Agricultores de Alto del Carmen recurren al Primer Tribunal Ambiental por resolución vinculada a Pascua Lama
Cinco agricultores de la comuna de Alto del Carmen presentaron una reclamación contra la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), cuestionando la decisión del organismo de rechazar un recurso de reposición relacionado con la reclasificación de dos infracciones y el cumplimiento de la sentencia que confirmó la clausura definitiva del proyecto Pascua Lama.
Cinco agricultores de la comuna de Alto del Carmen, en la Región de Atacama, presentaron una reclamación ante el Primer Tribunal Ambiental en contra de la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), acción que fue admitida a trámite y que busca impugnar una resolución vinculada al cumplimiento de la sentencia que confirmó la clausura definitiva del proyecto Pascua Lama, cuyo titular es Compañía Minera Nevada SpA, filial de Barrick.
Los antecedentes se remontan al procedimiento sancionatorio iniciado por la SMA debido a diversos incumplimientos asociados a la ejecución del proyecto minero. En enero de 2018, el organismo fiscalizador puso término al procedimiento e impuso más de 30 sanciones a la compañía, decisión que posteriormente fue reclamada ante el Primer Tribunal Ambiental.
El 17 de septiembre de 2020, el tribunal dictó sentencia en la causa Rol R-5-2018, acumulada con la causa Rol R-6-2018, confirmando la clausura definitiva de Pascua Lama. Al mismo tiempo, acogió parcialmente la reclamación presentada por la empresa y ordenó la reclasificación de los cargos 4 y 23.2.Estos cargos estaban relacionados, entre otros aspectos, con la intervención de 13,8 hectáreas de la especie Azorella madreporica y de 2,16 hectáreas de vegas altoandinas por sobre lo autorizado, además de deficiencias en la construcción de una obra asociada a un canal perimetral.
En noviembre de 2024, la SMA dictó la Resolución Exenta N° 2.144, mediante la cual reclasificó ambos cargos como infracciones leves. Asimismo, aplicó el principio de prohibición de la reformatio in peius, que busca impedir que quien recurre contra una decisión termine en una situación más desfavorable, determinando que no correspondía imponer nuevas sanciones a la empresa. Los agricultores solicitaron posteriormente la reconsideración de esta decisión mediante un recurso de reposición. Sin embargo, la SMA rechazó dicho recurso en junio de 2026, situación que dio origen a la reclamación actualmente sometida al conocimiento del Primer Tribunal Ambiental.
Cuestionamientos de los agricultores
Entre los principales argumentos planteados por los reclamantes se encuentra el cuestionamiento a la aplicación del principio de prohibición de la reformatio in peius. A su juicio, dicho principio no permitiría eximir de sanción los cargos 4 y 23.2 y sostienen que la sentencia dictada en 2020 habría ordenado no solo recalificar ambas infracciones, sino también determinar las sanciones correspondientes.
Los agricultores también controvierten la decisión de la SMA de clasificar ambos cargos como infracciones leves. En este sentido, sostienen que las resoluciones del organismo fiscalizador carecerían de fundamentos suficientes para descartar que estas conductas pudieran ser calificadas como graves o gravísimas.
Otro de los puntos planteados en la reclamación se relaciona con el Sistema de Manejo de Aguas del proyecto Pascua Lama. Los recurrentes sostienen que continúa vigente la obligación de construir dicho sistema en los términos establecidos en las autorizaciones ambientales del proyecto y cuestionan la interpretación de la SMA respecto de que la clausura definitiva sería incompatible con su implementación íntegra.
En función de estos antecedentes, los cinco agricultores solicitaron al Primer Tribunal Ambiental acoger la reclamación, revocar la resolución impugnada y ordenar a la Superintendencia del Medio Ambiente cumplir conforme a derecho lo establecido en la sentencia dictada el 17 de septiembre de 2020.
La causa fue admitida a tramitación por el tribunal, que solicitó a la SMA informar respecto de los fundamentos de su decisión y acompañar los antecedentes correspondientes para continuar con la tramitación del proceso.
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