Copiapó: Fiscalía logra condena contra exfuncionaria pública por fraude en compra de medicamentos psicotrópicos.

La Fiscalía de Atacama acreditó la responsabilidad penal de una exfuncionaria pública en un grave caso de fraude vinculado a la adquisición irregular de medicamentos sujetos a control psicotrópico, investigación que culminó con una condena obtenida este martes ante el Tribunal Oral en lo Penal de Copiapó. La indagatoria fue desarrollada por la Unidad de Causas Complejas de la Fiscalía Regional, con el apoyo especializado de las Brigadas de Delitos Económicos (Bridec) y Antinarcóticos (Briant) de la PDI, permitiendo reunir contundente evidencia que dio cuenta del actuar ilícito de la acusada. De acuerdo con los antecedentes expuestos por el fiscal Luis Miranda Flores, la exfuncionaria del Servicio de Salud de Atacama, identificada como Carla Acuña Ruiz, se desempeñaba en el área de adquisiciones y emisión de órdenes de compra. Durante el año 2023, generó un total de once órdenes de compra falsas, las que fueron presentadas en una farmacia de Copiapó para adquirir medicamentos que contenían codeína, sustancia sujeta a control psicotrópico conforme a la Ley de Drogas. "Una vez que recibía los medicamentos, dichas órdenes eran posteriormente anuladas, sin que el sistema exigiera justificación alguna para ese trámite”, explicó el fiscal Miranda, agregando que esta maniobra permitió concretar el fraude sin levantar alertas inmediatas. Como consecuencia de esta conducta, la acusada provocó un perjuicio patrimonial a la farmacia afectada por un monto de $6 millones 855 mil pesos, además de ocasionar un grave daño a la gestión y credibilidad del Servicio de Salud de Atacama. Juicio Oral Durante el juicio oral, la Fiscalía presentó diversos medios de prueba incorporados en la carpeta investigativa, los que permitieron acreditar el delito consumado y reiterado de uso y falsificación de instrumento público, logrando así la condena de la exfuncionaria. Respecto de la sanción, el Ministerio Público solicitó al Tribunal la imposición de una pena de 10 años de presidio, atendida la gravedad de los hechos y el abuso de la función pública involucrado en el ilícito. La audiencia de lectura de sentencia quedó fijada para el próximo viernes 9 de enero, instancia en la que el Tribunal Oral de Copiapó dará a conocer la pena definitiva que deberá cumplir la condenada.