Licencias falsas revelan fallas en control y sanciones a trabajadores

La formalización de cientos de funcionarios públicos por el uso de licencias médicas falsas ha generado preocupación en cuanto a los mecanismos de control del Estado. Este caso, que abarca diversas reparticiones, no solo señala responsabilidades individuales, sino que también evidencia deficiencias en la fiscalización y validación de estos documentos. En un sistema de gran escala, la detección tardía de irregularidades plantea interrogantes sobre su capacidad de control.

En este contexto, el uso de licencias médicas sigue siendo un tema sensible debido a su alto volumen. Según estimaciones de la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO), se espera que solo en 2026 se emitan entre 5,8 y 6,5 millones de licencias médicas en el país. Esto refleja la magnitud del sistema y el impacto que pueden tener posibles usos indebidos. Por lo tanto, este caso no solo tiene implicaciones legales, sino también estructurales.

Desde el punto de vista legal, este tipo de situaciones puede involucrar diversos delitos dependiendo del rol desempeñado. Según Javier Ramírez, abogado consultor en análisis de jurisprudencia y legislación chilena en Trifolia, "Respecto de quienes emiten estas licencias, pueden configurarse delitos como certificación médica falsa o falsificación de instrumento público. En el caso de quienes las utilizan, se pueden configurar figuras como uso malicioso de instrumento falso o fraude al Fisco, siempre que se acredite conocimiento de la falsedad e intención de obtener un beneficio".

Uno de los aspectos más complejos es la prueba del dolo. Según Ramírez, "La jurisprudencia ha sido consistente en exigir altos estándares probatorios, lo que en algunos casos incluso ha derivado en absoluciones cuando no se logra acreditar que el funcionario sabía que la licencia era falsa".

A nivel administrativo, los funcionarios enfrentan procesos internos que pueden resultar en sanciones. Camila Cárdenas, directora del área de Litigación y socia de SoyHonorario, explica que "La principal consecuencia es la apertura de un sumario administrativo, que puede derivar en sanciones que van desde la suspensión del cargo hasta la destitución. Además, pueden iniciarse acciones para la restitución de montos y existir responsabilidad penal".

No obstante, no todas las situaciones conllevan automáticamente a una destitución. Se advierte que "No todos los funcionarios involucrados necesariamente han cometido una falta grave que amerite la destitución. Es importante evitar el prejuzgamiento, ya que cada caso debe analizarse en su mérito, considerando la evidencia disponible".

Este caso también resalta las diferencias existentes dentro del Estado. Mientras los funcionarios con contrato enfrentan sumarios formales, los trabajadores a honorarios pueden ver finalizada su relación laboral más rápidamente. Más allá de las responsabilidades individuales, la magnitud del caso reabre el debate sobre la capacidad del sistema para prevenir este tipo de fraudes.