Propuesta de la Mesa de Reactivación Laboral: Techo de 52 horas semanales

El ministro del Trabajo y Previsión Social, Tomás Rau, ha establecido la Mesa de Reactivación Laboral con el objetivo de proponer medidas que impulsen la creación de empleo, especialmente enfocadas en el empleo femenino y la reducción de la informalidad laboral.

El informe generado por esta mesa de trabajo revela la preocupante situación actual del mercado laboral chileno, donde se ha mantenido una tasa de desocupación igual o superior al 8% durante 40 meses consecutivos.

Los datos más recientes del trimestre febrero-abril 2026 muestran una tasa de desocupación general del 9,1%, con una tasa de desocupación femenina aún más alta, alcanzando el 10,5%.

Además, se destaca que la tasa de ocupación para el mismo periodo se sitúa por debajo de los niveles previos a la pandemia.

En cuanto a la formalidad laboral, los registros administrativos indican una disminución de 70 mil empleos formales (cotizantes) entre marzo de 2022 y marzo de 2026, contrastando con los datos obtenidos por la encuesta del INE.

La Mesa de Reactivación Laboral señala que estos indicadores reflejan un deterioro en el mercado laboral chileno, en contraposición a lo observado no solo por la OECD sino también por otros países latinoamericanos en el mismo periodo.

Dentro de las 22 propuestas presentadas en el informe para fomentar el empleo, una ha captado particular atención debido a su intención de flexibilizar la Ley de 40 Horas. La Ley 21.561 busca reducir gradualmente la jornada laboral de 45 a 40 horas semanales y establecer un límite máximo de 52 horas incluyendo horas extraordinarias.

Se destaca que el periodo utilizado para calcular el promedio fijo de horas semanales en Chile es significativamente más corto que en otros países miembros de la OCDE, lo cual coloca al país en una posición restrictiva en comparación con naciones como Alemania, Países Bajos o Suecia.

Un aspecto problemático identificado es el artículo 22 bis del Código del Trabajo, que impone un límite de 45 horas ordinarias semanales y prohíbe mantener este nivel por más de dos semanas consecutivas dentro del período considerado para calcular el promedio.

Por ello, se propone extender este periodo para calcular el promedio desde las actuales 4 semanas hasta un rango más amplio como el promedio observado en la OECD (15 semanas) o incluso hasta 52 semanas como en algunos países europeos mencionados anteriormente.

Además, se sugiere aplicar estas modificaciones a contratos especiales y sistemas excepcionales de distribución horaria utilizados en sectores como minería o forestal.