Ministra Vallejo critica polémica 'norma de amarre' como propaganda ficticia

La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, respondió contundentemente a las acusaciones políticas por una supuesta “norma de amarre” incluida en el proyecto de reajuste del sector público, calificando las críticas de la oposición como parte de una “propaganda que es ficticia”.

La polémica se ha centrado en una disposición del proyecto que establece requisitos más estrictos para la desvinculación de funcionarios públicos de carrera. Sus críticos, principalmente parlamentarios de Chile Vamos, han denunciado que esta medida dificultaría la gestión del próximo gobierno entrante al limitar su capacidad de realizar cambios en la planta funcionaria, y la han denominado como norma de “amarre”.

Sin embargo, durante un punto de prensa, la ministra Vallejo afirmó que no existe tal “amarre” en la ley, y que esa caracterización corresponde a una caricatura reproducida en campañas de la oposición más que a la realidad de la normativa. “Esta caricatura que se construyó de la supuesta ley de amarre es una propaganda que es ficticia”, afirmó.

La secretaria de Estado explicó que el gobierno ha sido claro al señalar que los asesores políticos y de confianza terminan sus funciones con el cambio de administración, y que la normativa en discusión está dirigida a funcionarios públicos de carrera, quienes pueden estar sujetos a desvinculaciones basadas en actos administrativos fundados.

Además, Vallejo señaló que parte del debate se ha tergiversado debido a la intencionalidad de ciertos actores de instalar un relato que, a su juicio, busca dañar la percepción pública del proyecto de reajuste del sector público. “El nivel de propaganda para dañar una ley de ajuste… ha sido muy agresiva”, agregó, instando a que la discusión se centre en evidencia y argumentos y no en simplificaciones que distorsionan la realidad del texto legal.

El proyecto del Ejecutivo, respaldado también por explicaciones del ministro de Hacienda, Nicolás Grau, ha sido defendido por autoridades del Gobierno como una forma de establecer criterios objetivos para fundamentar despidos de funcionarios de carrera, sin impedir la capacidad de hacer ajustes cuando corresponda.