Centro médico defraudó a Fonasa por más de $260 millones con bonos de atención falsos
Fiscalía de Atacama y PDI indagan la afectación a cerca de 400 víctimas, entre ellas menores de edad, de quienes utilizaron su huella digital para tramitar atenciones dentales que nunca se realizaron, pero que sí fueron cobradas al Fondo Nacional de Salud. Cuatro detenidos de nacionalidad venezolana fueron formalizados, dos de ellos quedaron en prisión preventiva. Uno cuenta con antecedentes penales en su país.
La Unidad Anticorrupción e Investigación Especializada de la Fiscalía de Atacama y la PDI, a través de las Brigadas de Delitos Económicos (Bridec) e Investigadora de Lavado de Activos (Brilac), llevaron a cabo una detallada investigación que derivó en la detención de cuatro personas que se desempeñaban en el centro de salud VenNorte en Copiapó, recinto en el que, de acuerdo a los antecedentes recabados, se cometieron defraudaciones por más de 260 millones de pesos mediante la tramitación de bonos de atención dental falsos a través de la huella digital de pacientes que concurrieron a dicho establecimiento.
Los antecedentes de esta causa los argumentó en la audiencia de formalización de la investigación el fiscal de la mencionada unidad especializada, Luis Miranda Flores, quien indicó que los imputados, tres hombres y una mujer de nacionalidad venezolana, se concertaron para cometer los ilícitos, cabiéndoles a cada uno de ellos acciones específicas en el desarrollo de la defraudación, la que además incluyó la creación de otras sociedad y empresas con las que luego triangulaban el dinero de las ganancias y así intentar “blanquear” las utilidades recibidas de manera irregular por parte del Estado a partir de la información falsa que el centro de Salud hacía llegar a Fonasa.
“En forma breve, estamos en condiciones de informar que los imputados idearon la acción delictual a partir de pacientes reales, alrededor de 400 contabilizados a la fecha y de ellos algunos menores de edad, quienes concurrían al VenNorte para realizarse exámenes de imagenología, procedimientos que se realizaban de manera normal y no levantaban sospechas. Sin embargo, la huella digital de los usuarios, utilizada en el sistema I-MED, era ocupada de manera ilegal y sin conocimientos de los pacientes, para tramitar bonos PAD de atención dental que luego eran cobrados a Fonasa, a pesar de que dichos procedimientos nunca se realizaron. Generando con ello un perjuicio al Estado de más de 260 millones de pesos”, dijo Miranda.
En la audiencia ante el Juzgado de Garantía la Fiscalía comunicó los cargos a quien aparece como líder e ideólogo de las acciones antes descritas y quien reclutó a los otros imputados, un auxiliar paramédico de odontología, quien además se hacía pasar por “doctor” configurando con ello el delito de ejercicio ilegal de la profesional. Junto a él, fue detenido el imputado que estaba a cargo de recibir, estratificar y redistribuir los fondos defraudados; un médico radiólogo que dotaba de cobertura clínica real y verificable a la actividad del centro, firmando los informes ecográficos de los pacientes cuyas sesiones biométricas eran simultáneamente utilizadas en recepción para la emisión de bonos falsos y que, además, prestaba funciones al Servicio de Salud de Atacama.
Finalmente, respecto de la cuarta imputada se trata de la recepcionista del centro médico quien era la operadora material del terminal I-Med y la ejecutora directa del protocolo de doble huella, encargada de capturar las sesiones biométricas de los pacientes y con ello emitir los bonos PAD falsos. Relatando en esta instancia judicial los antecedentes de una muestra de 31 pacientes de quienes se utilizó su huella.
Frente a estos antecedentes, en la audiencia la Fiscalía indicó que los delitos indagados dicen relación con los de asociación ilícita, obtención fraudulenta de prestaciones estatales y lavado de activos. Mientras que, en relación a las empresas creadas de manera paralela, esto es, una farmacia, una perfumería y la Comercializadora Venfarma, el Ministerio Público imputó la responsabilidad penal de las Personas Jurídicas de cada una de ellas.
“Se trata de delitos graves que generaron una afectación evidente al Estado y los especialmente a los, ya que al tramitarse los mencionados bonos por procedimientos dentales falsos. Todos los afectados quedaron imposibilitados de poder realizarse un tratamiento de ese tipo, puesto que, en el sistema, ya estaban ejecutados y pagados por Fonasa”, dijo Miranda.PDIRespecto al proceso investigativo, la Jefa de la Brigada Investigadora de Delitos Económicos (Bridec) de la PDI Copiapó, subprefecta Cecilia Diez Carrasco, comentó que “se realizaron una serie de diligencias en el marco de un proceso investigativo llevado a cabo en coordinación con la Fiscalía Local de Copiapó, logrando la detención de cuatro personas de nacionalidad venezolana, parte de una estructura criminal dedicada a defraudar sistemáticamente a Fonasa mediante la emisión de prestaciones inexistentes.
El proceso investigativo permitió acreditar los delitos de fraude al Fisco, lavado de activos, asociación ilícita y ejercicio ilegal de la profesión, logrando establecer que los imputados utilizaron un centro médico de Copiapó como plataforma para llevar a cabo los ilícitos, utilizando la modalidad PAD dental, para emitir las prestaciones odontológicas inexistentes, aprovechando la huella biométrica de los pacientes que acudían al centro médico por otros servicios”.
La oficial policial agregó que “el trabajo policial logró establecer que este modus operandi llevaba casi tres años funcionando en este centro médico, por lo que tras una investigación de largo aliento se pudo concretar la desarticulación de esta estructura tras la detención de sus cuatro integrantes, destacando las diligencias llevadas a cabo mancomunadamente entre la Bridec Copiapó y la Fiscalía”.
CAUTELARES
En la audiencia, frente al peso de la evidencia reunida en la etapa investigativa, la Fiscalía solicitó y obtuvo la medida cautelar de prisión preventiva para dos de los imputados que tuvieron una participación más directa en los delitos, el líder de la agrupación delictual y quien se encargaba de los movimientos financieros, mientras que los otros cumplirán la cautelar de arresto domiciliario nocturno.
“El Tribunal fijó tres meses de plazo para el desarrollo de las diligencias pendientes en este caso, periodo en que la Fiscalía y la PDI continuarán desarrollando tareas indagatorias que lleven a reunir la totalidad de los medios de prueba. No descartando, identificar a más pacientes afectados”, finalizó el fiscal Luis Miranda.
Fiscalía de Atacama y PDI indagan la afectación a cerca de 400 víctimas, entre ellas menores de edad, de quienes utilizaron su huella digital para tramitar atenciones dentales que nunca se realizaron, pero que sí fueron cobradas al Fondo Nacional de Salud. Cuatro detenidos de nacionalidad venezolana fueron formalizados, dos de ellos quedaron en prisión preventiva. Uno cuenta con antecedentes penales en su país.
