Primer Tribunal Ambiental mantiene aprobación del proyecto minero Playa Verde en Chañaral tras rechazar reclamación ciudadana
La instancia judicial desestimó en todas sus partes la acción presentada contra la resolución del Comité de Ministros que calificó favorablemente la iniciativa de Minera Playa Verde SpA, determinando que no se acreditaron riesgos para la salud de la población asociados al proyecto.
El Primer Tribunal Ambiental rechazó íntegramente la reclamación presentada por el vecino Manuel Cortés Alfaro en contra de la resolución del Comité de Ministros que aprobó ambientalmente el proyecto minero “Playa Verde”, iniciativa impulsada por Minera Playa Verde SpA y emplazada en la comuna de Chañaral, Región de Atacama.
La acción judicial cuestionaba diversos aspectos de la evaluación ambiental del proyecto, entre ellos los eventuales impactos sobre la salud de la población, el medio marino, los recursos hídricos y el Sitio Prioritario Quebrada Peralillo.Sin embargo, el tribunal determinó que parte de estas materias no podían ser analizadas en sede judicial, debido a que el reclamante no agotó previamente la vía administrativa correspondiente.
La sentencia recordó que los tribunales ambientales tienen una función revisora, por lo que solo pueden pronunciarse respecto de asuntos que hayan sido sometidos previamente al conocimiento de la autoridad administrativa.De esta manera, el análisis del fallo quedó concentrado en la evaluación del eventual riesgo para la salud de la población asociado al manejo de las arenas de retorno del proyecto.
En este punto, el Primer Tribunal Ambiental descartó la existencia de un riesgo sanitario, señalando que los antecedentes incorporados durante la evaluación ambiental eran suficientes para respaldar la decisión del Comité de Ministros.
Uno de los elementos centrales considerados fue el compromiso ambiental voluntario presentado por la empresa titular, que establece que las arenas retornadas a playa Grande de Chañaral, luego del proceso de beneficio minero, no podrán superar una concentración máxima de 47 miligramos de arsénico por kilogramo, cifra que representa una reducción superior al 50% respecto de la concentración basal registrada en el sector.
Además, la sentencia valoró las medidas complementarias establecidas para asegurar el cumplimiento de esta condición, como un plan de monitoreo ambiental del arsénico, la prohibición de disponer material que supere el límite permitido, la aplicación de medidas correctivas inmediatas y la caracterización de la peligrosidad de los residuos.
Respecto de otros metales pesados y metaloides presentes en las arenas de retorno, el tribunal indicó que existían antecedentes técnicos suficientes para analizar sus concentraciones y compararlas con estándares internacionales, calificando como no esencial la falta de un pronunciamiento específico del Comité de Ministros sobre cada uno de estos elementos.
Con esta resolución, el Primer Tribunal Ambiental confirmó la decisión administrativa que mantiene la calificación favorable del proyecto minero Playa Verde. El fallo fue dictado por los ministros Alamiro Alfaro Zepeda, presidente; Sandra Álvarez Torres y Marcelo Hernández Rojas, quien estuvo a cargo de la redacción.
Antecedentes del proyectoEl proyecto Playa Verde había sido aprobado originalmente en noviembre de 2018. Posteriormente, en abril de 2021, el Comité de Ministros acogió parcialmente una reclamación administrativa y ordenó complementar la evaluación ambiental.
Tras dicho proceso, la Comisión de Evaluación Ambiental de Atacama calificó desfavorablemente la iniciativa en febrero de 2024. No obstante, luego de una nueva reclamación presentada por el titular, el Comité de Ministros resolvió aprobar nuevamente el proyecto, incorporando compromisos ambientales adicionales.
La iniciativa contempla la extracción mediante dragado de antiguos relaves depositados en playa Grande de Chañaral, su procesamiento para la recuperación de cobre y la posterior restitución de arenas de retorno al borde costero, con el objetivo de mejorar las condiciones ambientales de una zona históricamente afectada por la disposición de residuos mineros.
El proyecto considera una vida útil estimada de nueve años y una inversión de 95 millones de dólares.
La instancia judicial desestimó en todas sus partes la acción presentada contra la resolución del Comité de Ministros que calificó favorablemente la iniciativa de Minera Playa Verde SpA, determinando que no se acreditaron riesgos para la salud de la población asociados al proyecto.
