Un intenso debate político y jurídico ha surgido en el Congreso luego de la presentación formal, el 7 de julio de 2026, de un proyecto de ley que busca imponer nuevas barreras al acceso al aborto legal en Chile. La propuesta, conocida como “Escucha su corazón”, busca modificar el Código Sanitario para obligar a los médicos a ofrecer la escucha del latido fetal a mujeres y niñas antes de proceder con una interrupción voluntaria del embarazo, estableciendo que si la paciente rechaza este procedimiento, el profesional de la salud estará legalmente obligado a negar la prestación médica. Esta iniciativa ha generado preocupación en organizaciones de la sociedad civil y ha provocado una fuerte reacción por parte de la exministra de la Mujer y la Equidad de Género, Antonia Orellana. En una carta pública, Orellana acusó que esta propuesta responde a agendas internacionales ajenas a la tradición jurídica local. “Siguiendo el guion de la ultraderecha colombiana y estadounidense, el diputado Urruticoechea ha presentado un proyecto que pretende obligar a quienes atienden a mujeres y niñas, en las causales de interrupción del embarazo por violación, inviabilidad fetal o riesgo vital, a escuchar el pulso del embrión“, expresó Orellana. La exministra recordó con dureza intervenciones anteriores del principal patrocinante del proyecto: “No insistiré con el caso de la violación, pues el propio diputado Urruticoechea ya dijo que a ellas el aborto no las ‘desviola’, con una falta de empatía brutal. ¿Realmente es necesario hacer eso a quien sabe que el fruto de su embarazo no sobrevivirá a escuchar? (...) Sorprende que mujeres concurran con su firma a ese acto que más que estar contra el aborto, está contra la más mínima humanidad“, enfatizó. El texto legislativo consta de seis páginas y cuenta con apoyo transversal de sectores conservadores. Los defensores argumentan que busca fortalecer los estándares del consentimiento informado basándose en leyes estatales de EE.UU., como las de Texas, Kentucky, Georgia, Misisipi y Arizona. Sin embargo, desde la Corporación Miles Chile, su directora ejecutiva Javiera Canales denunció que la estructura del proyecto desvirtúa completamente el principio de autonomía de las pacientes. “Si la mujer se niega a escuchar la actividad cardíaca embrionaria o fetal se ordena al médico rechazar la prestación. Esto no es consentimiento informado, es presión disfrazada de información (...) Esto es cruel, es revictimizante y es contrario a toda lógica de autonomía y dignidad. La Ley de 3 causales lleva nueve años vigente, si te preguntan ”¿Quieres escuchar su corazón?’ y la respuesta correcta es una sola, entonces no es una pregunta, es chantaje“, afirmó Canales. El debate también ha alcanzado el ámbito del derecho internacional. Análisis proporcionados por el Círculo de Estudios de Derecho Internacional de los Derechos Humanos (CEDIDH) advierten que si se aprueba esta norma, Chile podría incurrir en responsabilidad internacional por violar tratados vigentes y transgredir el mandato del Artículo 5, inciso segundo de la Constitución. De acuerdo con los marcos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, esta iniciativa choca directamente con jurisprudencia establecida por la Corte IDH en casos como I.V. Vs. Bolivia (2016), donde se exige ausencia total de coacción para validar un acto médico; y Artavia Murillo Vs. Costa Rica (2012), que reconoce la autonomía reproductiva como parte integral de la vida privada. Además, las agresiones emocionales impuestas a víctimas de agresiones sexuales contradicen los principios establecidos en la Convención de Belém do Pará para erradicar violencia institucional contra las mujeres. Especialistas en organizaciones como Miles resaltan que esta medida resulta “profundamente revictimizante” e ignora las prácticas clínicas diarias establecidas por la Ley 20.030. En casos donde existe riesgo para la vida materna o malformaciones congénitas letales, las pacientes suelen recibir diagnósticos en etapas avanzadas del embarazo, habiendo pasado por múltiples ecografías previas. Obligarlas a repetir esta experiencia emocional como requisito administrativo es considerado por defensores de derechos humanos como un mecanismo institucionalizado para hostigar y ralentizar un derecho otorgado por el Congreso Nacional hace casi una década. Fuente: Publimetro
El debate político y cultural en los Estados Unidos ha sumado un nuevo e inesperado foco de tensión ideológica que ha encendido los algoritmos de las redes sociales. Durante la reciente Women’s Leadership Summit 2026, un megaevento de corte ultraconservador organizado por la plataforma Turning Point USA (TPUSA) entre el 5 y el 7 de junio en San Antonio, Texas, un grupo de expositoras e influencers locales generó una profunda controversia al defender públicamente la posibilidad de eliminar el derecho al voto individual de las mujeres, proponiendo en su lugar un modelo de sufragio corporativo o familiar. El congreso, que congregó a cerca de 3.000 asistentes de diversas partes del país norteamericano, operó como caja de resonancia para discursos que cuestionan las bases del ordenamiento democrático actual. En diversas entrevistas y paneles registrados durante las jornadas, varias participantes manifestaron estar dispuestas a renunciar formalmente a sus derechos políticos individuales si dicha cesión garantizaba el avance hacia una agenda de Estado marcadamente tradicionalista, fijando como metas prioritarias hitos legislativos como la prohibición absoluta de la interrupción voluntaria del embarazo. Una de las figuras más visibles que articuló esta postura en el ala digital fue Savanna Faith Stone, una creadora de contenido vinculada activamente al movimiento global conocido como tradwife ( traditional wife), una corriente estética e ideológica en internet que promueve el retorno al rol de la mujer exclusivamente abocada al matrimonio, la maternidad y las dinámicas del cuidado doméstico de mediados del siglo XX. Stone declaró explícitamente que el sufragio femenino individual rompe la armonía familiar y que cedería “con gusto” su derecho a voto con tal de asegurar un régimen político alineado con sus valores teológicos, insistiendo en que el cónyuge debe ejercer la autoridad última en la toma de decisiones. La tesis formalizada por este sector plantea la sustitución del voto universal por el denominado “voto por hogar”. Bajo esta arquitectura conceptual: La cumbre estuvo liderada por Erika Kirk, actual directora ejecutiva de Turning Point USA, y estructuró su pauta doctrinaria bajo las premisas de la fe cristiana y los roles biológicos rígidos. A lo largo de las ponencias, se emitieron severas críticas al feminismo de la tercera y cuarta ola, corriente a la que acusaron de debilitar la cohesión del núcleo familiar y de inyectar dinámicas de competencia artificial entre hombres y mujeres. A pesar del impacto mediático que han cobrado estas declaraciones en las plataformas de streaming y discusión pública, las propuestas vertidas en Texas carecen de cualquier tipo de viabilidad o correlato en el circuito institucional de la potencia norteamericana. En Estados Unidos, el sufragio de las mujeres se encuentra blindado a nivel federal por una de las mayores protecciones del derecho constitucional moderno. El ejercicio del voto femenino está explícitamente consagrado y protegido por la Decimonovena Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, ratificada e indexada en el ordenamiento legal desde el año 1920. Dicho texto prohíbe de forma taxativa e irrevocable que tanto el Gobierno federal como cualquiera de los estados que componen la Unión restrinjan, limiten o anulen el derecho ciudadano a sufragar basándose en el sexo de la persona. Por consecuencia directa, los planteamientos formulados en San Antonio se circunscriben estrictamente a discursos retóricos y narrativas de nicho impulsadas por redes de influencers, sin que existan proyectos de ley reales ni bancadas oficiales buscando la derogación de la enmienda. Fuente: Publimetro
Un intenso debate político y jurídico ha surgido en el Congreso luego de la presentación formal, el 7 de julio de 2026, de un proyecto de ley que busca imponer nuevas barreras al acceso al aborto legal en Chile. La propuesta, conocida como “Escucha su corazón”, busca modificar el Código Sanitario para obligar a los médicos a ofrecer la escucha del latido fetal a mujeres y niñas antes de proceder con una interrupción voluntaria del embarazo, estableciendo que si la paciente rechaza este procedimiento, el profesional de la salud estará legalmente obligado a negar la prestación médica. Esta iniciativa ha generado preocupación en organizaciones de la sociedad civil y ha provocado una fuerte reacción por parte de la exministra de la Mujer y la Equidad de Género, Antonia Orellana. En una carta pública, Orellana acusó que esta propuesta responde a agendas internacionales ajenas a la tradición jurídica local. “Siguiendo el guion de la ultraderecha colombiana y estadounidense, el diputado Urruticoechea ha presentado un proyecto que pretende obligar a quienes atienden a mujeres y niñas, en las causales de interrupción del embarazo por violación, inviabilidad fetal o riesgo vital, a escuchar el pulso del embrión“, expresó Orellana. La exministra recordó con dureza intervenciones anteriores del principal patrocinante del proyecto: “No insistiré con el caso de la violación, pues el propio diputado Urruticoechea ya dijo que a ellas el aborto no las ‘desviola’, con una falta de empatía brutal. ¿Realmente es necesario hacer eso a quien sabe que el fruto de su embarazo no sobrevivirá a escuchar? (...) Sorprende que mujeres concurran con su firma a ese acto que más que estar contra el aborto, está contra la más mínima humanidad“, enfatizó. El texto legislativo consta de seis páginas y cuenta con apoyo transversal de sectores conservadores. Los defensores argumentan que busca fortalecer los estándares del consentimiento informado basándose en leyes estatales de EE.UU., como las de Texas, Kentucky, Georgia, Misisipi y Arizona. Sin embargo, desde la Corporación Miles Chile, su directora ejecutiva Javiera Canales denunció que la estructura del proyecto desvirtúa completamente el principio de autonomía de las pacientes. “Si la mujer se niega a escuchar la actividad cardíaca embrionaria o fetal se ordena al médico rechazar la prestación. Esto no es consentimiento informado, es presión disfrazada de información (...) Esto es cruel, es revictimizante y es contrario a toda lógica de autonomía y dignidad. La Ley de 3 causales lleva nueve años vigente, si te preguntan ”¿Quieres escuchar su corazón?’ y la respuesta correcta es una sola, entonces no es una pregunta, es chantaje“, afirmó Canales. El debate también ha alcanzado el ámbito del derecho internacional. Análisis proporcionados por el Círculo de Estudios de Derecho Internacional de los Derechos Humanos (CEDIDH) advierten que si se aprueba esta norma, Chile podría incurrir en responsabilidad internacional por violar tratados vigentes y transgredir el mandato del Artículo 5, inciso segundo de la Constitución. De acuerdo con los marcos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, esta iniciativa choca directamente con jurisprudencia establecida por la Corte IDH en casos como I.V. Vs. Bolivia (2016), donde se exige ausencia total de coacción para validar un acto médico; y Artavia Murillo Vs. Costa Rica (2012), que reconoce la autonomía reproductiva como parte integral de la vida privada. Además, las agresiones emocionales impuestas a víctimas de agresiones sexuales contradicen los principios establecidos en la Convención de Belém do Pará para erradicar violencia institucional contra las mujeres. Especialistas en organizaciones como Miles resaltan que esta medida resulta “profundamente revictimizante” e ignora las prácticas clínicas diarias establecidas por la Ley 20.030. En casos donde existe riesgo para la vida materna o malformaciones congénitas letales, las pacientes suelen recibir diagnósticos en etapas avanzadas del embarazo, habiendo pasado por múltiples ecografías previas. Obligarlas a repetir esta experiencia emocional como requisito administrativo es considerado por defensores de derechos humanos como un mecanismo institucionalizado para hostigar y ralentizar un derecho otorgado por el Congreso Nacional hace casi una década. Fuente: Publimetro
El debate político y cultural en los Estados Unidos ha sumado un nuevo e inesperado foco de tensión ideológica que ha encendido los algoritmos de las redes sociales. Durante la reciente Women’s Leadership Summit 2026, un megaevento de corte ultraconservador organizado por la plataforma Turning Point USA (TPUSA) entre el 5 y el 7 de junio en San Antonio, Texas, un grupo de expositoras e influencers locales generó una profunda controversia al defender públicamente la posibilidad de eliminar el derecho al voto individual de las mujeres, proponiendo en su lugar un modelo de sufragio corporativo o familiar. El congreso, que congregó a cerca de 3.000 asistentes de diversas partes del país norteamericano, operó como caja de resonancia para discursos que cuestionan las bases del ordenamiento democrático actual. En diversas entrevistas y paneles registrados durante las jornadas, varias participantes manifestaron estar dispuestas a renunciar formalmente a sus derechos políticos individuales si dicha cesión garantizaba el avance hacia una agenda de Estado marcadamente tradicionalista, fijando como metas prioritarias hitos legislativos como la prohibición absoluta de la interrupción voluntaria del embarazo. Una de las figuras más visibles que articuló esta postura en el ala digital fue Savanna Faith Stone, una creadora de contenido vinculada activamente al movimiento global conocido como tradwife ( traditional wife), una corriente estética e ideológica en internet que promueve el retorno al rol de la mujer exclusivamente abocada al matrimonio, la maternidad y las dinámicas del cuidado doméstico de mediados del siglo XX. Stone declaró explícitamente que el sufragio femenino individual rompe la armonía familiar y que cedería “con gusto” su derecho a voto con tal de asegurar un régimen político alineado con sus valores teológicos, insistiendo en que el cónyuge debe ejercer la autoridad última en la toma de decisiones. La tesis formalizada por este sector plantea la sustitución del voto universal por el denominado “voto por hogar”. Bajo esta arquitectura conceptual: La cumbre estuvo liderada por Erika Kirk, actual directora ejecutiva de Turning Point USA, y estructuró su pauta doctrinaria bajo las premisas de la fe cristiana y los roles biológicos rígidos. A lo largo de las ponencias, se emitieron severas críticas al feminismo de la tercera y cuarta ola, corriente a la que acusaron de debilitar la cohesión del núcleo familiar y de inyectar dinámicas de competencia artificial entre hombres y mujeres. A pesar del impacto mediático que han cobrado estas declaraciones en las plataformas de streaming y discusión pública, las propuestas vertidas en Texas carecen de cualquier tipo de viabilidad o correlato en el circuito institucional de la potencia norteamericana. En Estados Unidos, el sufragio de las mujeres se encuentra blindado a nivel federal por una de las mayores protecciones del derecho constitucional moderno. El ejercicio del voto femenino está explícitamente consagrado y protegido por la Decimonovena Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, ratificada e indexada en el ordenamiento legal desde el año 1920. Dicho texto prohíbe de forma taxativa e irrevocable que tanto el Gobierno federal como cualquiera de los estados que componen la Unión restrinjan, limiten o anulen el derecho ciudadano a sufragar basándose en el sexo de la persona. Por consecuencia directa, los planteamientos formulados en San Antonio se circunscriben estrictamente a discursos retóricos y narrativas de nicho impulsadas por redes de influencers, sin que existan proyectos de ley reales ni bancadas oficiales buscando la derogación de la enmienda. Fuente: Publimetro
