Avanza ley 'anti-encapuchados' en Congreso para sancionar ocultamiento facial

La Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó en general un proyecto de ley que busca sancionar penalmente a las personas que oculten su rostro durante reuniones realizadas en espacios públicos. La iniciativa, impulsada por el diputado del Partido de la Gente, Javier Olivares, ahora continuará su tramitación legislativa.

La propuesta apunta a crear el delito de ocultamiento de identidad en contextos de manifestaciones, eventos masivos o reuniones en lugares de uso público. De acuerdo con el texto aprobado, quienes utilicen elementos como capuchas, pañuelos, máscaras, maquillaje u otros recursos destinados a impedir o dificultar su identificación por parte de la autoridad podrían enfrentar penas de presidio menor en su grado mínimo.

No obstante, la iniciativa contempla excepciones. Quedarán excluidas de sanción las personas que cubran su rostro por razones de salud, prácticas religiosas o situaciones que puedan ser debidamente justificadas ante la autoridad.

“El que, en contexto de reuniones en lugares de uso público, hiciere uso de capuchas, pañuelos, máscaras, maquillaje y otros elementos que cubran, u oculten o simulen su identidad, de manera que se impida o dificulte la identificación por parte de la autoridad, será castigado con la pena de presidio menor en su grado mínimo”, señala el proyecto, según recogió T13.

Uno de los aspectos más relevantes del proyecto es que también propone establecer una agravante para quienes cometan delitos mientras mantienen ocultada su identidad. En esos casos, la pena asociada al crimen o simple delito podría aumentar en un grado si se acredita que el imputado utilizó elementos para dificultar su identificación.

“Si el imputado fuere sorprendido en la comisión de un crimen o simple delito en el contexto de eventos masivos o reuniones en lugares de uso público, utilizando los elementos descritos en el inciso primero para ocultar o dificultar su identidad, se aplicará la pena asignada al delito respectivo aumentada en su grado”, se detalla.

La iniciativa fue respaldada por siete integrantes de la comisión, mientras que cuatro parlamentarios votaron en contra. Pese a su aprobación, durante la discusión surgieron diversas observaciones desde organismos vinculados a la seguridad pública y la protección de derechos fundamentales.

Desde Carabineros, el director nacional de Orden y Seguridad, general Rodrigo Espinoza, valoró el objetivo de la propuesta pero advirtió que la redacción actual podría generar problemas de interpretación. Entre sus principales reparos mencionó la falta de certeza jurídica respecto a algunos conceptos utilizados en el proyecto especialmente la definición de “lugar público”.

Críticas similares planteó la defensora nacional Verónica Encina quien sostuvo que la iniciativa no identifica con suficiente claridad cuál es el bien jurídico que busca proteger. Además alertó sobre eventuales dificultades para su aplicación dentro del sistema penal y posibles afectaciones a derechos fundamentales.

Por su parte el jefe de Protección del Instituto Nacional de Derechos Humanos Sebastián Cabezas expresó inquietudes respecto a la proporcionalidad de la medida y a la forma en que se tipifican las conductas sancionadas. Mientras el debate continúa el proyecto se perfila como una de las iniciativas de seguridad que marcarán la agenda legislativa de los próximos meses.