SLEP Atacama figura entre los servicios públicos con suspensiones preventivas más prolongadas del país

El Servicio Local de Educación Pública (SLEP) de Atacama aparece entre las instituciones del Estado con los períodos más extensos de suspensión preventiva de funcionarios sometidos a sumarios administrativos, según antecedentes dados a conocer este 21 de septiembre por la Contraloría General de la República.

El reporte, denominado Consolidado de Información Circularizada (CIC) N°25, recopiló información sobre servidores públicos suspendidos preventivamente en sumarios administrativos entre 2020 y marzo de 2026. 

De acuerdo con el organismo contralor, 662 entidades entregaron antecedentes, identificándose 485 funcionarios suspendidos preventivamente en el período analizado.En el caso de Atacama, el dato que más destaca corresponde al SLEP Atacama, que se ubica en el tercer lugar entre los servicios públicos con los mayores tiempos de suspensión preventiva, registrando un período que alcanza aproximadamente 4 años y 2 meses en su caso más prolongado.

Además, el organismo regional aparece entre las entidades que concentran funcionarios con suspensiones preventivas superiores a un año. Según el informe, seis funcionarios vinculados al SLEP Atacama se encuentran en esta situación.La Contraloría precisó que, en el caso del SLEP Atacama, se trata de un servicio que se encuentra en funcionamiento desde 2021 y que los funcionarios considerados corresponden a personal traspasado desde las municipalidades.

A nivel nacional, el informe determinó que 13 funcionarios registraban suspensiones de cuatro años o más, 17 acumulaban entre tres y cuatro años, 44 entre dos y tres años y 147 entre uno y dos años. Otros 171 permanecían suspendidos entre siete meses y un año, mientras 93 registraban períodos de entre cuatro y seis meses.

El organismo fiscalizador también anunció medidas frente a la extensión de estos procedimientos. Entre ellas, estableció que 30 sumarios con funcionarios suspendidos por más de tres y cuatro años deberán ser remitidos a la Contraloría dentro de cinco días hábiles, con el objetivo de continuar su tramitación y determinar eventuales responsabilidades por las demoras.

Asimismo, las instituciones que mantengan funcionarios suspendidos por más de un año deberán informar dentro de 15 días hábiles la resolución que ponga término al sumario, mantenga fundadamente la suspensión o establezca otras medidas destinadas a agilizar el procedimiento.

Los antecedentes ponen especial atención sobre el SLEP Atacama, tanto por la duración de uno de sus procedimientos como por la cantidad de funcionarios que acumulan más de un año bajo suspensión preventiva, situación que ahora queda comprendida dentro de las acciones de fiscalización anunciadas por la Contraloría.