Madre desalojada en Lo Barnechea por problemas económicos

El desalojo en el sector Cerro 18 de Lo Barnechea dejó algo más que escombros: “Para el banco soy pobre, para el Estado soy rica”, dijo una madre soltera con cuatro hijas, nacida y criada en la comuna, que fue expulsada junto a decenas de familias de la toma ubicada en la Quebrada Las Zorras.

La mujer relató que, pese a haber sacado adelante a sus hijas —dos de ellas en la universidad—, no tiene acceso a una vivienda digna. Asegura que los bancos le niegan cualquier crédito hipotecario y, cuando busca apoyo estatal, el subsidio no alcanza para arrendar en la misma zona donde vivió toda su vida. “¿Dónde encuentro un arriendo por 300 mil pesos aquí en Barnechea?”, reclamó frente a las cámaras de Tu Día.

El martes 2 de diciembre se concretó el operativo municipal en la quebrada. Hubo presencia policial, demolición de viviendas improvisadas y enfrentamientos registrados en video. Las autoridades justificaron el desalojo argumentando que el lugar era “de alto riesgo natural”, con antecedentes de incendios y deslizamientos. Vecinos y organizaciones sociales, en cambio, acusan abandono y falta de soluciones habitacionales reales.

“¿Dónde vamos a pasar Navidad con los niños?”, cuestionó otra pobladora en medio de la demolición. Las familias denuncian que no fueron escuchadas, y que la ayuda ofrecida —subsidios temporales de arriendo— está lejos de cubrir los costos de vivir en una comuna con algunos de los metros cuadrados más caros de Santiago.

Los testimonios recogidos muestran una constante: personas que trabajan, que pagan estudios, que tienen arraigo y redes en Lo Barnechea, pero que quedaron fuera del sistema formal de vivienda. “Soy pobre para el banco, pero rica para el Estado”, explicó otra afectada. “No estamos en toma porque queramos, no alcanza”.

Los vecinos insisten en que existe una versión “invisible” de Lo Barnechea, distinta a las mansiones de La Dehesa. Es un territorio donde viven trabajadores, mujeres solas, abuelos, niños y familias que llevan generaciones en los cerros.

Una de las críticas más fuertes apunta a la demora en el pago de subsidios. Según relataron los afectados, hay personas que “llevan más de dos años esperando” recursos prometidos por la municipalidad para acceder a vivienda.

Además, organizaciones que trabajan con campamentos aseguran que el monto propuesto para arriendo —cerca de 300 a 340 mil pesos— simplemente no alcanza para arrendar en la misma comuna. En la práctica, eso implica desplazamiento, ruptura de redes comunitarias y pérdida de empleo o matrícula escolar.