Antonia Orellana y Miles Chile critican proyecto de ley sobre latido fetal en aborto

Un intenso debate político y jurídico ha surgido en el Congreso luego de la presentación formal, el 7 de julio de 2026, de un proyecto de ley que busca imponer nuevas barreras al acceso al aborto legal en Chile. La propuesta, conocida como “Escucha su corazón”, busca modificar el Código Sanitario para obligar a los médicos a ofrecer la escucha del latido fetal a mujeres y niñas antes de proceder con una interrupción voluntaria del embarazo, estableciendo que si la paciente rechaza este procedimiento, el profesional de la salud estará legalmente obligado a negar la prestación médica.

Esta iniciativa ha generado preocupación en organizaciones de la sociedad civil y ha provocado una fuerte reacción por parte de la exministra de la Mujer y la Equidad de Género, Antonia Orellana. En una carta pública, Orellana acusó que esta propuesta responde a agendas internacionales ajenas a la tradición jurídica local.

“Siguiendo el guion de la ultraderecha colombiana y estadounidense, el diputado Urruticoechea ha presentado un proyecto que pretende obligar a quienes atienden a mujeres y niñas, en las causales de interrupción del embarazo por violación, inviabilidad fetal o riesgo vital, a escuchar el pulso del embrión“, expresó Orellana.

La exministra recordó con dureza intervenciones anteriores del principal patrocinante del proyecto: “No insistiré con el caso de la violación, pues el propio diputado Urruticoechea ya dijo que a ellas el aborto no las ‘desviola’, con una falta de empatía brutal. ¿Realmente es necesario hacer eso a quien sabe que el fruto de su embarazo no sobrevivirá a escuchar? (...) Sorprende que mujeres concurran con su firma a ese acto que más que estar contra el aborto, está contra la más mínima humanidad“, enfatizó.

El texto legislativo consta de seis páginas y cuenta con apoyo transversal de sectores conservadores. Los defensores argumentan que busca fortalecer los estándares del consentimiento informado basándose en leyes estatales de EE.UU., como las de Texas, Kentucky, Georgia, Misisipi y Arizona. Sin embargo, desde la Corporación Miles Chile, su directora ejecutiva Javiera Canales denunció que la estructura del proyecto desvirtúa completamente el principio de autonomía de las pacientes.

“Si la mujer se niega a escuchar la actividad cardíaca embrionaria o fetal se ordena al médico rechazar la prestación. Esto no es consentimiento informado, es presión disfrazada de información (...) Esto es cruel, es revictimizante y es contrario a toda lógica de autonomía y dignidad. La Ley de 3 causales lleva nueve años vigente, si te preguntan ”¿Quieres escuchar su corazón?’ y la respuesta correcta es una sola, entonces no es una pregunta, es chantaje“, afirmó Canales.

El debate también ha alcanzado el ámbito del derecho internacional. Análisis proporcionados por el Círculo de Estudios de Derecho Internacional de los Derechos Humanos (CEDIDH) advierten que si se aprueba esta norma, Chile podría incurrir en responsabilidad internacional por violar tratados vigentes y transgredir el mandato del Artículo 5, inciso segundo de la Constitución.

De acuerdo con los marcos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, esta iniciativa choca directamente con jurisprudencia establecida por la Corte IDH en casos como I.V. Vs. Bolivia (2016), donde se exige ausencia total de coacción para validar un acto médico; y Artavia Murillo Vs. Costa Rica (2012), que reconoce la autonomía reproductiva como parte integral de la vida privada. Además, las agresiones emocionales impuestas a víctimas de agresiones sexuales contradicen los principios establecidos en la Convención de Belém do Pará para erradicar violencia institucional contra las mujeres.

Especialistas en organizaciones como Miles resaltan que esta medida resulta “profundamente revictimizante” e ignora las prácticas clínicas diarias establecidas por la Ley 20.030.

En casos donde existe riesgo para la vida materna o malformaciones congénitas letales, las pacientes suelen recibir diagnósticos en etapas avanzadas del embarazo, habiendo pasado por múltiples ecografías previas. Obligarlas a repetir esta experiencia emocional como requisito administrativo es considerado por defensores de derechos humanos como un mecanismo institucionalizado para hostigar y ralentizar un derecho otorgado por el Congreso Nacional hace casi una década.