Brandon Judd rectifica: no hay documentos ni investigadores en Chile

La controversia internacional se desató después de que el embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, afirmara públicamente en CNN que su país contaba con análisis de inteligencia que vinculaban las protestas de octubre de 2019 con sectores políticos específicos.

Al ser cuestionado sobre los antecedentes, el diplomático declaró textualmente que "en 2019, lo que nuestra inteligencia nos dice es categóricamente que provino de organizaciones de izquierda o de ideología de izquierda".

Judd explicó que la información provenía de un trabajo analítico realizado por agencias estadounidenses desde el exterior y no de investigaciones realizadas en suelo chileno. Además, aclaró que los datos no se habían enviado formalmente a los tribunales locales debido a la falta de una solicitud previa por parte del gobierno chileno.

Ante la repercusión de estas declaraciones, el ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, convocó al embajador estadounidense a una reunión para abordar sus afirmaciones. Tras el encuentro en el edificio de Cancillería, Judd matizó sus palabras y aseguró que no se habían desplegado agentes ni elaborado expedientes en Chile.

De manera explícita, el embajador afirmó: "La Embajada de Estados Unidos no tiene ninguna investigación; no tenemos ningún documento en la Embajada que hable sobre el estallido en 2019". Asimismo, descartó cualquier tipo de intromisión no autorizada en territorio nacional al enfatizar que "Durante mi gestión nunca enviaremos ningún investigador a Chile a realizar una investigación sin ser invitados por el gobierno chileno a hacerlo. No hemos hecho eso antes en Chile; no lo haremos en Chile".

Por su parte, el canciller Francisco Pérez confirmó que el embajador se comprometió a proporcionar la información disponible. Pérez indicó que cualquier dato entregado por la delegación estadounidense será remitido a las autoridades judiciales correspondientes.

En relación con este proceso, el secretario de Estado afirmó: "Una vez que la Cancillería reciba la información, esta será derivada a la Fiscalía y a los organismos competentes para su evaluación". Este episodio diplomático se produce simultáneamente con las deliberaciones en el Congreso Nacional, donde la Cámara de Diputados aprobó una interpelación parlamentaria contra el propio canciller.