Desarticulan laboratorio de popper en Chile

En una acción inédita para la seguridad nacional, las autoridades policiales e interinstitucionales desmantelaron una estructura clandestina dedicada a la producción y distribución de popper en la zona central del país. El operativo culminó con la detención de tres ciudadanos chilenos, quienes lideraban las operaciones de la organización ilícita.

De acuerdo con las indagatorias de la PDI, la banda obtenía precursores químicos en diversos puntos de la Región Metropolitana y los trasladaba hacia la Región de Valparaíso. En dicha zona costera funcionaba el laboratorio clandestino donde se elaboraba la sustancia narcótica, la cual era posteriormente comercializada y distribuida en distintas comunas de la zona central.

El origen del procedimiento judicial se remonta a una serie de fiscalizaciones preventivas realizadas por el Servicio Nacional de Aduanas en el Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez. Durante las revisiones de rutina, los funcionarios detectaron la llegada continua de frascos, etiquetas y cajas que, si bien de forma individual no constituían elementos prohibidos, encendieron las alarmas por su vinculación con la fabricación de sustancias ilícitas.

A raíz de este hallazgo, el director regional de Aduana Metropolitana, Rodrigo Díaz, detalló que en este caso particular se identificaron más de 100 envíos asociados a los insumos utilizados por la red criminal. Asimismo, la autoridad precisó que durante los últimos dos años los controles fronterizos han incautado cerca de 10.000 unidades de popper en el país.

Tras la alerta inicial levantada por Aduanas, la Fiscalía de Análisis Criminal Occidente junto a la PDI desarrollaron una indagatoria que se extendió durante varios meses. El trabajo de inteligencia permitió identificar a los integrantes de la banda, las empresas asociadas a la importación y la ubicación exacta del recinto en la quinta región.

El jefe (s) Nacional Contra el Crimen Organizado de la PDI, Johnny Fica, destacó la eficacia del trabajo coordinado entre los organismos del Estado. Por su parte, el fiscal Daniel Contreras valoró la detección temprana de materiales que parecían inofensivos, pero que estaban destinados a la comercialización de este tipo de droga y la generación de riesgos para la salud pública.