Patricio Maturana obtiene libertad condicional en caso Fabiola Campillai

La Comisión de Libertad Condicional de Talca ha aprobado de forma unánime la solicitud presentada por la defensa de Patricio Maturana Ojeda, exoficial de Carabineros actualmente recluido en el Centro de Cumplimiento Penitenciario de Molina.

Este beneficio penal permitirá al condenado abandonar la prisión una vez que haya cumplido el tiempo mínimo requerido por la ley chilena. Según lo establecido en la resolución judicial, se indica claramente que: “El solicitante disfrutará del beneficio otorgado por esta resolución una vez que haya cumplido el tiempo mínimo, es decir, a partir del 2 de diciembre de 2026”.

Previamente a esta decisión, la senadora Fabiola Campillai se presentó tanto en persona como por escrito ante el tribunal administrativo para expresar su oposición a la concesión de la libertad condicional.

Durante su intervención, la legisladora argumentó sobre la necesidad de cumplir al menos dos tercios de la pena, cuestionó la falta de arrepentimiento o disculpas públicas por parte del agresor y alertó sobre las repercusiones en su seguridad y bienestar emocional.

Los hechos se remontan al 26 de noviembre de 2019 en San Bernardo, cuando la víctima sufrió lesiones graves tras recibir el impacto directo de una bomba lacrimógena en el rostro mientras se dirigía a su trabajo, lo que resultó en la pérdida permanente de la visión, el gusto y el olfato.

Sin embargo, la comisión desestimó los argumentos presentados por la parlamentaria. Se especificó que el requisito legal aplicable corresponde a la mitad de la condena, ya que el delito imputado no está catalogado como uno que requiera dos tercios de cumplimiento.

Además, se hizo hincapié en que la sentencia condenatoria emitida por el tribunal no calificó los hechos como un “crimen de lesa humanidad”.

La decisión de los comisionados se basó en el informe psicosocial elaborado por Gendarmería, el cual señaló un riesgo muy bajo de reincidencia y destacó la conducta intachable del interno. En dicho informe se concluyó que: “El postulante muestra actualmente una adecuada asunción de responsabilidad, reconoce el impacto de sus acciones y rechaza explícitamente comportamientos delictivos, demostrando disposición continua para mantener un comportamiento acorde a las normas sociales”. La comisión también afirmó que no hay evidencia alguna de amenazas o comunicaciones dirigidas hacia la víctima.

Esta resolución se produce poco antes del aniversario del 18 de octubre, fecha marcada por debates públicos sobre derechos humanos y presiones hacia el presidente José Antonio Kast para conceder indultos a miembros uniformados.