controvertidas tras requerimientos de la oposición. Entre los puntos suprimidos destaca la intervención de Carabineros o la PDI en las revisiones ante la negativa de un estudiante y la norma que prohibía el acceso a la gratuidad universitaria por cinco años a quienes fueran condenados por delitos de violencia escolar.

Con estos ajustes, la ley Escuelas Protegidas otorga a los docentes el poder de aplicar medidas pedagógicas y disciplinarias inmediatas, siempre bajo criterios de proporcionalidad para mantener el orden en el aula.