El Gobierno ingresó este lunes 21 de septiembre urgencia de discusión inmediata al proyecto, que inició su segundo trámite en la Cámara de Diputadas y Diputados. La iniciativa incorporaría gradualmente a trabajadores independientes que cumplan requisitos previsionales, aunque el beneficio todavía no está vigente y podría no cubrir el costo total de la sala cuna. Una diseñadora que emite boletas, una profesional que presta servicios a distintas empresas o un padre que trabaja por cuenta propia podrían ser incorporados al sistema de Sala Cuna Universal que actualmente se discute en el Congreso. El proyecto fue aprobado por el Senado y comenzó su segundo trámite en la Cámara de Diputadas y Diputados. Con la urgencia de discusión inmediata ingresada por el Gobierno, la iniciativa deberá recibir un tratamiento prioritario, aunque todavía puede experimentar modificaciones antes de convertirse en ley. Actualmente, la obligación de proporcionar sala cuna recae, en términos generales, sobre las empresas que cuentan con 20 o más trabajadoras. Quienes prestan servicios genuinamente a honorarios no pueden exigir este beneficio bajo las reglas vigentes, aunque la iniciativa busca abrir una vía de acceso para los trabajadores independientes que coticen. “Para una persona que trabaja a honorarios, lo primero es distinguir entre el derecho vigente y lo que propone el proyecto, actualmente, el Código del Trabajo no contempla este beneficio para trabajadores independientes en los mismos términos que para determinados empleadores. El proyecto abriría una vía de acceso para independientes, pero todavía no permite solicitar el aporte, porque no es ley vigente y exige cumplir requisitos previsionales específicos”, explica Camila Cárdenas, abogada socia de SoyHonorario. La incorporación de los nuevos beneficiarios sería gradual. Según el diseño presentado durante la tramitación, los trabajadores independientes no ingresarían todos al mismo tiempo, mientras que para los padres se contemplan condiciones específicas relacionadas con el cuidado personal del niño o niña. El acceso tampoco operaría solo por emitir una boleta de honorarios. Los trabajadores independientes tendrían que cumplir requisitos de cotización y presentar los antecedentes correspondientes ante el Instituto de Previsión Social. “Que el proyecto se denomine de Sala Cuna Universal no significa que todas las familias puedan acceder de inmediato ni bajo las mismas condiciones. En el caso de los trabajadores independientes, habría que cumplir requisitos de cotización y presentar antecedentes ante el Instituto de Previsión Social. Además, respecto del padre, el proyecto contempla expresamente la hipótesis del cuidado personal exclusivo. Por eso, será necesario revisar la etapa de implementación y el texto que finalmente se apruebe”, señala Cárdenas. La propuesta considera la creación de un Fondo de Sala Cuna que entregaría un aporte destinado al pago de la matrícula y las mensualidades de los establecimientos incorporados al sistema. Sin embargo, el aporte tendría un límite máximo equivalente al establecido para las microempresas. Si la sala cuna escogida cobra una suma superior, la diferencia podría quedar a cargo de la familia. “Para quienes viven de trabajos por proyecto, el monto del aporte será un aspecto relevante. El proyecto contempla que, para los trabajadores independientes, el aporte se calcule sobre el costo efectivo de la matrícula y la mensualidad, pero con un límite máximo equivalente al establecido para las microempresas. Si el costo de la sala cuna supera ese límite, podría existir una diferencia que tendría que asumir la familia. Por eso, antes de tomar decisiones de cuidado o de trabajo sobre la base de este proyecto, conviene esperar la ley definitiva y sus reglas de implementación”, agrega la abogada. Mientras el proyecto continúa su tramitación, las personas que trabajan a honorarios deben considerar que el beneficio todavía no puede solicitarse ni exigirse. Su eventual acceso dependerá de la aprobación de la ley, la etapa de implementación correspondiente, el cumplimiento de las cotizaciones y las condiciones que establezca el texto definitivo. Fuente: Publimetro
El proyecto de ley conocido como “Escucha su corazón” ha generado controversia en diversos sectores políticos, sin embargo, la ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Judith Marín, ha optado por no pronunciarse públicamente al respecto, dejando la decisión en manos del Congreso Nacional. En una entrevista en Emol TV, Marín comentó sobre la moción parlamentaria que busca que las mujeres y niñas escuchen los latidos del embrión o feto antes de acceder a un aborto legal: “Nosotros entendemos que esto es una moción parlamentaria radicada en la Comisión de Salud. Los parlamentarios serán los que se tienen que pronunciar al respecto. Por mi parte puedo recordar y señalar que ya existe una ley que regula esta materia”, afirmó la ministra. La propuesta, presentada por parlamentarios del Partido Nacional Libertario, Republicanos y Renovación Nacional, busca modificar el artículo 119 del Código Sanitario para incluir como requisito previo al aborto que la paciente escuche los latidos del feto si hay actividad cardíaca detectable. Sin embargo, lo polémico de la reforma es que, aunque se establece que la mujer puede rechazar escuchar los latidos, el médico cirujano estaría obligado a negarse a practicar el aborto si ella no accede. Esto convierte la audición en una condición restrictiva para recibir el procedimiento médico. A pesar de que inicialmente se planteó que la propuesta aplicaría a las tres causales vigentes en Chile, el diputado Urruticoechea confirmó que se excluyó la causal de riesgo vital de la madre. Sin embargo, la versión pública en el sitio web de la Cámara de Diputados aún conserva la redacción original restrictiva. Tanto desde la oposición como desde el oficialismo se considera que esta medida representa un retroceso en los consensos sanitarios del país. La exministra Karla Rubilar expresó que imponer este tipo de requisitos “desvirtúa la ley, aumenta el sufrimiento y es un grave retroceso”, anticipando una compleja batalla legislativa cuando la Comisión de Salud inicie las votaciones. Fuente: Publimetro
La Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó en general un proyecto de ley que busca sancionar penalmente a las personas que oculten su rostro durante reuniones realizadas en espacios públicos. La iniciativa, impulsada por el diputado del Partido de la Gente, Javier Olivares, ahora continuará su tramitación legislativa. La propuesta apunta a crear el delito de ocultamiento de identidad en contextos de manifestaciones, eventos masivos o reuniones en lugares de uso público. De acuerdo con el texto aprobado, quienes utilicen elementos como capuchas, pañuelos, máscaras, maquillaje u otros recursos destinados a impedir o dificultar su identificación por parte de la autoridad podrían enfrentar penas de presidio menor en su grado mínimo. No obstante, la iniciativa contempla excepciones. Quedarán excluidas de sanción las personas que cubran su rostro por razones de salud, prácticas religiosas o situaciones que puedan ser debidamente justificadas ante la autoridad. “El que, en contexto de reuniones en lugares de uso público, hiciere uso de capuchas, pañuelos, máscaras, maquillaje y otros elementos que cubran, u oculten o simulen su identidad, de manera que se impida o dificulte la identificación por parte de la autoridad, será castigado con la pena de presidio menor en su grado mínimo”, señala el proyecto, según recogió T13. Uno de los aspectos más relevantes del proyecto es que también propone establecer una agravante para quienes cometan delitos mientras mantienen ocultada su identidad. En esos casos, la pena asociada al crimen o simple delito podría aumentar en un grado si se acredita que el imputado utilizó elementos para dificultar su identificación. “Si el imputado fuere sorprendido en la comisión de un crimen o simple delito en el contexto de eventos masivos o reuniones en lugares de uso público, utilizando los elementos descritos en el inciso primero para ocultar o dificultar su identidad, se aplicará la pena asignada al delito respectivo aumentada en su grado”, se detalla. La iniciativa fue respaldada por siete integrantes de la comisión, mientras que cuatro parlamentarios votaron en contra. Pese a su aprobación, durante la discusión surgieron diversas observaciones desde organismos vinculados a la seguridad pública y la protección de derechos fundamentales. Desde Carabineros, el director nacional de Orden y Seguridad, general Rodrigo Espinoza, valoró el objetivo de la propuesta pero advirtió que la redacción actual podría generar problemas de interpretación. Entre sus principales reparos mencionó la falta de certeza jurídica respecto a algunos conceptos utilizados en el proyecto especialmente la definición de “lugar público”. Críticas similares planteó la defensora nacional Verónica Encina quien sostuvo que la iniciativa no identifica con suficiente claridad cuál es el bien jurídico que busca proteger. Además alertó sobre eventuales dificultades para su aplicación dentro del sistema penal y posibles afectaciones a derechos fundamentales. Por su parte el jefe de Protección del Instituto Nacional de Derechos Humanos Sebastián Cabezas expresó inquietudes respecto a la proporcionalidad de la medida y a la forma en que se tipifican las conductas sancionadas. Mientras el debate continúa el proyecto se perfila como una de las iniciativas de seguridad que marcarán la agenda legislativa de los próximos meses. Fuente: Publimetro
El Gobierno ingresó este lunes 21 de septiembre urgencia de discusión inmediata al proyecto, que inició su segundo trámite en la Cámara de Diputadas y Diputados. La iniciativa incorporaría gradualmente a trabajadores independientes que cumplan requisitos previsionales, aunque el beneficio todavía no está vigente y podría no cubrir el costo total de la sala cuna. Una diseñadora que emite boletas, una profesional que presta servicios a distintas empresas o un padre que trabaja por cuenta propia podrían ser incorporados al sistema de Sala Cuna Universal que actualmente se discute en el Congreso. El proyecto fue aprobado por el Senado y comenzó su segundo trámite en la Cámara de Diputadas y Diputados. Con la urgencia de discusión inmediata ingresada por el Gobierno, la iniciativa deberá recibir un tratamiento prioritario, aunque todavía puede experimentar modificaciones antes de convertirse en ley. Actualmente, la obligación de proporcionar sala cuna recae, en términos generales, sobre las empresas que cuentan con 20 o más trabajadoras. Quienes prestan servicios genuinamente a honorarios no pueden exigir este beneficio bajo las reglas vigentes, aunque la iniciativa busca abrir una vía de acceso para los trabajadores independientes que coticen. “Para una persona que trabaja a honorarios, lo primero es distinguir entre el derecho vigente y lo que propone el proyecto, actualmente, el Código del Trabajo no contempla este beneficio para trabajadores independientes en los mismos términos que para determinados empleadores. El proyecto abriría una vía de acceso para independientes, pero todavía no permite solicitar el aporte, porque no es ley vigente y exige cumplir requisitos previsionales específicos”, explica Camila Cárdenas, abogada socia de SoyHonorario. La incorporación de los nuevos beneficiarios sería gradual. Según el diseño presentado durante la tramitación, los trabajadores independientes no ingresarían todos al mismo tiempo, mientras que para los padres se contemplan condiciones específicas relacionadas con el cuidado personal del niño o niña. El acceso tampoco operaría solo por emitir una boleta de honorarios. Los trabajadores independientes tendrían que cumplir requisitos de cotización y presentar los antecedentes correspondientes ante el Instituto de Previsión Social. “Que el proyecto se denomine de Sala Cuna Universal no significa que todas las familias puedan acceder de inmediato ni bajo las mismas condiciones. En el caso de los trabajadores independientes, habría que cumplir requisitos de cotización y presentar antecedentes ante el Instituto de Previsión Social. Además, respecto del padre, el proyecto contempla expresamente la hipótesis del cuidado personal exclusivo. Por eso, será necesario revisar la etapa de implementación y el texto que finalmente se apruebe”, señala Cárdenas. La propuesta considera la creación de un Fondo de Sala Cuna que entregaría un aporte destinado al pago de la matrícula y las mensualidades de los establecimientos incorporados al sistema. Sin embargo, el aporte tendría un límite máximo equivalente al establecido para las microempresas. Si la sala cuna escogida cobra una suma superior, la diferencia podría quedar a cargo de la familia. “Para quienes viven de trabajos por proyecto, el monto del aporte será un aspecto relevante. El proyecto contempla que, para los trabajadores independientes, el aporte se calcule sobre el costo efectivo de la matrícula y la mensualidad, pero con un límite máximo equivalente al establecido para las microempresas. Si el costo de la sala cuna supera ese límite, podría existir una diferencia que tendría que asumir la familia. Por eso, antes de tomar decisiones de cuidado o de trabajo sobre la base de este proyecto, conviene esperar la ley definitiva y sus reglas de implementación”, agrega la abogada. Mientras el proyecto continúa su tramitación, las personas que trabajan a honorarios deben considerar que el beneficio todavía no puede solicitarse ni exigirse. Su eventual acceso dependerá de la aprobación de la ley, la etapa de implementación correspondiente, el cumplimiento de las cotizaciones y las condiciones que establezca el texto definitivo. Fuente: Publimetro
El proyecto de ley conocido como “Escucha su corazón” ha generado controversia en diversos sectores políticos, sin embargo, la ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Judith Marín, ha optado por no pronunciarse públicamente al respecto, dejando la decisión en manos del Congreso Nacional. En una entrevista en Emol TV, Marín comentó sobre la moción parlamentaria que busca que las mujeres y niñas escuchen los latidos del embrión o feto antes de acceder a un aborto legal: “Nosotros entendemos que esto es una moción parlamentaria radicada en la Comisión de Salud. Los parlamentarios serán los que se tienen que pronunciar al respecto. Por mi parte puedo recordar y señalar que ya existe una ley que regula esta materia”, afirmó la ministra. La propuesta, presentada por parlamentarios del Partido Nacional Libertario, Republicanos y Renovación Nacional, busca modificar el artículo 119 del Código Sanitario para incluir como requisito previo al aborto que la paciente escuche los latidos del feto si hay actividad cardíaca detectable. Sin embargo, lo polémico de la reforma es que, aunque se establece que la mujer puede rechazar escuchar los latidos, el médico cirujano estaría obligado a negarse a practicar el aborto si ella no accede. Esto convierte la audición en una condición restrictiva para recibir el procedimiento médico. A pesar de que inicialmente se planteó que la propuesta aplicaría a las tres causales vigentes en Chile, el diputado Urruticoechea confirmó que se excluyó la causal de riesgo vital de la madre. Sin embargo, la versión pública en el sitio web de la Cámara de Diputados aún conserva la redacción original restrictiva. Tanto desde la oposición como desde el oficialismo se considera que esta medida representa un retroceso en los consensos sanitarios del país. La exministra Karla Rubilar expresó que imponer este tipo de requisitos “desvirtúa la ley, aumenta el sufrimiento y es un grave retroceso”, anticipando una compleja batalla legislativa cuando la Comisión de Salud inicie las votaciones. Fuente: Publimetro
La Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó en general un proyecto de ley que busca sancionar penalmente a las personas que oculten su rostro durante reuniones realizadas en espacios públicos. La iniciativa, impulsada por el diputado del Partido de la Gente, Javier Olivares, ahora continuará su tramitación legislativa. La propuesta apunta a crear el delito de ocultamiento de identidad en contextos de manifestaciones, eventos masivos o reuniones en lugares de uso público. De acuerdo con el texto aprobado, quienes utilicen elementos como capuchas, pañuelos, máscaras, maquillaje u otros recursos destinados a impedir o dificultar su identificación por parte de la autoridad podrían enfrentar penas de presidio menor en su grado mínimo. No obstante, la iniciativa contempla excepciones. Quedarán excluidas de sanción las personas que cubran su rostro por razones de salud, prácticas religiosas o situaciones que puedan ser debidamente justificadas ante la autoridad. “El que, en contexto de reuniones en lugares de uso público, hiciere uso de capuchas, pañuelos, máscaras, maquillaje y otros elementos que cubran, u oculten o simulen su identidad, de manera que se impida o dificulte la identificación por parte de la autoridad, será castigado con la pena de presidio menor en su grado mínimo”, señala el proyecto, según recogió T13. Uno de los aspectos más relevantes del proyecto es que también propone establecer una agravante para quienes cometan delitos mientras mantienen ocultada su identidad. En esos casos, la pena asociada al crimen o simple delito podría aumentar en un grado si se acredita que el imputado utilizó elementos para dificultar su identificación. “Si el imputado fuere sorprendido en la comisión de un crimen o simple delito en el contexto de eventos masivos o reuniones en lugares de uso público, utilizando los elementos descritos en el inciso primero para ocultar o dificultar su identidad, se aplicará la pena asignada al delito respectivo aumentada en su grado”, se detalla. La iniciativa fue respaldada por siete integrantes de la comisión, mientras que cuatro parlamentarios votaron en contra. Pese a su aprobación, durante la discusión surgieron diversas observaciones desde organismos vinculados a la seguridad pública y la protección de derechos fundamentales. Desde Carabineros, el director nacional de Orden y Seguridad, general Rodrigo Espinoza, valoró el objetivo de la propuesta pero advirtió que la redacción actual podría generar problemas de interpretación. Entre sus principales reparos mencionó la falta de certeza jurídica respecto a algunos conceptos utilizados en el proyecto especialmente la definición de “lugar público”. Críticas similares planteó la defensora nacional Verónica Encina quien sostuvo que la iniciativa no identifica con suficiente claridad cuál es el bien jurídico que busca proteger. Además alertó sobre eventuales dificultades para su aplicación dentro del sistema penal y posibles afectaciones a derechos fundamentales. Por su parte el jefe de Protección del Instituto Nacional de Derechos Humanos Sebastián Cabezas expresó inquietudes respecto a la proporcionalidad de la medida y a la forma en que se tipifican las conductas sancionadas. Mientras el debate continúa el proyecto se perfila como una de las iniciativas de seguridad que marcarán la agenda legislativa de los próximos meses. Fuente: Publimetro
