Fundador de Aguas del Desierto denuncia reducción drástica en su propiedad

Una disputa por el control de Aguas del Desierto, sociedad vinculada a proyectos sanitarios y de desalinización en la Región de Antofagasta, ha llegado a sede penal después de que el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago declarara admisible una querella presentada por su fundador, Gustavo Contreras Romo, contra Cecil Chellew Cáceres y Patricio Mosso Pinto.

La acción judicial cuestiona una serie de préstamos, cesiones de créditos y aumentos de capital que, según la parte querellante, habrían provocado una drástica disminución de la participación de Contreras en la compañía.

De acuerdo con los antecedentes incluidos en la querella, el empresario comenzó en 2016 con el 100% de Aguas del Desierto y, tras la entrada de nuevos inversionistas, se contempló inicialmente una estructura de propiedad con un 60% para estos y un 40% para el fundador.

Sin embargo, después de una operación realizada en 2025, la participación de Contreras habría descendido hasta apenas 0,043245%, mientras que las sociedades Truro y Llonquén habrían pasado a controlar conjuntamente el 99,952431%.

“Gustavo Contreras comenzó con el 100% de Aguas del Desierto. Nuestra querella busca esclarecer cómo terminó con apenas un 0,043245% y quiénes se beneficiaron de esa pérdida de participación”, señalan los abogados de Contreras, Patricio Silva-Riesco y Pablo Araya.

Uno de los principales focos de la acción corresponde a un aumento de capital aprobado el 29 de septiembre de 2025, que contempló la emisión de 230.543 nuevas acciones, valoradas en $145.857 cada una.

Según la presentación judicial, estas acciones podían ser pagadas mediante la capitalización y cesión de créditos contra Aguas del Desierto y CRAMSA.

Contreras, a través de su representante, votó en contra de la operación. La querella sostiene que no habría contado oportunamente con todos los antecedentes necesarios para determinar el origen, vigencia y valor de las acreencias utilizadas.

La acción plantea posibles acuerdos abusivos y la entrega de información falsa sobre aspectos relevantes de la sociedad. Estas imputaciones deberán ser probadas durante la investigación penal.

La disputa adquiere especial relevancia debido a la magnitud de los proyectos relacionados con las sociedades involucradas.

Según los antecedentes expuestos en la acción, Aguas Marítimas contempla una inversión de US$5.000 millones y una capacidad diaria máxima de producción hasta 700 mil metros cúbicos. En conjunto, las inversiones proyectadas para las iniciativas sanitarias y desalinización vinculadas al caso superarían los US$7.000 millones.

Sin embargo, es importante destacar que esta cifra corresponde a inversiones proyectadas y no a una valorización realde Aguas del Desierto. Por lo tanto, uno de los aspectos que se busca someter a peritaje es el valor real considerando permisos, inversiones, financiamiento, flujos esperados y riesgos asociados a los proyectos.

También se solicita examinar detenidamente el tratamiento dado a los créditos involucrados en las distintas operaciones.

La parte querellante plantea que se debe rastrear cada acreencia desde su origen hasta su eventual cesión o capitalización para determinar si hubo duplicidades o efectos tributarios improcedentes.

"Buscamos establecer si una misma acreencia fue utilizada más de una vez para obtener acciones o producir efectos tributarios improcedentes", afirman los abogados.

El documento también recalca que estas situaciones no están confirmadas, y que tener ciertas acreencias y créditos simultáneamente no prueba por sí solo una posible duplicidad.

Otro aspecto clave que se busca esclarecer es si la valorización asociada a las concesiones y permisos tuvo algún impacto en las operaciones que modificaron el control societario.

Según los antecedentes presentados, la concesión sanitaria finalizó su tramitación en junio del año 2025. Además, se menciona una concesión marítima en marzo del año 2026 y una posterior aprobación ambiental. El 31 agosto del año 2026 el Comité Ministerial mantuvo su calificación favorable sobre los proyectos.

"El caso plantea si las expectativas sobre la valorización fueron aprovechadas para capturar el control del proyecto mediante las operaciones denunciadas", sostienen Silva-Riesco y Araya.

Ahora corresponderá a la investigación determinar si existieron las irregularidades denunciadas y establecer posibles responsabilidades involucradas.