La formalización de cientos de funcionarios públicos por el uso de licencias médicas falsas ha generado preocupación en cuanto a los mecanismos de control del Estado. Este caso, que abarca diversas reparticiones, no solo señala responsabilidades individuales, sino que también evidencia deficiencias en la fiscalización y validación de estos documentos. En un sistema de gran escala, la detección tardía de irregularidades plantea interrogantes sobre su capacidad de control. En este contexto, el uso de licencias médicas sigue siendo un tema sensible debido a su alto volumen. Según estimaciones de la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO), se espera que solo en 2026 se emitan entre 5,8 y 6,5 millones de licencias médicas en el país. Esto refleja la magnitud del sistema y el impacto que pueden tener posibles usos indebidos. Por lo tanto, este caso no solo tiene implicaciones legales, sino también estructurales. Desde el punto de vista legal, este tipo de situaciones puede involucrar diversos delitos dependiendo del rol desempeñado. Según Javier Ramírez, abogado consultor en análisis de jurisprudencia y legislación chilena en Trifolia, Respecto de quienes emiten estas licencias, pueden configurarse delitos como certificación médica falsa o falsificación de instrumento público. En el caso de quienes las utilizan, se pueden configurar figuras como uso malicioso de instrumento falso o fraude al Fisco, siempre que se acredite conocimiento de la falsedad e intención de obtener un beneficio. Uno de los aspectos más complejos es la prueba del dolo. Según Ramírez, La jurisprudencia ha sido consistente en exigir altos estándares probatorios, lo que en algunos casos incluso ha derivado en absoluciones cuando no se logra acreditar que el funcionario sabía que la licencia era falsa. A nivel administrativo, los funcionarios enfrentan procesos internos que pueden resultar en sanciones. Camila Cárdenas, directora del área de Litigación y socia de SoyHonorario, explica que La principal consecuencia es la apertura de un sumario administrativo, que puede derivar en sanciones que van desde la suspensión del cargo hasta la destitución. Además, pueden iniciarse acciones para la restitución de montos y existir responsabilidad penal. No obstante, no todas las situaciones conllevan automáticamente a una destitución. Se advierte que No todos los funcionarios involucrados necesariamente han cometido una falta grave que amerite la destitución. Es importante evitar el prejuzgamiento, ya que cada caso debe analizarse en su mérito, considerando la evidencia disponible. Este caso también resalta las diferencias existentes dentro del Estado. Mientras los funcionarios con contrato enfrentan sumarios formales, los trabajadores a honorarios pueden ver finalizada su relación laboral más rápidamente. Más allá de las responsabilidades individuales, la magnitud del caso reabre el debate sobre la capacidad del sistema para prevenir este tipo de fraudes. Fuente: Publimetro
La temporada de incendios forestales se vislumbra nuevamente como uno de los principales riesgos para las comunidades del centro y sur del país. En este contexto, la Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH) ha revelado los resultados de una encuesta que evalúa la percepción ciudadana sobre la capacidad de respuesta estatal, el acceso a información preventiva y el nivel de preparación de las personas ante estas emergencias. El objetivo del sondeo es proporcionar datos actualizados para guiar políticas locales más efectivas, mejorar la comunicación de riesgos y respaldar el trabajo de los municipios, especialmente en aquellas comunas donde los incendios forestales son más recurrentes. Entre los hallazgos más destacados se encuentra que solo 1 de cada 10 personas se siente verdaderamente segura respecto a la capacidad de respuesta del Estado frente a un incendio forestal, mientras que 4 de cada 10 expresan sentirse poco seguras. Además, solo 2 de cada 10 personas aseguran saber qué hacer en caso de una emergencia, siendo la mayoría parcialmente preparada o carente de información suficiente. Por otro lado, casi 6 de cada 10 encuestados afirman no haber recibido información pública alguna sobre prevención de incendios forestales, y cerca de 8 de cada 10 creen que su comuna podría verse afectada por este tipo de emergencia durante el verano. “Los resultados reflejan una evaluación crítica sobre el nivel de preparación del país ante los incendios forestales proyectados para el verano 2026 y esto es altamente preocupante considerando la época propensa a incendios que trae consigo esta estación”, comentó William Arévalo, exalcalde de Santa Cruz y actual director del Centro de Riesgos y Desastres de AMUCH. La encuesta se llevó a cabo telefónicamente con una muestra probabilística compuesta por 474 residentes entre Valparaíso y La Araucanía, regiones con mayor incidencia de incendios forestales a nivel nacional. El estudio incluyó a habitantes de 160 comunas, abarcando el 66.9% del total, a partir de más de 7.000 llamadas telefónicas realizadas. Fuente: Publimetro
La formalización de cientos de funcionarios públicos por el uso de licencias médicas falsas ha generado preocupación en cuanto a los mecanismos de control del Estado. Este caso, que abarca diversas reparticiones, no solo señala responsabilidades individuales, sino que también evidencia deficiencias en la fiscalización y validación de estos documentos. En un sistema de gran escala, la detección tardía de irregularidades plantea interrogantes sobre su capacidad de control. En este contexto, el uso de licencias médicas sigue siendo un tema sensible debido a su alto volumen. Según estimaciones de la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO), se espera que solo en 2026 se emitan entre 5,8 y 6,5 millones de licencias médicas en el país. Esto refleja la magnitud del sistema y el impacto que pueden tener posibles usos indebidos. Por lo tanto, este caso no solo tiene implicaciones legales, sino también estructurales. Desde el punto de vista legal, este tipo de situaciones puede involucrar diversos delitos dependiendo del rol desempeñado. Según Javier Ramírez, abogado consultor en análisis de jurisprudencia y legislación chilena en Trifolia, Respecto de quienes emiten estas licencias, pueden configurarse delitos como certificación médica falsa o falsificación de instrumento público. En el caso de quienes las utilizan, se pueden configurar figuras como uso malicioso de instrumento falso o fraude al Fisco, siempre que se acredite conocimiento de la falsedad e intención de obtener un beneficio. Uno de los aspectos más complejos es la prueba del dolo. Según Ramírez, La jurisprudencia ha sido consistente en exigir altos estándares probatorios, lo que en algunos casos incluso ha derivado en absoluciones cuando no se logra acreditar que el funcionario sabía que la licencia era falsa. A nivel administrativo, los funcionarios enfrentan procesos internos que pueden resultar en sanciones. Camila Cárdenas, directora del área de Litigación y socia de SoyHonorario, explica que La principal consecuencia es la apertura de un sumario administrativo, que puede derivar en sanciones que van desde la suspensión del cargo hasta la destitución. Además, pueden iniciarse acciones para la restitución de montos y existir responsabilidad penal. No obstante, no todas las situaciones conllevan automáticamente a una destitución. Se advierte que No todos los funcionarios involucrados necesariamente han cometido una falta grave que amerite la destitución. Es importante evitar el prejuzgamiento, ya que cada caso debe analizarse en su mérito, considerando la evidencia disponible. Este caso también resalta las diferencias existentes dentro del Estado. Mientras los funcionarios con contrato enfrentan sumarios formales, los trabajadores a honorarios pueden ver finalizada su relación laboral más rápidamente. Más allá de las responsabilidades individuales, la magnitud del caso reabre el debate sobre la capacidad del sistema para prevenir este tipo de fraudes. Fuente: Publimetro
La temporada de incendios forestales se vislumbra nuevamente como uno de los principales riesgos para las comunidades del centro y sur del país. En este contexto, la Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH) ha revelado los resultados de una encuesta que evalúa la percepción ciudadana sobre la capacidad de respuesta estatal, el acceso a información preventiva y el nivel de preparación de las personas ante estas emergencias. El objetivo del sondeo es proporcionar datos actualizados para guiar políticas locales más efectivas, mejorar la comunicación de riesgos y respaldar el trabajo de los municipios, especialmente en aquellas comunas donde los incendios forestales son más recurrentes. Entre los hallazgos más destacados se encuentra que solo 1 de cada 10 personas se siente verdaderamente segura respecto a la capacidad de respuesta del Estado frente a un incendio forestal, mientras que 4 de cada 10 expresan sentirse poco seguras. Además, solo 2 de cada 10 personas aseguran saber qué hacer en caso de una emergencia, siendo la mayoría parcialmente preparada o carente de información suficiente. Por otro lado, casi 6 de cada 10 encuestados afirman no haber recibido información pública alguna sobre prevención de incendios forestales, y cerca de 8 de cada 10 creen que su comuna podría verse afectada por este tipo de emergencia durante el verano. “Los resultados reflejan una evaluación crítica sobre el nivel de preparación del país ante los incendios forestales proyectados para el verano 2026 y esto es altamente preocupante considerando la época propensa a incendios que trae consigo esta estación”, comentó William Arévalo, exalcalde de Santa Cruz y actual director del Centro de Riesgos y Desastres de AMUCH. La encuesta se llevó a cabo telefónicamente con una muestra probabilística compuesta por 474 residentes entre Valparaíso y La Araucanía, regiones con mayor incidencia de incendios forestales a nivel nacional. El estudio incluyó a habitantes de 160 comunas, abarcando el 66.9% del total, a partir de más de 7.000 llamadas telefónicas realizadas. Fuente: Publimetro
