DGA ha cursado más de 133 millones de pesos en multas por mal uso del recurso hídrico durante 2025

La Dirección General de Aguas del MOP Atacama con motivo de sus fiscalizaciones rutinarias y las denuncias recibidas por la ciudadanía ha cursado multas por 133.329.204 pesos, sólo hasta agosto de 2025. La última sanción determinada fue en la parte baja del Río Copiapó, donde se constató que al interior del Complejo Turístico Parque Alliyay existía un pozo no autorizado, cuyo caudal de extracción al momento de la inspección era de 9,11 litros por segundo, siendo el agua explotada utilizada para surtir a las instalaciones del parque privado. Al titular a cargo de esa empresa se le cursó una multa por casi 20 millones de pesos (295 UTM). Además, se le ordenó el cese de la extracción por no contar con derechos de agua y la instalación de sellos por parte de la DGA que impidan el uso del pozo.

Dentro de las sanciones cursadas en lo que va del 2025, también está el Proyecto Pascua Lama, por un monto de 768 UTM; la Junta de Vigilancia del río Copiapó, por un monto de 90,2 UTM; Minera Punta del Cobre por un monto de 37 UTM; Agrícola Manflas, Agrícola Dos Valles, Agrícola Valle Dorado y Agrícola Santa Mónica, todos entre las 20 y 100 UTM; Comunidades de Aguas La Capilla, Huerto y Molina, Hijuela Abello Norte y Chamonate y Toledo, todas con sanciones entre las 70 y 90 UTM.

El Director Regional de Aguas Atacama, Rodrigo Sáez Gutiérrez indicó “lamentamos que un parque cuyo objetivo es el uso recreativo del agua, no cuente con un orden en sus autorizaciones en materia del uso de derechos de aprovechamiento de agua. De todas formas, seguiremos en la búsqueda de este tipo de casos, con el único fin de resguardar el buen uso de los recursos hídricos que le pertenece en la fuente a los Atacameños y Atacameñas.”

Asimismo, Sáez indicó que “hemos insistido permanentemente por la prensa y los medios que las aguas deben utilizarse en regla, sino tendremos que sancionar. La región de Atacama vive en un permanente desafío de gestión hídrica. En este caso, el desafío de las empresas es a ajustarse estrictamente al cumplimiento de las normas y leyes vigentes. Por nuestra parte, tenemos la tranquilidad de hacer nuestro trabajo con mucho despliegue territorial, fortaleciendo el rol fiscalizador de la DGA.”