Fiscalización de la DGA a obras preventivas en Tierra Amarilla genera cuestionamientos por parte del municipio y críticas al Gobierno

En medio del sistema frontal que afecta a la Región de Atacama, la fiscalización realizada por la Dirección General de Aguas, DGA, a trabajos preventivos ejecutados por la Municipalidad de Tierra Amarilla en el sector del río Copiapó generó una fuerte controversia entre el municipio y autoridades de Gobierno.

De acuerdo con los antecedentes de la fiscalización proporcionados por el Municipio de Tierra Amarilla, profesionales de la DGA Atacama realizaron una visita inspectiva para verificar presuntas modificaciones en obras de cauce asociadas a trabajos de despeje y mitigación efectuados por el municipio a la altura del Puente Ojanco.

Uno de los aspectos que genera cuestionamientos es que el propio documento de la DGA señala que los antecedentes que dieron origen a la fiscalización correspondían a “información proporcionada por Seremi MOP”.

En el punto inspeccionado se constató la existencia de una cámara de aproximadamente 1,1 por 1,9 metros, conectada a una tubería de 19 pulgadas ubicada a una altura de 1,5 metros. 

El informe señala además que el paso de agua desde el río hacia la cámara se encontraba obstruido mediante sacos de arena.

Desde el municipio se sostiene que esta medida fue adoptada de manera preventiva luego de la rotura y obstrucción de la tubería, con el objetivo de evitar un colapso de las cámaras y un eventual desborde hacia sectores donde se encuentran canales e infraestructura de riego, entre ellos Margarita Rocco, Miguel Lemeur y Canal Mal Paso.

Según los antecedentes entregados, el monitoreo posterior habría permitido verificar que los niveles de agua se mantuvieron estables, lo que, a juicio del municipio, demostraría la efectividad de la medida adoptada durante la emergencia.

Otro punto de controversia se relaciona con las instrucciones emanadas desde la Seremi de Obras Públicas, que habría solicitado adoptar medidas para impedir el ingreso de agua y sedimentos del río Copiapó a la infraestructura expuesta. 

El municipio sostiene que precisamente esa acción ya había sido ejecutada y constatada durante la inspección de la DGA.La fiscalización también considera como antecedente la Resolución Exenta N.º 698, que establece medidas preventivas para la operación de canales, embalses y tranques durante períodos de precipitaciones en la Región de Atacama.

Sin embargo, desde Tierra Amarilla se plantea que el problema no se habría originado simplemente por la operación de las bocatomas, sino por la obstrucción y posterior rotura de una tubería que generaba un riesgo ante el aumento del caudal del río Copiapó.

El documento de la DGA hace referencia a eventuales infracciones a los artículos 32 y 41 del Código de Aguas, relacionados con la autorización de obras, además del artículo 171, que contempla la presentación previa de proyectos para determinadas intervenciones. 

La Municipalidad de Tierra Amarilla cuenta con ocho días hábiles para presentar sus descargos.

A esto se suma un segundo antecedente que podría ser relevante para determinar las causas de la emergencia: el informe plantea un eventual incumplimiento en la instalación de la tubería que transporta agua hacia los regantes, la que se encontraría a una altura distinta de la señalada en los antecedentes técnicos. La instalación de dicha infraestructura corresponde a la Junta de Vigilancia del Río Copiapó.

CRÍTICAS DEL ALCALDE AL GOBIERNO

Tras conocerse la fiscalización, el alcalde de Tierra Amarilla, Cristóbal Zúñiga, lanzó duras críticas contra el Gobierno y cuestionó que funcionarios de la DGA hayan concurrido al lugar para fiscalizar los trabajos realizados por el municipio en plena emergencia.

“Estamos muy consternados en Tierra Amarilla por lo que ha hecho el Gobierno”, afirmó el jefe comunal.

El alcalde calificó como “inaudito” que durante la emergencia se enviaran funcionarios a cursar una infracción a la Municipalidad por trabajos que, según sostuvo, tenían como finalidad evitar un desborde y proteger a la comunidad.Zúñiga también apuntó sus críticas hacia la delegada presidencial Sofía Cid, a quien acusó de no haber mantenido una coordinación adecuada con el municipio durante la emergencia.

Mientras la DGA sostiene que existen antecedentes que podrían configurar infracciones al Código de Aguas y otorgó al municipio un plazo para presentar sus descargos, desde Tierra Amarilla defienden las intervenciones como medidas de emergencia destinadas a reducir riesgos para la población.

La controversia deberá ahora resolverse con los descargos municipales y los antecedentes técnicos que permitan determinar si las obras ejecutadas correspondían a una intervención ilegal del cauce o a una acción preventiva realizada en el contexto de una emergencia.