Cambios clave acelerarán expulsiones en Chile

En una votación que contó con 35 votos a favor y 1 en contra, el Senado aprobó en general un proyecto de ley que tiene como objetivo perfeccionar el procedimiento de expulsión administrativa. Esta iniciativa se encuentra actualmente en segundo trámite constitucional y se espera que las indicaciones puedan presentarse hasta el 29 de abril de 2026.

El principal propósito de esta medida es hacer frente al incremento del ingreso irregular, especialmente a través de la frontera norte, así como a la acumulación de miles de órdenes pendientes. En este contexto, el proyecto busca fortalecer las herramientas del Estado para mejorar la ejecución de las expulsiones y reforzar la seguridad pública.

Uno de los aspectos destacados durante la discusión fue la necesidad de abordar lo que se ha denominado como una crisis migratoria, la cual ha tenido impacto en los servicios públicos y en la percepción de seguridad.

En cuanto a los cambios propuestos, se destaca el fortalecimiento de las atribuciones del Subsecretario del Interior. Según lo explicado en el Senado, se busca "fortalecer las competencias de la Subsecretaría del Interior en la mantención del orden público y de la seguridad tanto interior como exterior; facilitar la ejecución de las expulsiones administrativas y el registro de datos biométricos de extranjeros en situación migratoria irregular".

Además, se contempla la posibilidad de decretar expulsiones no solo por razones de seguridad interior o exterior, sino también por motivos de orden público, ampliando así el alcance de acción de la autoridad competente.

Otro punto relevante es el refuerzo del rol de la Policía de Investigaciones (PDI), permitiéndole ingresar a domicilios de personas con orden de expulsión previa autorización del Subsecretario del Interior. Esta medida incluye un control posterior por parte de la Corte de Apelaciones para verificar la legalidad del procedimiento.

El proyecto también introduce la figura de expulsión inmediata para extranjeros formalizados o acusados por delitos simples, previa autorización judicial. En estos casos, el tribunal podrá dictar el sobreseimiento definitivo tras la expulsión, además se contemplan ajustes para reducir los plazos judiciales con el fin de agilizar los procesos.

Otras medidas incluyen la obligatoriedad del registro de datos biométricos a extranjeros mayores de 18 años en situación irregular, así como un endurecimiento en las sanciones con un aumento del plazo mínimo de prohibición de reingreso al país y una estrategia para reconducir y disuadir el ingreso por pasos no habilitados.

A pesar del amplio respaldo que ha recibido en el Senado, el proyecto también ha sido objeto de críticas. Durante el debate, se mencionó que "este proyecto surge por la necesidad de concretar 44 mil procesos de expulsión que hoy están pendientes". La senadora Beatriz Sánchez expresó su voto en contra argumentando que "el proyecto polarizará más al país (...) y crea un Estado de persecución".

La iniciativa continuará su tramitación en particular, donde podrían incorporarse modificaciones antes de su eventual aprobación definitiva.