Contraloría detecta 485 funcionarios suspendidos con sueldo

Una revisión de la Contraloría General de la República (CGR) ha revelado que 485 funcionarios públicos de la Administración Central se encuentran suspendidos preventivamente mientras enfrentan sumarios administrativos y continúan recibiendo sus remuneraciones.

Estos hallazgos provienen del Consolidado de Información Circularizada (CIC) N°25, que abarca procedimientos registrados entre 2020 y marzo de 2026, excluyendo a funcionarios municipales.

Más allá del número total, la principal preocupación de la Contraloría radica en la prolongación de algunas suspensiones sin resolución definitiva.

Entre los casos identificados, 13 funcionarios llevan más de cuatro años suspendidos, mientras que otros 17 han estado entre tres y cuatro años bajo esta medida. En total, son 30 trabajadores que han permanecido más de tres años apartados preventivamente de sus labores mientras siguen recibiendo su salario.

El caso más extenso corresponde a un empleado del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia (Mejor Niñez), cuya suspensión se ha extendido por aproximadamente cuatro años y siete meses.

Le siguen un empleado del Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Santiago Centro, con cuatro años y seis meses, y otro del SLEP Atacama, con cuatro años y dos meses.

La Contraloría también ha destacado el impacto económico de estas prolongadas suspensiones. Los diez casos con suspensiones más largas representaron un gasto aproximado de $671 millones en remuneraciones.

Además, durante la revisión se descubrió que 22 funcionarios suspendidos tenían otras fuentes de ingresos durante ese período, según datos del Servicio de Impuestos Internos (SII).

Ante esta situación, la CGR ha decidido asumir directamente la tramitación de los 30 sumarios correspondientes a los funcionarios con más de tres años suspendidos, además de investigar posibles responsabilidades por las demoras.

Asimismo, se ha puesto atención en otros 392 funcionarios que llevan más de un año suspendidos. Los servicios involucrados deberán informar en un plazo de 15 días hábiles sobre el estado de estos sumarios, justificar la continuidad de las medidas preventivas o tomar acciones para acelerar su conclusión.

La Contraloría recuerda que cuando un sumario se prolonga, la autoridad responsable debe revisar su avance, implementar medidas para agilizarlo y evaluar posibles responsabilidades administrativas por retrasos.