Un intenso debate político y jurídico ha surgido en el Congreso luego de la presentación formal, el 7 de julio de 2026, de un proyecto de ley que busca imponer nuevas barreras al acceso al aborto legal en Chile. La propuesta, conocida como “Escucha su corazón”, busca modificar el Código Sanitario para obligar a los médicos a ofrecer la escucha del latido fetal a mujeres y niñas antes de proceder con una interrupción voluntaria del embarazo, estableciendo que si la paciente rechaza este procedimiento, el profesional de la salud estará legalmente obligado a negar la prestación médica. Esta iniciativa ha generado preocupación en organizaciones de la sociedad civil y ha provocado una fuerte reacción por parte de la exministra de la Mujer y la Equidad de Género, Antonia Orellana. En una carta pública, Orellana acusó que esta propuesta responde a agendas internacionales ajenas a la tradición jurídica local. “Siguiendo el guion de la ultraderecha colombiana y estadounidense, el diputado Urruticoechea ha presentado un proyecto que pretende obligar a quienes atienden a mujeres y niñas, en las causales de interrupción del embarazo por violación, inviabilidad fetal o riesgo vital, a escuchar el pulso del embrión“, expresó Orellana. La exministra recordó con dureza intervenciones anteriores del principal patrocinante del proyecto: “No insistiré con el caso de la violación, pues el propio diputado Urruticoechea ya dijo que a ellas el aborto no las ‘desviola’, con una falta de empatía brutal. ¿Realmente es necesario hacer eso a quien sabe que el fruto de su embarazo no sobrevivirá a escuchar? (...) Sorprende que mujeres concurran con su firma a ese acto que más que estar contra el aborto, está contra la más mínima humanidad“, enfatizó. El texto legislativo consta de seis páginas y cuenta con apoyo transversal de sectores conservadores. Los defensores argumentan que busca fortalecer los estándares del consentimiento informado basándose en leyes estatales de EE.UU., como las de Texas, Kentucky, Georgia, Misisipi y Arizona. Sin embargo, desde la Corporación Miles Chile, su directora ejecutiva Javiera Canales denunció que la estructura del proyecto desvirtúa completamente el principio de autonomía de las pacientes. “Si la mujer se niega a escuchar la actividad cardíaca embrionaria o fetal se ordena al médico rechazar la prestación. Esto no es consentimiento informado, es presión disfrazada de información (...) Esto es cruel, es revictimizante y es contrario a toda lógica de autonomía y dignidad. La Ley de 3 causales lleva nueve años vigente, si te preguntan ”¿Quieres escuchar su corazón?’ y la respuesta correcta es una sola, entonces no es una pregunta, es chantaje“, afirmó Canales. El debate también ha alcanzado el ámbito del derecho internacional. Análisis proporcionados por el Círculo de Estudios de Derecho Internacional de los Derechos Humanos (CEDIDH) advierten que si se aprueba esta norma, Chile podría incurrir en responsabilidad internacional por violar tratados vigentes y transgredir el mandato del Artículo 5, inciso segundo de la Constitución. De acuerdo con los marcos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, esta iniciativa choca directamente con jurisprudencia establecida por la Corte IDH en casos como I.V. Vs. Bolivia (2016), donde se exige ausencia total de coacción para validar un acto médico; y Artavia Murillo Vs. Costa Rica (2012), que reconoce la autonomía reproductiva como parte integral de la vida privada. Además, las agresiones emocionales impuestas a víctimas de agresiones sexuales contradicen los principios establecidos en la Convención de Belém do Pará para erradicar violencia institucional contra las mujeres. Especialistas en organizaciones como Miles resaltan que esta medida resulta “profundamente revictimizante” e ignora las prácticas clínicas diarias establecidas por la Ley 20.030. En casos donde existe riesgo para la vida materna o malformaciones congénitas letales, las pacientes suelen recibir diagnósticos en etapas avanzadas del embarazo, habiendo pasado por múltiples ecografías previas. Obligarlas a repetir esta experiencia emocional como requisito administrativo es considerado por defensores de derechos humanos como un mecanismo institucionalizado para hostigar y ralentizar un derecho otorgado por el Congreso Nacional hace casi una década. Fuente: Publimetro
El debate político y cultural en los Estados Unidos ha sumado un nuevo e inesperado foco de tensión ideológica que ha encendido los algoritmos de las redes sociales. Durante la reciente Women’s Leadership Summit 2026, un megaevento de corte ultraconservador organizado por la plataforma Turning Point USA (TPUSA) entre el 5 y el 7 de junio en San Antonio, Texas, un grupo de expositoras e influencers locales generó una profunda controversia al defender públicamente la posibilidad de eliminar el derecho al voto individual de las mujeres, proponiendo en su lugar un modelo de sufragio corporativo o familiar. El congreso, que congregó a cerca de 3.000 asistentes de diversas partes del país norteamericano, operó como caja de resonancia para discursos que cuestionan las bases del ordenamiento democrático actual. En diversas entrevistas y paneles registrados durante las jornadas, varias participantes manifestaron estar dispuestas a renunciar formalmente a sus derechos políticos individuales si dicha cesión garantizaba el avance hacia una agenda de Estado marcadamente tradicionalista, fijando como metas prioritarias hitos legislativos como la prohibición absoluta de la interrupción voluntaria del embarazo. Una de las figuras más visibles que articuló esta postura en el ala digital fue Savanna Faith Stone, una creadora de contenido vinculada activamente al movimiento global conocido como tradwife ( traditional wife), una corriente estética e ideológica en internet que promueve el retorno al rol de la mujer exclusivamente abocada al matrimonio, la maternidad y las dinámicas del cuidado doméstico de mediados del siglo XX. Stone declaró explícitamente que el sufragio femenino individual rompe la armonía familiar y que cedería “con gusto” su derecho a voto con tal de asegurar un régimen político alineado con sus valores teológicos, insistiendo en que el cónyuge debe ejercer la autoridad última en la toma de decisiones. La tesis formalizada por este sector plantea la sustitución del voto universal por el denominado “voto por hogar”. Bajo esta arquitectura conceptual: La cumbre estuvo liderada por Erika Kirk, actual directora ejecutiva de Turning Point USA, y estructuró su pauta doctrinaria bajo las premisas de la fe cristiana y los roles biológicos rígidos. A lo largo de las ponencias, se emitieron severas críticas al feminismo de la tercera y cuarta ola, corriente a la que acusaron de debilitar la cohesión del núcleo familiar y de inyectar dinámicas de competencia artificial entre hombres y mujeres. A pesar del impacto mediático que han cobrado estas declaraciones en las plataformas de streaming y discusión pública, las propuestas vertidas en Texas carecen de cualquier tipo de viabilidad o correlato en el circuito institucional de la potencia norteamericana. En Estados Unidos, el sufragio de las mujeres se encuentra blindado a nivel federal por una de las mayores protecciones del derecho constitucional moderno. El ejercicio del voto femenino está explícitamente consagrado y protegido por la Decimonovena Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, ratificada e indexada en el ordenamiento legal desde el año 1920. Dicho texto prohíbe de forma taxativa e irrevocable que tanto el Gobierno federal como cualquiera de los estados que componen la Unión restrinjan, limiten o anulen el derecho ciudadano a sufragar basándose en el sexo de la persona. Por consecuencia directa, los planteamientos formulados en San Antonio se circunscriben estrictamente a discursos retóricos y narrativas de nicho impulsadas por redes de influencers, sin que existan proyectos de ley reales ni bancadas oficiales buscando la derogación de la enmienda. Fuente: Publimetro
El lema del Día Internacional de la Mujer 2026, “Derechos, justicia y acción por y para todas las mujeres y niñas”, hace un llamado a la acción para derribar todas las barreras que obstaculizan la igualdad en la justicia: leyes discriminatorias, protecciones jurídicas débiles y prácticas y normas sociales nocivas que erosionan los derechos de mujeres y niñas. De acuerdo con la Organización de Naciones Unidas para las Mujeres (ONU Mujeres), la participación y el liderazgo de las mujeres en la política y la vida pública en igualdad son fundamentales para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) antes de 2030. Sin embargo, los datos más recientes muestran que la representación de las mujeres es insuficiente en todos los niveles de toma de decisiones del mundo. Por tanto, la paridad de género en la política está aún lejos de ser alcanzada. CARGOS DIRECTIVOS GUBERNAMENTALES • Al cierre de 2025, las mujeres se desempeñan como Jefas de Estado y/o Jefas de Gobierno en 29 de 193 países. Al ritmo actual, la igualdad de género en las más altas esferas de decisión se logrará dentro de 130 años. • Datos de ONU Mujeres muestran que las mujeres representan el 22,9 por ciento de los miembros de un gabinete dirigiendo ministerios o secretarías. Sólo hay nueve países en los que las mujeres ocupan el 50 por ciento o más de dichos cargos. • Los cinco puestos más ocupados por ministras o secretarias son Mujer e Igualdad de Género, Inclusión Social y Desarrollo, Protección Social y Seguridad Social, Familia e Infancia, y Cultura. PARLAMENTOS NACIONALES • Sólo el 27,2 por ciento de los escaños parlamentarios nacionales están ocupados por mujeres, porcentaje que ha aumentado desde el 11 por ciento registrado en 1995. • Seis países, de un total de 193 que son miembros de la ONU, tienen un 50 por ciento o más de mujeres en el parlamento en cámaras bajas o parlamentos de una cámara: Ruanda (64 por ciento), Cuba (56 por ciento), Nicaragua (55 por ciento), Andorra (50 por ciento), México (50 por ciento), y Emiratos Árabes Unidos (50 por ciento). • Otros 21 países han alcanzado o superado el 40 por ciento, entre ellos nueve en Europa, seis en América Latina y el Caribe, cinco en África, y uno en Asia-Pacífico. • En todo el mundo, hay 21 países en los que las mujeres ocupan menos del 10 por ciento de los escaños en cámaras bajas o parlamentos de una cámara, incluidas tres cámaras bajas en las que no hay ninguna mujer. • A este ritmo, la paridad de género en los cuerpos legislativos nacionales no se logrará antes de 2063. • Las mujeres ocupan el 36 por ciento de los escaños parlamentarios en América Latina y el Caribe y constituyen el 33 por ciento de los parlamentos de Europa y América del Norte. En el África Subsahariana hay un 27 por ciento de mujeres legisladoras, seguidas de Asia Oriental y Sudoriental, con un 23,5 por ciento; Oceanía, con un 20 por ciento; África Septentrional y Asia Occidental, con un 19 por ciento; y Asia Central y Meridional, con un 17,5 por ciento de parlamentarias. GOBIERNOS LOCALES • Los datos de 145 países muestran que las mujeres constituyen más del 35.5% (más allá del millón) representantes en gobiernos locales. Solo dos países han alcanzado el umbral del 50%, mientras que otros veintiséis superan el umbral del cuarenta. También se observan variaciones regionales en la representación femenina dentro del ámbito local deliberativo: - Asia Central y Meridional: 41% - Europa y América del Norte: 37% - Oceanía: 31% - Asia Oriental y Sudoriental: 31% - América Latina y el Caribe: 29% - África Subsahariana: 26% - África Septentrional y Asia Occidental: 20% LAS CLAVES - Al comenzar el segundo cuarto del siglo XXI,, - En este año,, - En áreas fundamentales como trabajo, - Desde normativas nocivas hasta leyes discriminatorias, If the progress continues at the current pace, The progress continues at the current pace, If the progress continues at the current pace, The progress continues at the current pace, The progress continues at the current pace, The progress continues at the current pace, The progress continues at the current pace, The progress continues at the current pace, The progress continues at the current pace, The progress continues at the current pace, The progress continues at the current pace, The progress continues at the current pace, The progress continues at the current pace, The progress continues at the current pace, FUENTES: ONU MUJERES Y BBC. Fuente: Publimetro
La Policía de Investigaciones de Chile (PDI) está investigando el secuestro de una mujer de nacionalidad ecuatoriana en pleno centro de Santiago. Los captores están exigiendo $100 millones para liberarla. El incidente tuvo lugar la noche del jueves en el barrio Toesca, en la comuna de Santiago. Según los informes iniciales, la víctima y su pareja fueron interceptados por desconocidos que se desplazaban en un vehículo particular. Dos individuos descendieron del automóvil, intimidaron a la pareja y obligaron a la mujer a subir al vehículo antes de huir rápidamente. La pareja denunció el hecho en la 2ª Comisaría de Santiago, según reportó 24 Horas. Posteriormente, el hombre recibió un mensaje extorsivo a través de WhatsApp en el que los captores solicitaron $100 millones para liberar a la mujer. La investigación está a cargo de la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales (BIPE) Antisecuestros de la PDI. Este caso se suma a otros secuestros recientes en la Región Metropolitana. Uno ocurrió el 17 de febrero en Independencia, donde un ciudadano dominicano fue secuestrado y se pidió un rescate de $30 millones. El hombre fue encontrado ileso tras ser liberado desde un edificio en Estación Central. Además, el jueves 19 se produjo un intento de secuestro en Independencia, donde un ciudadano colombiano resistió a cuatro individuos armados en la calle Picarte con Aníbal Pinto y resultó herido de bala. Fuente: Publimetro
Un intenso debate político y jurídico ha surgido en el Congreso luego de la presentación formal, el 7 de julio de 2026, de un proyecto de ley que busca imponer nuevas barreras al acceso al aborto legal en Chile. La propuesta, conocida como “Escucha su corazón”, busca modificar el Código Sanitario para obligar a los médicos a ofrecer la escucha del latido fetal a mujeres y niñas antes de proceder con una interrupción voluntaria del embarazo, estableciendo que si la paciente rechaza este procedimiento, el profesional de la salud estará legalmente obligado a negar la prestación médica. Esta iniciativa ha generado preocupación en organizaciones de la sociedad civil y ha provocado una fuerte reacción por parte de la exministra de la Mujer y la Equidad de Género, Antonia Orellana. En una carta pública, Orellana acusó que esta propuesta responde a agendas internacionales ajenas a la tradición jurídica local. “Siguiendo el guion de la ultraderecha colombiana y estadounidense, el diputado Urruticoechea ha presentado un proyecto que pretende obligar a quienes atienden a mujeres y niñas, en las causales de interrupción del embarazo por violación, inviabilidad fetal o riesgo vital, a escuchar el pulso del embrión“, expresó Orellana. La exministra recordó con dureza intervenciones anteriores del principal patrocinante del proyecto: “No insistiré con el caso de la violación, pues el propio diputado Urruticoechea ya dijo que a ellas el aborto no las ‘desviola’, con una falta de empatía brutal. ¿Realmente es necesario hacer eso a quien sabe que el fruto de su embarazo no sobrevivirá a escuchar? (...) Sorprende que mujeres concurran con su firma a ese acto que más que estar contra el aborto, está contra la más mínima humanidad“, enfatizó. El texto legislativo consta de seis páginas y cuenta con apoyo transversal de sectores conservadores. Los defensores argumentan que busca fortalecer los estándares del consentimiento informado basándose en leyes estatales de EE.UU., como las de Texas, Kentucky, Georgia, Misisipi y Arizona. Sin embargo, desde la Corporación Miles Chile, su directora ejecutiva Javiera Canales denunció que la estructura del proyecto desvirtúa completamente el principio de autonomía de las pacientes. “Si la mujer se niega a escuchar la actividad cardíaca embrionaria o fetal se ordena al médico rechazar la prestación. Esto no es consentimiento informado, es presión disfrazada de información (...) Esto es cruel, es revictimizante y es contrario a toda lógica de autonomía y dignidad. La Ley de 3 causales lleva nueve años vigente, si te preguntan ”¿Quieres escuchar su corazón?’ y la respuesta correcta es una sola, entonces no es una pregunta, es chantaje“, afirmó Canales. El debate también ha alcanzado el ámbito del derecho internacional. Análisis proporcionados por el Círculo de Estudios de Derecho Internacional de los Derechos Humanos (CEDIDH) advierten que si se aprueba esta norma, Chile podría incurrir en responsabilidad internacional por violar tratados vigentes y transgredir el mandato del Artículo 5, inciso segundo de la Constitución. De acuerdo con los marcos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, esta iniciativa choca directamente con jurisprudencia establecida por la Corte IDH en casos como I.V. Vs. Bolivia (2016), donde se exige ausencia total de coacción para validar un acto médico; y Artavia Murillo Vs. Costa Rica (2012), que reconoce la autonomía reproductiva como parte integral de la vida privada. Además, las agresiones emocionales impuestas a víctimas de agresiones sexuales contradicen los principios establecidos en la Convención de Belém do Pará para erradicar violencia institucional contra las mujeres. Especialistas en organizaciones como Miles resaltan que esta medida resulta “profundamente revictimizante” e ignora las prácticas clínicas diarias establecidas por la Ley 20.030. En casos donde existe riesgo para la vida materna o malformaciones congénitas letales, las pacientes suelen recibir diagnósticos en etapas avanzadas del embarazo, habiendo pasado por múltiples ecografías previas. Obligarlas a repetir esta experiencia emocional como requisito administrativo es considerado por defensores de derechos humanos como un mecanismo institucionalizado para hostigar y ralentizar un derecho otorgado por el Congreso Nacional hace casi una década. Fuente: Publimetro
El debate político y cultural en los Estados Unidos ha sumado un nuevo e inesperado foco de tensión ideológica que ha encendido los algoritmos de las redes sociales. Durante la reciente Women’s Leadership Summit 2026, un megaevento de corte ultraconservador organizado por la plataforma Turning Point USA (TPUSA) entre el 5 y el 7 de junio en San Antonio, Texas, un grupo de expositoras e influencers locales generó una profunda controversia al defender públicamente la posibilidad de eliminar el derecho al voto individual de las mujeres, proponiendo en su lugar un modelo de sufragio corporativo o familiar. El congreso, que congregó a cerca de 3.000 asistentes de diversas partes del país norteamericano, operó como caja de resonancia para discursos que cuestionan las bases del ordenamiento democrático actual. En diversas entrevistas y paneles registrados durante las jornadas, varias participantes manifestaron estar dispuestas a renunciar formalmente a sus derechos políticos individuales si dicha cesión garantizaba el avance hacia una agenda de Estado marcadamente tradicionalista, fijando como metas prioritarias hitos legislativos como la prohibición absoluta de la interrupción voluntaria del embarazo. Una de las figuras más visibles que articuló esta postura en el ala digital fue Savanna Faith Stone, una creadora de contenido vinculada activamente al movimiento global conocido como tradwife ( traditional wife), una corriente estética e ideológica en internet que promueve el retorno al rol de la mujer exclusivamente abocada al matrimonio, la maternidad y las dinámicas del cuidado doméstico de mediados del siglo XX. Stone declaró explícitamente que el sufragio femenino individual rompe la armonía familiar y que cedería “con gusto” su derecho a voto con tal de asegurar un régimen político alineado con sus valores teológicos, insistiendo en que el cónyuge debe ejercer la autoridad última en la toma de decisiones. La tesis formalizada por este sector plantea la sustitución del voto universal por el denominado “voto por hogar”. Bajo esta arquitectura conceptual: La cumbre estuvo liderada por Erika Kirk, actual directora ejecutiva de Turning Point USA, y estructuró su pauta doctrinaria bajo las premisas de la fe cristiana y los roles biológicos rígidos. A lo largo de las ponencias, se emitieron severas críticas al feminismo de la tercera y cuarta ola, corriente a la que acusaron de debilitar la cohesión del núcleo familiar y de inyectar dinámicas de competencia artificial entre hombres y mujeres. A pesar del impacto mediático que han cobrado estas declaraciones en las plataformas de streaming y discusión pública, las propuestas vertidas en Texas carecen de cualquier tipo de viabilidad o correlato en el circuito institucional de la potencia norteamericana. En Estados Unidos, el sufragio de las mujeres se encuentra blindado a nivel federal por una de las mayores protecciones del derecho constitucional moderno. El ejercicio del voto femenino está explícitamente consagrado y protegido por la Decimonovena Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, ratificada e indexada en el ordenamiento legal desde el año 1920. Dicho texto prohíbe de forma taxativa e irrevocable que tanto el Gobierno federal como cualquiera de los estados que componen la Unión restrinjan, limiten o anulen el derecho ciudadano a sufragar basándose en el sexo de la persona. Por consecuencia directa, los planteamientos formulados en San Antonio se circunscriben estrictamente a discursos retóricos y narrativas de nicho impulsadas por redes de influencers, sin que existan proyectos de ley reales ni bancadas oficiales buscando la derogación de la enmienda. Fuente: Publimetro
El lema del Día Internacional de la Mujer 2026, “Derechos, justicia y acción por y para todas las mujeres y niñas”, hace un llamado a la acción para derribar todas las barreras que obstaculizan la igualdad en la justicia: leyes discriminatorias, protecciones jurídicas débiles y prácticas y normas sociales nocivas que erosionan los derechos de mujeres y niñas. De acuerdo con la Organización de Naciones Unidas para las Mujeres (ONU Mujeres), la participación y el liderazgo de las mujeres en la política y la vida pública en igualdad son fundamentales para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) antes de 2030. Sin embargo, los datos más recientes muestran que la representación de las mujeres es insuficiente en todos los niveles de toma de decisiones del mundo. Por tanto, la paridad de género en la política está aún lejos de ser alcanzada. CARGOS DIRECTIVOS GUBERNAMENTALES • Al cierre de 2025, las mujeres se desempeñan como Jefas de Estado y/o Jefas de Gobierno en 29 de 193 países. Al ritmo actual, la igualdad de género en las más altas esferas de decisión se logrará dentro de 130 años. • Datos de ONU Mujeres muestran que las mujeres representan el 22,9 por ciento de los miembros de un gabinete dirigiendo ministerios o secretarías. Sólo hay nueve países en los que las mujeres ocupan el 50 por ciento o más de dichos cargos. • Los cinco puestos más ocupados por ministras o secretarias son Mujer e Igualdad de Género, Inclusión Social y Desarrollo, Protección Social y Seguridad Social, Familia e Infancia, y Cultura. PARLAMENTOS NACIONALES • Sólo el 27,2 por ciento de los escaños parlamentarios nacionales están ocupados por mujeres, porcentaje que ha aumentado desde el 11 por ciento registrado en 1995. • Seis países, de un total de 193 que son miembros de la ONU, tienen un 50 por ciento o más de mujeres en el parlamento en cámaras bajas o parlamentos de una cámara: Ruanda (64 por ciento), Cuba (56 por ciento), Nicaragua (55 por ciento), Andorra (50 por ciento), México (50 por ciento), y Emiratos Árabes Unidos (50 por ciento). • Otros 21 países han alcanzado o superado el 40 por ciento, entre ellos nueve en Europa, seis en América Latina y el Caribe, cinco en África, y uno en Asia-Pacífico. • En todo el mundo, hay 21 países en los que las mujeres ocupan menos del 10 por ciento de los escaños en cámaras bajas o parlamentos de una cámara, incluidas tres cámaras bajas en las que no hay ninguna mujer. • A este ritmo, la paridad de género en los cuerpos legislativos nacionales no se logrará antes de 2063. • Las mujeres ocupan el 36 por ciento de los escaños parlamentarios en América Latina y el Caribe y constituyen el 33 por ciento de los parlamentos de Europa y América del Norte. En el África Subsahariana hay un 27 por ciento de mujeres legisladoras, seguidas de Asia Oriental y Sudoriental, con un 23,5 por ciento; Oceanía, con un 20 por ciento; África Septentrional y Asia Occidental, con un 19 por ciento; y Asia Central y Meridional, con un 17,5 por ciento de parlamentarias. GOBIERNOS LOCALES • Los datos de 145 países muestran que las mujeres constituyen más del 35.5% (más allá del millón) representantes en gobiernos locales. Solo dos países han alcanzado el umbral del 50%, mientras que otros veintiséis superan el umbral del cuarenta. También se observan variaciones regionales en la representación femenina dentro del ámbito local deliberativo: - Asia Central y Meridional: 41% - Europa y América del Norte: 37% - Oceanía: 31% - Asia Oriental y Sudoriental: 31% - América Latina y el Caribe: 29% - África Subsahariana: 26% - África Septentrional y Asia Occidental: 20% LAS CLAVES - Al comenzar el segundo cuarto del siglo XXI,, - En este año,, - En áreas fundamentales como trabajo, - Desde normativas nocivas hasta leyes discriminatorias, If the progress continues at the current pace, The progress continues at the current pace, If the progress continues at the current pace, The progress continues at the current pace, The progress continues at the current pace, The progress continues at the current pace, The progress continues at the current pace, The progress continues at the current pace, The progress continues at the current pace, The progress continues at the current pace, The progress continues at the current pace, The progress continues at the current pace, The progress continues at the current pace, The progress continues at the current pace, FUENTES: ONU MUJERES Y BBC. Fuente: Publimetro
La Policía de Investigaciones de Chile (PDI) está investigando el secuestro de una mujer de nacionalidad ecuatoriana en pleno centro de Santiago. Los captores están exigiendo $100 millones para liberarla. El incidente tuvo lugar la noche del jueves en el barrio Toesca, en la comuna de Santiago. Según los informes iniciales, la víctima y su pareja fueron interceptados por desconocidos que se desplazaban en un vehículo particular. Dos individuos descendieron del automóvil, intimidaron a la pareja y obligaron a la mujer a subir al vehículo antes de huir rápidamente. La pareja denunció el hecho en la 2ª Comisaría de Santiago, según reportó 24 Horas. Posteriormente, el hombre recibió un mensaje extorsivo a través de WhatsApp en el que los captores solicitaron $100 millones para liberar a la mujer. La investigación está a cargo de la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales (BIPE) Antisecuestros de la PDI. Este caso se suma a otros secuestros recientes en la Región Metropolitana. Uno ocurrió el 17 de febrero en Independencia, donde un ciudadano dominicano fue secuestrado y se pidió un rescate de $30 millones. El hombre fue encontrado ileso tras ser liberado desde un edificio en Estación Central. Además, el jueves 19 se produjo un intento de secuestro en Independencia, donde un ciudadano colombiano resistió a cuatro individuos armados en la calle Picarte con Aníbal Pinto y resultó herido de bala. Fuente: Publimetro
