Fin de unidad de adopciones ilegales en Chile

Poco tiempo duró la institucionalidad específica creada para enfrentar uno de los capítulos más complejos de la historia nacional reciente.

La Unidad de Búsqueda de Orígenes y Familiares de Personas Afectadas por Adopciones Ilegales, Forzadas o Irregulares (UBAFI), que nació formalmente en febrero de este año como resultado de las recomendaciones de una mesa interinstitucional conformada en 2024, cesó sus funciones por orden de la Subsecretaría de Derechos Humanos.

La resolución que dejó sin efecto la creación de la unidad fue firmada el pasado 22 de junio, notificando a los profesionales del equipo que sus labores concluirían el 30 de junio. Según el organismo, la decisión se fundamenta en que, durante los tres meses de operación, no se recibieron los requerimientos del Poder Judicial necesarios para activar las búsquedas administrativas, lo que dificultaba justificar el gasto mensual de $10 millones.

Desde la Subsecretaría explicaron que la medida busca “resguardar una gestión eficiente de los recursos” y reasignar las tareas a una estructura distinta dentro del gabinete ministerial.

No obstante, la autoridad recalcó que esta acción “no implica el término del trabajo que desarrolla la Subsecretaría en materia de adopciones forzadas e irregulares”, asegurando que se mantendrá el vínculo con embajadas y organizaciones de la sociedad civil.

De acuerdo con información de Biobio Chile, el desmantelamiento de la oficina generó preocupación inmediata entre quienes lideraban el proyecto. El ahora exencargado de la unidad, Ananías Reyes, manifestó su inquietud ante el impacto para quienes buscan sus orígenes. Para Reyes, la resolución del ministerio “es un retroceso de Estado en la respuesta a víctimas que han sido particularmente postergadas y que requieren justicia”.

Uno de los puntos de mayor fricción es el estancamiento del Banco de Huellas Genéticas, proyecto alojado en el Servicio Médico Legal (SML). Según Reyes, el equipo ya trabajaba en el reglamento para su funcionamiento, pero la reunión clave para avanzar con el SML “es precisamente la reunión que el gabinete nunca gestionó”.

A pesar de la disolución del equipo especializado de tres personas, la obligación legal establecida en la Ley de Reajuste del Sector Público para 2026 persiste. Las funciones de acompañamiento psicosocial, asesoría jurídica e investigaciones administrativas quedarán ahora bajo la órbita de los asesores Maximiliano Garnham e Isidora Villalobos.

Fuentes internas advierten sobre los riesgos de esta drástica reducción de personal: “Frente a futuros requerimientos del Poder Judicial, la Subsecretaría no tiene cómo desarrollar estas competencias que tiene por mandato legal”.

La incertidumbre radica en si esta estructura mínima tendrá la capacidad operativa suficiente para responder cuando lleguen los primeros mandatos de los tribunales respecto a las adopciones forzadas.