El director de migraciones, Frank Sauerbaum, estimó que la cantidad de niños haitianos víctimas de tráfico y que habrían ingresado de manera irregular a Chile supera los 200. Durante la jornada del martes 16 de junio, Sauerbaum hizo esta declaración, destacando la gravedad del problema. Sauerbaum también mencionó que el Servicio Nacional de Migraciones presentó una denuncia por posible tráfico de menores de origen haitiano al país. Esta situación ha generado preocupación en el gobierno, que está analizando detenidamente el tema. Por su parte, Luis Eduardo Thayer, exdirector de migraciones, reveló detalles alarmantes sobre la situación. En el año 2023 detectamos que había algunos vuelos desde Haití que venían en condiciones de traslado de niños de manera precaria. Hicimos en enero de 2023 una primera denuncia al Ministerio Público por posible delito de trata y tráfico en contra de las agencias, las líneas aéreas y quienes resulten responsables, expresó Thayer durante una entrevista con Canal 14 Horas. La denuncia ha tenido un fuerte impacto en el ámbito político. Parlamentarios republicanos han manifestado su intención de crear una Comisión Especial para investigar el posible ingreso irregular de ciudadanos haitianos a Chile desde 2014 hasta la fecha. La preocupación por la vulnerabilidad de estos menores y la gravedad del delito han llevado a tomar medidas urgentes para abordar esta problemática. Fuente: Publimetro
En una votación que contó con 35 votos a favor y 1 en contra, el Senado aprobó en general un proyecto de ley que tiene como objetivo perfeccionar el procedimiento de expulsión administrativa. Esta iniciativa se encuentra actualmente en segundo trámite constitucional y se espera que las indicaciones puedan presentarse hasta el 29 de abril de 2026. El principal propósito de esta medida es hacer frente al incremento del ingreso irregular, especialmente a través de la frontera norte, así como a la acumulación de miles de órdenes pendientes. En este contexto, el proyecto busca fortalecer las herramientas del Estado para mejorar la ejecución de las expulsiones y reforzar la seguridad pública. Uno de los aspectos destacados durante la discusión fue la necesidad de abordar lo que se ha denominado como una crisis migratoria, la cual ha tenido impacto en los servicios públicos y en la percepción de seguridad. En cuanto a los cambios propuestos, se destaca el fortalecimiento de las atribuciones del Subsecretario del Interior. Según lo explicado en el Senado, se busca fortalecer las competencias de la Subsecretaría del Interior en la mantención del orden público y de la seguridad tanto interior como exterior; facilitar la ejecución de las expulsiones administrativas y el registro de datos biométricos de extranjeros en situación migratoria irregular. Además, se contempla la posibilidad de decretar expulsiones no solo por razones de seguridad interior o exterior, sino también por motivos de orden público, ampliando así el alcance de acción de la autoridad competente. Otro punto relevante es el refuerzo del rol de la Policía de Investigaciones (PDI), permitiéndole ingresar a domicilios de personas con orden de expulsión previa autorización del Subsecretario del Interior. Esta medida incluye un control posterior por parte de la Corte de Apelaciones para verificar la legalidad del procedimiento. El proyecto también introduce la figura de expulsión inmediata para extranjeros formalizados o acusados por delitos simples, previa autorización judicial. En estos casos, el tribunal podrá dictar el sobreseimiento definitivo tras la expulsión, además se contemplan ajustes para reducir los plazos judiciales con el fin de agilizar los procesos. Otras medidas incluyen la obligatoriedad del registro de datos biométricos a extranjeros mayores de 18 años en situación irregular, así como un endurecimiento en las sanciones con un aumento del plazo mínimo de prohibición de reingreso al país y una estrategia para reconducir y disuadir el ingreso por pasos no habilitados. A pesar del amplio respaldo que ha recibido en el Senado, el proyecto también ha sido objeto de críticas. Durante el debate, se mencionó que este proyecto surge por la necesidad de concretar 44 mil procesos de expulsión que hoy están pendientes. La senadora Beatriz Sánchez expresó su voto en contra argumentando que el proyecto polarizará más al país (...) y crea un Estado de persecución. La iniciativa continuará su tramitación en particular, donde podrían incorporarse modificaciones antes de su eventual aprobación definitiva. Fuente: Publimetro
El cardenal y arzobispo de Santiago, Fernando Chomali, expresó su preocupación ante el proyecto de ley presentado por el gobierno de José Antonio Kast, que busca penalizar el ingreso irregular a Chile. En sus palabras, querer cuidar la vida propia o la vida de la familia, no es un delito bajo ningún punto de vista. Chomalí hizo hincapié en que las medidas que se tomen tienen que ser respetuosas de la dignidad humana y destacó la importancia de distinguir entre quienes ya se encuentran en el país y aquellos que ingresan de manera irregular. Asimismo, el arzobispo señaló la necesidad de considerar la baja natalidad en Chile y el aumento de la población adulta mayor que requiere cuidados. En sus palabras, necesitamos mayor población en Chile para garantizar el funcionamiento del país. En relación con la migración, Chomali enfatizó que es un estado de necesidad para muchas personas y no debe ser considerado como un delito. Subrayó que es fundamental reconocer la dignidad de cada individuo, independientemente de su condición migratoria. Respecto a la propuesta de retirar beneficios sociales a los migrantes en situación irregular, el cardenal recalcó que una persona migrante tiene una dignidad que merece ser respetada y que el acceso a los bienes sociales es un derecho previo a su condición migratoria. En conclusión, Chomali afirmó que si bien los países tienen derecho a proteger sus fronteras, es fundamental hacerlo respetando la dignidad de cada persona. Destacó la importancia de implementar medidas persuasivas sin perder de vista el valor intrínseco de cada individuo. Fuente: Publimetro
El presidente estadounidense, Donald Trump, asegura haber conseguido récords históricos en las expulsiones de extranjeros del país, aunque las cifras no son del todo claras o hay diferentes formas de interpretarlas. Por ejemplo, un comunicado de prensa del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) indica que “durante el primer año del presidente Trump en el cargo, casi tres millones de inmigrantes indocumentados abandonaron Estados Unidos, incluyendo alrededor de 2,2 millones de deportaciones voluntarias y más de 675.000 deportaciones forzadas”. Sin embargo, existen muchas dudas en torno a los números reales de las deportaciones, sobre todo porque las agencias encargadas de la inmigración en Estados Unidos han dejado de publicar datos específicos sobre sus operaciones. OPACIDAD Aunado a la opacidad de las cifras, que el mandatario estadounidense ha descrito como “históricas”, no está claro qué se ha incluido en los datos, ya que no existe una definición legal del término deportación. Es decir, es probable que la cifra de deportaciones difundidas a través de canales oficiales incluya a los no ciudadanos a quienes se les negó la entrada en las fronteras y aeropuertos de Estados Unidos, aunque no hay certeza ni desglose de números. “La limitada divulgación de datos sobre la aplicación de las leyes de inmigración impide saber con certeza a quiénes se está contabilizando y cómo”, dijo a Metro World News el analista político David Saucedo, agregando que incluso los datos de deportaciones forzadas que ha difundido el mandatario estadounidense están por debajo de las deportaciones forzadas de sus dos antecesores, Joe Biden (2020-2024) y Barack Obama (2008-2016). “Y es que el discurso incendiario del presidente Trump no se ha visto acompañado de los recursos humanos y financieros que serían necesarios para llevar a cabo la cruzada deseada contra la inmigración, de un millón de expulsados anuales”, agrega el experto. LO QUE VIENE Respecto a lo que podría darse el resto del segundo mandato de Trump en materia de deportaciones, David Saucedo comenta que tanto el discurso como las acciones del mandatario podrían radicalizarse rumbo a las elecciones intermedias de noviembre, con el objetivo de sumar votos en las urnas a favor propio y de su partido. “Al discurso de odio, racismo y xenofobia de 2024, le faltaron los recursos necesarios, como ocurrió cuando en 2016, en su primer mandato, cuando habló de la construcción de un gran muro a lo largo de la frontera con México y tampoco le asignó o no le autorizaron los recursos para llevarlo a cabo, salvo algunos tramos”, añade. No obstante, eso puede ser un arma de dos filos, ya que si no logra dicho objetivo “es es probable que se suavicen algunas de sus posturas y que haga ajustes, tal como sucedió en su primer mandato”, agregó. Al final, según el analista, lo que podría provocar la debacle sería una situación de estancamiento de la economía estadounidense, más que la lucha contra las drogas o la lucha contra la inmigración. “Si no entrega buenas cuentas en creación de empleos y contención de la inflación, su base electoral se lo cobrará muy caro y sufrirán reveses en el congreso”, puntualiza Saucedo. LAS CLAVES Con base en cifras comprobables, el presidente Barack Obama ha sido el principal deportador de Estados Unidos por el alto número de expulsiones que se produjeron durante sus dos mandatos. En los ocho años que ocupó la Casa Blanca fueron deportadas más de tres millones personas a través expulsiones formales. Es decir, con una orden judicial deportación. ENTREVISTA Para profundizar sobre del tema deportaciones Administración Trump entrevistamos Héctor Quiroga abogado inmigración Quiroga Law Office. 1. Se han estado manejando diferentes cifras sobre las deportaciones realizadas durante primer año segundo mandato presidente Donald Trump ¿A qué lo podemos atribuir? Desde nuestros análisis basados información oficial Departamento Seguridad Nacional ICE CBP podemos afirmar con certeza es no existe cifra única transparente sobre deportaciones presidente Donald Trump. Esto se debe gobierno utiliza categorías distintas: deportaciones formales expulsiones aceleradas retornos voluntarios incentivos salida presentan manera fragmentada muchos casos sin metodología uniforme reporte. Lo sí verificable es impacto demográfico sin precedentes dado consecuencia migración inversa. En enero 2025 Estados Unidos alcanzó récord histórico 53.3 millones inmigrantes pero mediados mismo año cifra cayó 51.9 millones. Más millón personas dejaron país cuestión meses reducción veía desde década 1960. Esa caída explica solo por deportaciones forzadas sino combinación expulsiones detenciones internas fenómeno creciente migración inversa inducida políticas migratorias. 2. Por otra parte parece han sido pocos criminales peligrosos deportados ¿Qué nos dicen esas cifras sobre lo maneja círculos políticos republicanos? Efecto datos analizado muestran fracción mínima personas deportadas detenidas puede considerarse criminal peligroso sentido estricto. Menos 3 por ciento casos involucran delitos graves homicidio agresión sexual crímenes violentos. Esto contrasta manera directa discurso político sostiene política migratoria enfocada casi exclusivamente seguridad pública. Realidad producido cambio estructural perfil inmigrante detenido. Por ejemplo durante 2025 detención inmigrantes latinos antecedentes penales sextuplicó pasando cifras menos 1.000 arrestos mensuales 2024 más 6.000 2025. De esta forma centros detención comenzaron llenarse trabajadores padres familia personas edad productiva muchas ellas arrestadas fuera sistema penal lugares trabajo espacios públicos. Estas cifras revelan desconexión profunda entre discurso práctica. Si bien ley permite deportar persona infracción migratoria necesidad antecedentes penales números demuestran narrativa criminales peligrosos funciona justificación política reflejo realidad operativa. Lo criminalizando conducta violenta condición migratoria. 3. ¿Qué está pasando entonces debido proceso también tienen derecho inmigrantes Estados Unidos? Punto vista legal debido proceso derecho constitucional protege toda persona Estados Unidos independientemente estatus migratorio. Ley Inmigración Nacionalidad jurisprudencia Corte Suprema claras sentido. Sin embargo hoy da uso extendido procedimientos acelerados detenciones prolongadas traslados entre estados afectan directamente capacidad defensa inmigrantes. Más preocupante evidencia incomunicación total familias detenidas frontera muchas ellas menores edad. Cuando persona privada libertad posibilidad informar familiares abogados dónde encuentra entramos terreno delicado perspectiva derecho derechos humanos. Esto plantea serias preguntas estado real Estado Derecho materia migratoria. Más preocupante evidencia incomunicación total familias detenidas frontera muchas ellas menores edad. Cuando persona privada libertad posibilidad informar familiares abogados dónde encuentra entramos terreno delicado perspectiva derecho derechos humanos. Esto plantea serias preguntas estado real Estado Derecho materia migratoria. Más preocupante evidencia incomunicación total familias detenidas frontera muchas ellas menores edad. Cuando persona privada libertad posibilidad informar familiares abogados dónde encuentra entramos terreno delicado perspectiva derecho derechos humanos. Esto plantea serias preguntas estado real Estado Derecho materia migratoria. 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El director de migraciones, Frank Sauerbaum, estimó que la cantidad de niños haitianos víctimas de tráfico y que habrían ingresado de manera irregular a Chile supera los 200. Durante la jornada del martes 16 de junio, Sauerbaum hizo esta declaración, destacando la gravedad del problema. Sauerbaum también mencionó que el Servicio Nacional de Migraciones presentó una denuncia por posible tráfico de menores de origen haitiano al país. Esta situación ha generado preocupación en el gobierno, que está analizando detenidamente el tema. Por su parte, Luis Eduardo Thayer, exdirector de migraciones, reveló detalles alarmantes sobre la situación. En el año 2023 detectamos que había algunos vuelos desde Haití que venían en condiciones de traslado de niños de manera precaria. Hicimos en enero de 2023 una primera denuncia al Ministerio Público por posible delito de trata y tráfico en contra de las agencias, las líneas aéreas y quienes resulten responsables, expresó Thayer durante una entrevista con Canal 14 Horas. La denuncia ha tenido un fuerte impacto en el ámbito político. Parlamentarios republicanos han manifestado su intención de crear una Comisión Especial para investigar el posible ingreso irregular de ciudadanos haitianos a Chile desde 2014 hasta la fecha. La preocupación por la vulnerabilidad de estos menores y la gravedad del delito han llevado a tomar medidas urgentes para abordar esta problemática. Fuente: Publimetro
En una votación que contó con 35 votos a favor y 1 en contra, el Senado aprobó en general un proyecto de ley que tiene como objetivo perfeccionar el procedimiento de expulsión administrativa. Esta iniciativa se encuentra actualmente en segundo trámite constitucional y se espera que las indicaciones puedan presentarse hasta el 29 de abril de 2026. El principal propósito de esta medida es hacer frente al incremento del ingreso irregular, especialmente a través de la frontera norte, así como a la acumulación de miles de órdenes pendientes. En este contexto, el proyecto busca fortalecer las herramientas del Estado para mejorar la ejecución de las expulsiones y reforzar la seguridad pública. Uno de los aspectos destacados durante la discusión fue la necesidad de abordar lo que se ha denominado como una crisis migratoria, la cual ha tenido impacto en los servicios públicos y en la percepción de seguridad. En cuanto a los cambios propuestos, se destaca el fortalecimiento de las atribuciones del Subsecretario del Interior. Según lo explicado en el Senado, se busca fortalecer las competencias de la Subsecretaría del Interior en la mantención del orden público y de la seguridad tanto interior como exterior; facilitar la ejecución de las expulsiones administrativas y el registro de datos biométricos de extranjeros en situación migratoria irregular. Además, se contempla la posibilidad de decretar expulsiones no solo por razones de seguridad interior o exterior, sino también por motivos de orden público, ampliando así el alcance de acción de la autoridad competente. Otro punto relevante es el refuerzo del rol de la Policía de Investigaciones (PDI), permitiéndole ingresar a domicilios de personas con orden de expulsión previa autorización del Subsecretario del Interior. Esta medida incluye un control posterior por parte de la Corte de Apelaciones para verificar la legalidad del procedimiento. El proyecto también introduce la figura de expulsión inmediata para extranjeros formalizados o acusados por delitos simples, previa autorización judicial. En estos casos, el tribunal podrá dictar el sobreseimiento definitivo tras la expulsión, además se contemplan ajustes para reducir los plazos judiciales con el fin de agilizar los procesos. Otras medidas incluyen la obligatoriedad del registro de datos biométricos a extranjeros mayores de 18 años en situación irregular, así como un endurecimiento en las sanciones con un aumento del plazo mínimo de prohibición de reingreso al país y una estrategia para reconducir y disuadir el ingreso por pasos no habilitados. A pesar del amplio respaldo que ha recibido en el Senado, el proyecto también ha sido objeto de críticas. Durante el debate, se mencionó que este proyecto surge por la necesidad de concretar 44 mil procesos de expulsión que hoy están pendientes. La senadora Beatriz Sánchez expresó su voto en contra argumentando que el proyecto polarizará más al país (...) y crea un Estado de persecución. La iniciativa continuará su tramitación en particular, donde podrían incorporarse modificaciones antes de su eventual aprobación definitiva. Fuente: Publimetro
El cardenal y arzobispo de Santiago, Fernando Chomali, expresó su preocupación ante el proyecto de ley presentado por el gobierno de José Antonio Kast, que busca penalizar el ingreso irregular a Chile. En sus palabras, querer cuidar la vida propia o la vida de la familia, no es un delito bajo ningún punto de vista. Chomalí hizo hincapié en que las medidas que se tomen tienen que ser respetuosas de la dignidad humana y destacó la importancia de distinguir entre quienes ya se encuentran en el país y aquellos que ingresan de manera irregular. Asimismo, el arzobispo señaló la necesidad de considerar la baja natalidad en Chile y el aumento de la población adulta mayor que requiere cuidados. En sus palabras, necesitamos mayor población en Chile para garantizar el funcionamiento del país. En relación con la migración, Chomali enfatizó que es un estado de necesidad para muchas personas y no debe ser considerado como un delito. Subrayó que es fundamental reconocer la dignidad de cada individuo, independientemente de su condición migratoria. Respecto a la propuesta de retirar beneficios sociales a los migrantes en situación irregular, el cardenal recalcó que una persona migrante tiene una dignidad que merece ser respetada y que el acceso a los bienes sociales es un derecho previo a su condición migratoria. En conclusión, Chomali afirmó que si bien los países tienen derecho a proteger sus fronteras, es fundamental hacerlo respetando la dignidad de cada persona. Destacó la importancia de implementar medidas persuasivas sin perder de vista el valor intrínseco de cada individuo. Fuente: Publimetro
El presidente estadounidense, Donald Trump, asegura haber conseguido récords históricos en las expulsiones de extranjeros del país, aunque las cifras no son del todo claras o hay diferentes formas de interpretarlas. Por ejemplo, un comunicado de prensa del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) indica que “durante el primer año del presidente Trump en el cargo, casi tres millones de inmigrantes indocumentados abandonaron Estados Unidos, incluyendo alrededor de 2,2 millones de deportaciones voluntarias y más de 675.000 deportaciones forzadas”. Sin embargo, existen muchas dudas en torno a los números reales de las deportaciones, sobre todo porque las agencias encargadas de la inmigración en Estados Unidos han dejado de publicar datos específicos sobre sus operaciones. OPACIDAD Aunado a la opacidad de las cifras, que el mandatario estadounidense ha descrito como “históricas”, no está claro qué se ha incluido en los datos, ya que no existe una definición legal del término deportación. Es decir, es probable que la cifra de deportaciones difundidas a través de canales oficiales incluya a los no ciudadanos a quienes se les negó la entrada en las fronteras y aeropuertos de Estados Unidos, aunque no hay certeza ni desglose de números. “La limitada divulgación de datos sobre la aplicación de las leyes de inmigración impide saber con certeza a quiénes se está contabilizando y cómo”, dijo a Metro World News el analista político David Saucedo, agregando que incluso los datos de deportaciones forzadas que ha difundido el mandatario estadounidense están por debajo de las deportaciones forzadas de sus dos antecesores, Joe Biden (2020-2024) y Barack Obama (2008-2016). “Y es que el discurso incendiario del presidente Trump no se ha visto acompañado de los recursos humanos y financieros que serían necesarios para llevar a cabo la cruzada deseada contra la inmigración, de un millón de expulsados anuales”, agrega el experto. LO QUE VIENE Respecto a lo que podría darse el resto del segundo mandato de Trump en materia de deportaciones, David Saucedo comenta que tanto el discurso como las acciones del mandatario podrían radicalizarse rumbo a las elecciones intermedias de noviembre, con el objetivo de sumar votos en las urnas a favor propio y de su partido. “Al discurso de odio, racismo y xenofobia de 2024, le faltaron los recursos necesarios, como ocurrió cuando en 2016, en su primer mandato, cuando habló de la construcción de un gran muro a lo largo de la frontera con México y tampoco le asignó o no le autorizaron los recursos para llevarlo a cabo, salvo algunos tramos”, añade. No obstante, eso puede ser un arma de dos filos, ya que si no logra dicho objetivo “es es probable que se suavicen algunas de sus posturas y que haga ajustes, tal como sucedió en su primer mandato”, agregó. Al final, según el analista, lo que podría provocar la debacle sería una situación de estancamiento de la economía estadounidense, más que la lucha contra las drogas o la lucha contra la inmigración. “Si no entrega buenas cuentas en creación de empleos y contención de la inflación, su base electoral se lo cobrará muy caro y sufrirán reveses en el congreso”, puntualiza Saucedo. LAS CLAVES Con base en cifras comprobables, el presidente Barack Obama ha sido el principal deportador de Estados Unidos por el alto número de expulsiones que se produjeron durante sus dos mandatos. En los ocho años que ocupó la Casa Blanca fueron deportadas más de tres millones personas a través expulsiones formales. Es decir, con una orden judicial deportación. ENTREVISTA Para profundizar sobre del tema deportaciones Administración Trump entrevistamos Héctor Quiroga abogado inmigración Quiroga Law Office. 1. Se han estado manejando diferentes cifras sobre las deportaciones realizadas durante primer año segundo mandato presidente Donald Trump ¿A qué lo podemos atribuir? Desde nuestros análisis basados información oficial Departamento Seguridad Nacional ICE CBP podemos afirmar con certeza es no existe cifra única transparente sobre deportaciones presidente Donald Trump. Esto se debe gobierno utiliza categorías distintas: deportaciones formales expulsiones aceleradas retornos voluntarios incentivos salida presentan manera fragmentada muchos casos sin metodología uniforme reporte. Lo sí verificable es impacto demográfico sin precedentes dado consecuencia migración inversa. En enero 2025 Estados Unidos alcanzó récord histórico 53.3 millones inmigrantes pero mediados mismo año cifra cayó 51.9 millones. Más millón personas dejaron país cuestión meses reducción veía desde década 1960. Esa caída explica solo por deportaciones forzadas sino combinación expulsiones detenciones internas fenómeno creciente migración inversa inducida políticas migratorias. 2. Por otra parte parece han sido pocos criminales peligrosos deportados ¿Qué nos dicen esas cifras sobre lo maneja círculos políticos republicanos? Efecto datos analizado muestran fracción mínima personas deportadas detenidas puede considerarse criminal peligroso sentido estricto. Menos 3 por ciento casos involucran delitos graves homicidio agresión sexual crímenes violentos. Esto contrasta manera directa discurso político sostiene política migratoria enfocada casi exclusivamente seguridad pública. Realidad producido cambio estructural perfil inmigrante detenido. Por ejemplo durante 2025 detención inmigrantes latinos antecedentes penales sextuplicó pasando cifras menos 1.000 arrestos mensuales 2024 más 6.000 2025. De esta forma centros detención comenzaron llenarse trabajadores padres familia personas edad productiva muchas ellas arrestadas fuera sistema penal lugares trabajo espacios públicos. Estas cifras revelan desconexión profunda entre discurso práctica. Si bien ley permite deportar persona infracción migratoria necesidad antecedentes penales números demuestran narrativa criminales peligrosos funciona justificación política reflejo realidad operativa. Lo criminalizando conducta violenta condición migratoria. 3. ¿Qué está pasando entonces debido proceso también tienen derecho inmigrantes Estados Unidos? Punto vista legal debido proceso derecho constitucional protege toda persona Estados Unidos independientemente estatus migratorio. Ley Inmigración Nacionalidad jurisprudencia Corte Suprema claras sentido. Sin embargo hoy da uso extendido procedimientos acelerados detenciones prolongadas traslados entre estados afectan directamente capacidad defensa inmigrantes. Más preocupante evidencia incomunicación total familias detenidas frontera muchas ellas menores edad. Cuando persona privada libertad posibilidad informar familiares abogados dónde encuentra entramos terreno delicado perspectiva derecho derechos humanos. Esto plantea serias preguntas estado real Estado Derecho materia migratoria. Más preocupante evidencia incomunicación total familias detenidas frontera muchas ellas menores edad. Cuando persona privada libertad posibilidad informar familiares abogados dónde encuentra entramos terreno delicado perspectiva derecho derechos humanos. Esto plantea serias preguntas estado real Estado Derecho materia migratoria. Más preocupante evidencia incomunicación total familias detenidas frontera muchas ellas menores edad. Cuando persona privada libertad posibilidad informar familiares abogados dónde encuentra entramos terreno delicado perspectiva derecho derechos humanos. Esto plantea serias preguntas estado real Estado Derecho materia migratoria. Más preocupante evidencia incomunicación total familias detenidas frontera muchas ellas menores edad. Cuando persona privada libertad posibilidad informar familiares abogados dónde encuentra entramos terreno delicado perspectiva derecho derechos humanos. Esto plantea serias preguntas estado real Estado Derecho materia migratoria. Más preocupante evidencia incomunicación total familias detenidas frontera muchas ellas menores edad. Cuando persona privada libertad posibilidad informar familiares abogados dónde encuentra entramos terreno delicado perspectiva derecho derechos humanos. Esto plantea serias preguntas estado real Estado Derecho materia migratoria. Fuente: Publimetro
