El proyecto de ley conocido como “Escucha su corazón” ha generado controversia en diversos sectores políticos, sin embargo, la ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Judith Marín, ha optado por no pronunciarse públicamente al respecto, dejando la decisión en manos del Congreso Nacional. En una entrevista en Emol TV, Marín comentó sobre la moción parlamentaria que busca que las mujeres y niñas escuchen los latidos del embrión o feto antes de acceder a un aborto legal: “Nosotros entendemos que esto es una moción parlamentaria radicada en la Comisión de Salud. Los parlamentarios serán los que se tienen que pronunciar al respecto. Por mi parte puedo recordar y señalar que ya existe una ley que regula esta materia”, afirmó la ministra. La propuesta, presentada por parlamentarios del Partido Nacional Libertario, Republicanos y Renovación Nacional, busca modificar el artículo 119 del Código Sanitario para incluir como requisito previo al aborto que la paciente escuche los latidos del feto si hay actividad cardíaca detectable. Sin embargo, lo polémico de la reforma es que, aunque se establece que la mujer puede rechazar escuchar los latidos, el médico cirujano estaría obligado a negarse a practicar el aborto si ella no accede. Esto convierte la audición en una condición restrictiva para recibir el procedimiento médico. A pesar de que inicialmente se planteó que la propuesta aplicaría a las tres causales vigentes en Chile, el diputado Urruticoechea confirmó que se excluyó la causal de riesgo vital de la madre. Sin embargo, la versión pública en el sitio web de la Cámara de Diputados aún conserva la redacción original restrictiva. Tanto desde la oposición como desde el oficialismo se considera que esta medida representa un retroceso en los consensos sanitarios del país. La exministra Karla Rubilar expresó que imponer este tipo de requisitos “desvirtúa la ley, aumenta el sufrimiento y es un grave retroceso”, anticipando una compleja batalla legislativa cuando la Comisión de Salud inicie las votaciones. Fuente: Publimetro
La Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó en general un proyecto de ley que busca sancionar penalmente a las personas que oculten su rostro durante reuniones realizadas en espacios públicos. La iniciativa, impulsada por el diputado del Partido de la Gente, Javier Olivares, ahora continuará su tramitación legislativa. La propuesta apunta a crear el delito de ocultamiento de identidad en contextos de manifestaciones, eventos masivos o reuniones en lugares de uso público. De acuerdo con el texto aprobado, quienes utilicen elementos como capuchas, pañuelos, máscaras, maquillaje u otros recursos destinados a impedir o dificultar su identificación por parte de la autoridad podrían enfrentar penas de presidio menor en su grado mínimo. No obstante, la iniciativa contempla excepciones. Quedarán excluidas de sanción las personas que cubran su rostro por razones de salud, prácticas religiosas o situaciones que puedan ser debidamente justificadas ante la autoridad. “El que, en contexto de reuniones en lugares de uso público, hiciere uso de capuchas, pañuelos, máscaras, maquillaje y otros elementos que cubran, u oculten o simulen su identidad, de manera que se impida o dificulte la identificación por parte de la autoridad, será castigado con la pena de presidio menor en su grado mínimo”, señala el proyecto, según recogió T13. Uno de los aspectos más relevantes del proyecto es que también propone establecer una agravante para quienes cometan delitos mientras mantienen ocultada su identidad. En esos casos, la pena asociada al crimen o simple delito podría aumentar en un grado si se acredita que el imputado utilizó elementos para dificultar su identificación. “Si el imputado fuere sorprendido en la comisión de un crimen o simple delito en el contexto de eventos masivos o reuniones en lugares de uso público, utilizando los elementos descritos en el inciso primero para ocultar o dificultar su identidad, se aplicará la pena asignada al delito respectivo aumentada en su grado”, se detalla. La iniciativa fue respaldada por siete integrantes de la comisión, mientras que cuatro parlamentarios votaron en contra. Pese a su aprobación, durante la discusión surgieron diversas observaciones desde organismos vinculados a la seguridad pública y la protección de derechos fundamentales. Desde Carabineros, el director nacional de Orden y Seguridad, general Rodrigo Espinoza, valoró el objetivo de la propuesta pero advirtió que la redacción actual podría generar problemas de interpretación. Entre sus principales reparos mencionó la falta de certeza jurídica respecto a algunos conceptos utilizados en el proyecto especialmente la definición de “lugar público”. Críticas similares planteó la defensora nacional Verónica Encina quien sostuvo que la iniciativa no identifica con suficiente claridad cuál es el bien jurídico que busca proteger. Además alertó sobre eventuales dificultades para su aplicación dentro del sistema penal y posibles afectaciones a derechos fundamentales. Por su parte el jefe de Protección del Instituto Nacional de Derechos Humanos Sebastián Cabezas expresó inquietudes respecto a la proporcionalidad de la medida y a la forma en que se tipifican las conductas sancionadas. Mientras el debate continúa el proyecto se perfila como una de las iniciativas de seguridad que marcarán la agenda legislativa de los próximos meses. Fuente: Publimetro
El Congreso Nacional ha aprobado de manera definitiva el proyecto de ley denominado “Paga tu pasaje”, una iniciativa destinada a abordar con mayor rigurosidad el problema de la evasión en el transporte público, especialmente en la Región Metropolitana. La Cámara de Diputadas y Diputados ha dado su visto bueno a la propuesta este miércoles, con un amplio respaldo de 145 votos a favor y solo dos abstenciones, luego de aceptar las modificaciones introducidas por el Senado. La nueva normativa tiene como objetivo reducir el elevado nivel de evasión, que alcanza cerca del 40% en Santiago, mediante un sistema que combina una mayor fiscalización, sanciones más severas y un mecanismo inmediato de pago para quienes sean sorprendidos sin cancelar su pasaje. Una de las principales novedades es la implementación de una tarifa recargada. Esto implica que el pasajero sorprendido evadiendo deberá abonar en ese momento un monto superior al pasaje habitual. De esta manera, podrá continuar su trayecto sin ser incluido en el Registro de Evasores del Transporte Público, lo que crea un incentivo para regularizar la situación de forma inmediata. El origen del proyecto se remonta a una moción presentada por el diputado Carlos Bianchi, la cual posteriormente se fusionó con una iniciativa del Ejecutivo durante la administración del Presidente Gabriel Boric. A lo largo de su tramitación, el texto fue mejorado con diversas indicaciones, especialmente desde el Senado. “Basta de la sinvergüenzura de que sólo en la capital, casi el 40% de los usuarios no pagan sus pasajes”, declaró Bianchi, quien también resaltó que esta realidad no se reproduce con la misma intensidad en otras regiones. En su opinión, la nueva ley permitirá revertir esta situación y podría representar ingresos cercanos a los 200 millones de dólares para el Estado. En la misma línea, el diputado Héctor Ulloa enfatizó el impacto que tiene la evasión en el resto del país. “Cuando esos recursos no se recaudan, el Estado tiene que cubrir ese déficit, y eso termina afectando la distribución de los fondos espejo”, afirmó. La normativa también amplía las facultades de fiscalización. Carabineros, inspectores fiscales y municipales, junto con personal de Metro, EFE y operadores de transporte público, estarán autorizados para constatar infracciones y emitir notificaciones. Además, se permitirá el uso de herramientas de autentificación biométrica para identificar a los infractores. Entre otras medidas, se establece que ingresar por puertas traseras sin autorización será considerado presunción de no pago, y el uso indebido de beneficios tarifarios implicará la incautación y destrucción del instrumento utilizado. Asimismo, el sistema de multas dejará de ser tramitado en los juzgados locales y pasará a ser administrado por la División de Fiscalización de la Subsecretaría de Transportes. Aquellos que paguen la multa dentro de 20 días hábiles podrán beneficiarse con un descuento del 50%, mientras que quienes no lo hagan deberán hacer frente al monto máximo. Otro aspecto clave es el endurecimiento de las consecuencias para aquellos incluidos en el Registro de Evasores. A las sanciones actuales —como la suspensión de beneficios tarifarios, licencias de conducir y retención de devoluciones fiscales — se suman nuevas restricciones, como la imposibilidad de asistir a eventos deportivos profesionales, la negativa para obtener pasaporte y limitaciones en permisos residenciales. Además, se extiende la duración de estas sanciones de tres a cinco años y se establecen criterios proporcionales según la gravedad y repetición de la infracción. Fuente: Publimetro
El proyecto de ley conocido como “Escucha su corazón” ha generado controversia en diversos sectores políticos, sin embargo, la ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Judith Marín, ha optado por no pronunciarse públicamente al respecto, dejando la decisión en manos del Congreso Nacional. En una entrevista en Emol TV, Marín comentó sobre la moción parlamentaria que busca que las mujeres y niñas escuchen los latidos del embrión o feto antes de acceder a un aborto legal: “Nosotros entendemos que esto es una moción parlamentaria radicada en la Comisión de Salud. Los parlamentarios serán los que se tienen que pronunciar al respecto. Por mi parte puedo recordar y señalar que ya existe una ley que regula esta materia”, afirmó la ministra. La propuesta, presentada por parlamentarios del Partido Nacional Libertario, Republicanos y Renovación Nacional, busca modificar el artículo 119 del Código Sanitario para incluir como requisito previo al aborto que la paciente escuche los latidos del feto si hay actividad cardíaca detectable. Sin embargo, lo polémico de la reforma es que, aunque se establece que la mujer puede rechazar escuchar los latidos, el médico cirujano estaría obligado a negarse a practicar el aborto si ella no accede. Esto convierte la audición en una condición restrictiva para recibir el procedimiento médico. A pesar de que inicialmente se planteó que la propuesta aplicaría a las tres causales vigentes en Chile, el diputado Urruticoechea confirmó que se excluyó la causal de riesgo vital de la madre. Sin embargo, la versión pública en el sitio web de la Cámara de Diputados aún conserva la redacción original restrictiva. Tanto desde la oposición como desde el oficialismo se considera que esta medida representa un retroceso en los consensos sanitarios del país. La exministra Karla Rubilar expresó que imponer este tipo de requisitos “desvirtúa la ley, aumenta el sufrimiento y es un grave retroceso”, anticipando una compleja batalla legislativa cuando la Comisión de Salud inicie las votaciones. Fuente: Publimetro
La Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó en general un proyecto de ley que busca sancionar penalmente a las personas que oculten su rostro durante reuniones realizadas en espacios públicos. La iniciativa, impulsada por el diputado del Partido de la Gente, Javier Olivares, ahora continuará su tramitación legislativa. La propuesta apunta a crear el delito de ocultamiento de identidad en contextos de manifestaciones, eventos masivos o reuniones en lugares de uso público. De acuerdo con el texto aprobado, quienes utilicen elementos como capuchas, pañuelos, máscaras, maquillaje u otros recursos destinados a impedir o dificultar su identificación por parte de la autoridad podrían enfrentar penas de presidio menor en su grado mínimo. No obstante, la iniciativa contempla excepciones. Quedarán excluidas de sanción las personas que cubran su rostro por razones de salud, prácticas religiosas o situaciones que puedan ser debidamente justificadas ante la autoridad. “El que, en contexto de reuniones en lugares de uso público, hiciere uso de capuchas, pañuelos, máscaras, maquillaje y otros elementos que cubran, u oculten o simulen su identidad, de manera que se impida o dificulte la identificación por parte de la autoridad, será castigado con la pena de presidio menor en su grado mínimo”, señala el proyecto, según recogió T13. Uno de los aspectos más relevantes del proyecto es que también propone establecer una agravante para quienes cometan delitos mientras mantienen ocultada su identidad. En esos casos, la pena asociada al crimen o simple delito podría aumentar en un grado si se acredita que el imputado utilizó elementos para dificultar su identificación. “Si el imputado fuere sorprendido en la comisión de un crimen o simple delito en el contexto de eventos masivos o reuniones en lugares de uso público, utilizando los elementos descritos en el inciso primero para ocultar o dificultar su identidad, se aplicará la pena asignada al delito respectivo aumentada en su grado”, se detalla. La iniciativa fue respaldada por siete integrantes de la comisión, mientras que cuatro parlamentarios votaron en contra. Pese a su aprobación, durante la discusión surgieron diversas observaciones desde organismos vinculados a la seguridad pública y la protección de derechos fundamentales. Desde Carabineros, el director nacional de Orden y Seguridad, general Rodrigo Espinoza, valoró el objetivo de la propuesta pero advirtió que la redacción actual podría generar problemas de interpretación. Entre sus principales reparos mencionó la falta de certeza jurídica respecto a algunos conceptos utilizados en el proyecto especialmente la definición de “lugar público”. Críticas similares planteó la defensora nacional Verónica Encina quien sostuvo que la iniciativa no identifica con suficiente claridad cuál es el bien jurídico que busca proteger. Además alertó sobre eventuales dificultades para su aplicación dentro del sistema penal y posibles afectaciones a derechos fundamentales. Por su parte el jefe de Protección del Instituto Nacional de Derechos Humanos Sebastián Cabezas expresó inquietudes respecto a la proporcionalidad de la medida y a la forma en que se tipifican las conductas sancionadas. Mientras el debate continúa el proyecto se perfila como una de las iniciativas de seguridad que marcarán la agenda legislativa de los próximos meses. Fuente: Publimetro
El Congreso Nacional ha aprobado de manera definitiva el proyecto de ley denominado “Paga tu pasaje”, una iniciativa destinada a abordar con mayor rigurosidad el problema de la evasión en el transporte público, especialmente en la Región Metropolitana. La Cámara de Diputadas y Diputados ha dado su visto bueno a la propuesta este miércoles, con un amplio respaldo de 145 votos a favor y solo dos abstenciones, luego de aceptar las modificaciones introducidas por el Senado. La nueva normativa tiene como objetivo reducir el elevado nivel de evasión, que alcanza cerca del 40% en Santiago, mediante un sistema que combina una mayor fiscalización, sanciones más severas y un mecanismo inmediato de pago para quienes sean sorprendidos sin cancelar su pasaje. Una de las principales novedades es la implementación de una tarifa recargada. Esto implica que el pasajero sorprendido evadiendo deberá abonar en ese momento un monto superior al pasaje habitual. De esta manera, podrá continuar su trayecto sin ser incluido en el Registro de Evasores del Transporte Público, lo que crea un incentivo para regularizar la situación de forma inmediata. El origen del proyecto se remonta a una moción presentada por el diputado Carlos Bianchi, la cual posteriormente se fusionó con una iniciativa del Ejecutivo durante la administración del Presidente Gabriel Boric. A lo largo de su tramitación, el texto fue mejorado con diversas indicaciones, especialmente desde el Senado. “Basta de la sinvergüenzura de que sólo en la capital, casi el 40% de los usuarios no pagan sus pasajes”, declaró Bianchi, quien también resaltó que esta realidad no se reproduce con la misma intensidad en otras regiones. En su opinión, la nueva ley permitirá revertir esta situación y podría representar ingresos cercanos a los 200 millones de dólares para el Estado. En la misma línea, el diputado Héctor Ulloa enfatizó el impacto que tiene la evasión en el resto del país. “Cuando esos recursos no se recaudan, el Estado tiene que cubrir ese déficit, y eso termina afectando la distribución de los fondos espejo”, afirmó. La normativa también amplía las facultades de fiscalización. Carabineros, inspectores fiscales y municipales, junto con personal de Metro, EFE y operadores de transporte público, estarán autorizados para constatar infracciones y emitir notificaciones. Además, se permitirá el uso de herramientas de autentificación biométrica para identificar a los infractores. Entre otras medidas, se establece que ingresar por puertas traseras sin autorización será considerado presunción de no pago, y el uso indebido de beneficios tarifarios implicará la incautación y destrucción del instrumento utilizado. Asimismo, el sistema de multas dejará de ser tramitado en los juzgados locales y pasará a ser administrado por la División de Fiscalización de la Subsecretaría de Transportes. Aquellos que paguen la multa dentro de 20 días hábiles podrán beneficiarse con un descuento del 50%, mientras que quienes no lo hagan deberán hacer frente al monto máximo. Otro aspecto clave es el endurecimiento de las consecuencias para aquellos incluidos en el Registro de Evasores. A las sanciones actuales —como la suspensión de beneficios tarifarios, licencias de conducir y retención de devoluciones fiscales — se suman nuevas restricciones, como la imposibilidad de asistir a eventos deportivos profesionales, la negativa para obtener pasaporte y limitaciones en permisos residenciales. Además, se extiende la duración de estas sanciones de tres a cinco años y se establecen criterios proporcionales según la gravedad y repetición de la infracción. Fuente: Publimetro
