SERVEL alista denuncias masivas por abstencionismo en elecciones 2025

El restablecimiento del voto obligatorio en las elecciones presidenciales de 2025 dejó a más de tres millones de ciudadanos expuestos a acciones judiciales por abstención. Para iniciar las causas por no haber sufragado en primera o segunda vuelta, el Servicio Electoral (SERVEL) dispone de un plazo legal de un año antes de que los hechos prescriban.

En entrevista con el programa Expreso Bío Bío, el presidente del Instituto Nacional de Jueces y Secretarios Abogados de los Juzgados de Policía Local, Francisco Ríos, advirtió sobre la sobrecarga que enfrentan los tribunales locales ante la llegada masiva de expedientes depurados.

Sobre el envío de nóminas por parte del organismo electoral, la autoridad judicial aseguró que está esperando que “lleguen las denuncias del SERVEL”, anticipando además que el organismo remitirá la documentación “casi al ras del plazo”. Debido a que la primera vuelta tuvo lugar en octubre del año pasado, el margen temporal para tramitar las causas es de solo un par de meses.

Respecto a las sanciones financieras fijadas por la normativa electoral, el magistrado Francisco Ríos detalló que los montos a pagar varían según el criterio de cada tribunal. De acuerdo con lo explicado por la autoridad, las multas por no votar se ubican en un rango que va desde los $36.000 hasta los $108.000.

El procedimiento establece que las personas que no presenten una justificación válida serán citadas y notificadas de la sanción pecuniaria dictaminada. En caso de persistir el incumplimiento en el pago, el magistrado precisó que los jueces se encuentran facultados para extender una orden de reclusión a Carabineros por sustitución de la multa no cancelada.

A pesar de que el SERVEL filtra previamente las nóminas excluyendo a electores que se encontraban en el extranjero o que presentaron excusas justificadas, el volumen final de denunciados sigue siendo abrumador para el sistema judicial.

Frente a la pronta prescripción de las causas, los juzgados de policía local de todo el país deberán procesar de manera expedita los miles de expedientes entrantes para evitar que las infracciones queden sin sanción.