El Servicio Nacional de Migraciones reveló el lunes 13 de julio una grave crisis administrativa y laboral que afecta al fútbol chileno. Tras una reunión con el Sindicato de Futbolistas Profesionales (SIFUP), el director nacional, Frank Sauerbaum, informó que 114 futbolistas extranjeros están trabajando en clubes nacionales con visas de turista, incumpliendo las leyes laborales del país. Sauerbaum instó a los clubes a asumir su responsabilidad como empleadores y no dejar a los jugadores como únicos responsables de su situación migratoria. En sus palabras, Esperamos que el fútbol se vaya profesionalizando, siendo más riguroso en los trámites y no dejando a los jugadores como responsables únicos. El organismo enviará una lista detallada a los clubes para iniciar procesos de regularización personalizados para cada caso. Además, Sauerbaum criticó a la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) por la falta de claridad en sus registros, especialmente en el fútbol femenino. En relación con las jugadoras femeninas sin datos claros en la plataforma de la ANFP, Sauerbaum declaró:Hay 37 damas dedicadas al fútbol que están en una situación que nosotros no tenemos claro, dado a que no se encuentran los datos en la plataforma de la ANFP. Vamos a pedir también que se nos aclare la situación de estas mujeres. A pesar de considerar que la situación se debe principalmente al desconocimiento de las leyes migratorias, Sauerbaum anunció planes de capacitación obligatoria para eliminar futuras excusas. En sus palabras, Nosotros creemos que se hace por desconocimiento. No creo que sea por descuido porque no creo que alguien que valore a un trabajador tan relevante como un deportista profesional lo descuide de esa manera. La ley migratoria chilena contempla duras sanciones económicas tanto para los clubes como para los jugadores que operan fuera del marco legal. El director del servicio recordó que las multas pueden llegar hasta 14 millones de pesos por jugador para los clubes y aproximadamente 5 UTM para los trabajadores. Fuente: Publimetro Deportes
El director de migraciones, Frank Sauerbaum, estimó que la cantidad de niños haitianos víctimas de tráfico y que habrían ingresado de manera irregular a Chile supera los 200. Durante la jornada del martes 16 de junio, Sauerbaum hizo esta declaración, destacando la gravedad del problema. Sauerbaum también mencionó que el Servicio Nacional de Migraciones presentó una denuncia por posible tráfico de menores de origen haitiano al país. Esta situación ha generado preocupación en el gobierno, que está analizando detenidamente el tema. Por su parte, Luis Eduardo Thayer, exdirector de migraciones, reveló detalles alarmantes sobre la situación. En el año 2023 detectamos que había algunos vuelos desde Haití que venían en condiciones de traslado de niños de manera precaria. Hicimos en enero de 2023 una primera denuncia al Ministerio Público por posible delito de trata y tráfico en contra de las agencias, las líneas aéreas y quienes resulten responsables, expresó Thayer durante una entrevista con Canal 14 Horas. La denuncia ha tenido un fuerte impacto en el ámbito político. Parlamentarios republicanos han manifestado su intención de crear una Comisión Especial para investigar el posible ingreso irregular de ciudadanos haitianos a Chile desde 2014 hasta la fecha. La preocupación por la vulnerabilidad de estos menores y la gravedad del delito han llevado a tomar medidas urgentes para abordar esta problemática. Fuente: Publimetro
En una votación que contó con 35 votos a favor y 1 en contra, el Senado aprobó en general un proyecto de ley que tiene como objetivo perfeccionar el procedimiento de expulsión administrativa. Esta iniciativa se encuentra actualmente en segundo trámite constitucional y se espera que las indicaciones puedan presentarse hasta el 29 de abril de 2026. El principal propósito de esta medida es hacer frente al incremento del ingreso irregular, especialmente a través de la frontera norte, así como a la acumulación de miles de órdenes pendientes. En este contexto, el proyecto busca fortalecer las herramientas del Estado para mejorar la ejecución de las expulsiones y reforzar la seguridad pública. Uno de los aspectos destacados durante la discusión fue la necesidad de abordar lo que se ha denominado como una crisis migratoria, la cual ha tenido impacto en los servicios públicos y en la percepción de seguridad. En cuanto a los cambios propuestos, se destaca el fortalecimiento de las atribuciones del Subsecretario del Interior. Según lo explicado en el Senado, se busca fortalecer las competencias de la Subsecretaría del Interior en la mantención del orden público y de la seguridad tanto interior como exterior; facilitar la ejecución de las expulsiones administrativas y el registro de datos biométricos de extranjeros en situación migratoria irregular. Además, se contempla la posibilidad de decretar expulsiones no solo por razones de seguridad interior o exterior, sino también por motivos de orden público, ampliando así el alcance de acción de la autoridad competente. Otro punto relevante es el refuerzo del rol de la Policía de Investigaciones (PDI), permitiéndole ingresar a domicilios de personas con orden de expulsión previa autorización del Subsecretario del Interior. Esta medida incluye un control posterior por parte de la Corte de Apelaciones para verificar la legalidad del procedimiento. El proyecto también introduce la figura de expulsión inmediata para extranjeros formalizados o acusados por delitos simples, previa autorización judicial. En estos casos, el tribunal podrá dictar el sobreseimiento definitivo tras la expulsión, además se contemplan ajustes para reducir los plazos judiciales con el fin de agilizar los procesos. Otras medidas incluyen la obligatoriedad del registro de datos biométricos a extranjeros mayores de 18 años en situación irregular, así como un endurecimiento en las sanciones con un aumento del plazo mínimo de prohibición de reingreso al país y una estrategia para reconducir y disuadir el ingreso por pasos no habilitados. A pesar del amplio respaldo que ha recibido en el Senado, el proyecto también ha sido objeto de críticas. Durante el debate, se mencionó que este proyecto surge por la necesidad de concretar 44 mil procesos de expulsión que hoy están pendientes. La senadora Beatriz Sánchez expresó su voto en contra argumentando que el proyecto polarizará más al país (...) y crea un Estado de persecución. La iniciativa continuará su tramitación en particular, donde podrían incorporarse modificaciones antes de su eventual aprobación definitiva. Fuente: Publimetro
El cardenal y arzobispo de Santiago, Fernando Chomali, expresó su preocupación ante el proyecto de ley presentado por el gobierno de José Antonio Kast, que busca penalizar el ingreso irregular a Chile. En sus palabras, querer cuidar la vida propia o la vida de la familia, no es un delito bajo ningún punto de vista. Chomalí hizo hincapié en que las medidas que se tomen tienen que ser respetuosas de la dignidad humana y destacó la importancia de distinguir entre quienes ya se encuentran en el país y aquellos que ingresan de manera irregular. Asimismo, el arzobispo señaló la necesidad de considerar la baja natalidad en Chile y el aumento de la población adulta mayor que requiere cuidados. En sus palabras, necesitamos mayor población en Chile para garantizar el funcionamiento del país. En relación con la migración, Chomali enfatizó que es un estado de necesidad para muchas personas y no debe ser considerado como un delito. Subrayó que es fundamental reconocer la dignidad de cada individuo, independientemente de su condición migratoria. Respecto a la propuesta de retirar beneficios sociales a los migrantes en situación irregular, el cardenal recalcó que una persona migrante tiene una dignidad que merece ser respetada y que el acceso a los bienes sociales es un derecho previo a su condición migratoria. En conclusión, Chomali afirmó que si bien los países tienen derecho a proteger sus fronteras, es fundamental hacerlo respetando la dignidad de cada persona. Destacó la importancia de implementar medidas persuasivas sin perder de vista el valor intrínseco de cada individuo. Fuente: Publimetro
El Servicio Nacional de Migraciones reveló el lunes 13 de julio una grave crisis administrativa y laboral que afecta al fútbol chileno. Tras una reunión con el Sindicato de Futbolistas Profesionales (SIFUP), el director nacional, Frank Sauerbaum, informó que 114 futbolistas extranjeros están trabajando en clubes nacionales con visas de turista, incumpliendo las leyes laborales del país. Sauerbaum instó a los clubes a asumir su responsabilidad como empleadores y no dejar a los jugadores como únicos responsables de su situación migratoria. En sus palabras, Esperamos que el fútbol se vaya profesionalizando, siendo más riguroso en los trámites y no dejando a los jugadores como responsables únicos. El organismo enviará una lista detallada a los clubes para iniciar procesos de regularización personalizados para cada caso. Además, Sauerbaum criticó a la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) por la falta de claridad en sus registros, especialmente en el fútbol femenino. En relación con las jugadoras femeninas sin datos claros en la plataforma de la ANFP, Sauerbaum declaró:Hay 37 damas dedicadas al fútbol que están en una situación que nosotros no tenemos claro, dado a que no se encuentran los datos en la plataforma de la ANFP. Vamos a pedir también que se nos aclare la situación de estas mujeres. A pesar de considerar que la situación se debe principalmente al desconocimiento de las leyes migratorias, Sauerbaum anunció planes de capacitación obligatoria para eliminar futuras excusas. En sus palabras, Nosotros creemos que se hace por desconocimiento. No creo que sea por descuido porque no creo que alguien que valore a un trabajador tan relevante como un deportista profesional lo descuide de esa manera. La ley migratoria chilena contempla duras sanciones económicas tanto para los clubes como para los jugadores que operan fuera del marco legal. El director del servicio recordó que las multas pueden llegar hasta 14 millones de pesos por jugador para los clubes y aproximadamente 5 UTM para los trabajadores. Fuente: Publimetro Deportes
El director de migraciones, Frank Sauerbaum, estimó que la cantidad de niños haitianos víctimas de tráfico y que habrían ingresado de manera irregular a Chile supera los 200. Durante la jornada del martes 16 de junio, Sauerbaum hizo esta declaración, destacando la gravedad del problema. Sauerbaum también mencionó que el Servicio Nacional de Migraciones presentó una denuncia por posible tráfico de menores de origen haitiano al país. Esta situación ha generado preocupación en el gobierno, que está analizando detenidamente el tema. Por su parte, Luis Eduardo Thayer, exdirector de migraciones, reveló detalles alarmantes sobre la situación. En el año 2023 detectamos que había algunos vuelos desde Haití que venían en condiciones de traslado de niños de manera precaria. Hicimos en enero de 2023 una primera denuncia al Ministerio Público por posible delito de trata y tráfico en contra de las agencias, las líneas aéreas y quienes resulten responsables, expresó Thayer durante una entrevista con Canal 14 Horas. La denuncia ha tenido un fuerte impacto en el ámbito político. Parlamentarios republicanos han manifestado su intención de crear una Comisión Especial para investigar el posible ingreso irregular de ciudadanos haitianos a Chile desde 2014 hasta la fecha. La preocupación por la vulnerabilidad de estos menores y la gravedad del delito han llevado a tomar medidas urgentes para abordar esta problemática. Fuente: Publimetro
En una votación que contó con 35 votos a favor y 1 en contra, el Senado aprobó en general un proyecto de ley que tiene como objetivo perfeccionar el procedimiento de expulsión administrativa. Esta iniciativa se encuentra actualmente en segundo trámite constitucional y se espera que las indicaciones puedan presentarse hasta el 29 de abril de 2026. El principal propósito de esta medida es hacer frente al incremento del ingreso irregular, especialmente a través de la frontera norte, así como a la acumulación de miles de órdenes pendientes. En este contexto, el proyecto busca fortalecer las herramientas del Estado para mejorar la ejecución de las expulsiones y reforzar la seguridad pública. Uno de los aspectos destacados durante la discusión fue la necesidad de abordar lo que se ha denominado como una crisis migratoria, la cual ha tenido impacto en los servicios públicos y en la percepción de seguridad. En cuanto a los cambios propuestos, se destaca el fortalecimiento de las atribuciones del Subsecretario del Interior. Según lo explicado en el Senado, se busca fortalecer las competencias de la Subsecretaría del Interior en la mantención del orden público y de la seguridad tanto interior como exterior; facilitar la ejecución de las expulsiones administrativas y el registro de datos biométricos de extranjeros en situación migratoria irregular. Además, se contempla la posibilidad de decretar expulsiones no solo por razones de seguridad interior o exterior, sino también por motivos de orden público, ampliando así el alcance de acción de la autoridad competente. Otro punto relevante es el refuerzo del rol de la Policía de Investigaciones (PDI), permitiéndole ingresar a domicilios de personas con orden de expulsión previa autorización del Subsecretario del Interior. Esta medida incluye un control posterior por parte de la Corte de Apelaciones para verificar la legalidad del procedimiento. El proyecto también introduce la figura de expulsión inmediata para extranjeros formalizados o acusados por delitos simples, previa autorización judicial. En estos casos, el tribunal podrá dictar el sobreseimiento definitivo tras la expulsión, además se contemplan ajustes para reducir los plazos judiciales con el fin de agilizar los procesos. Otras medidas incluyen la obligatoriedad del registro de datos biométricos a extranjeros mayores de 18 años en situación irregular, así como un endurecimiento en las sanciones con un aumento del plazo mínimo de prohibición de reingreso al país y una estrategia para reconducir y disuadir el ingreso por pasos no habilitados. A pesar del amplio respaldo que ha recibido en el Senado, el proyecto también ha sido objeto de críticas. Durante el debate, se mencionó que este proyecto surge por la necesidad de concretar 44 mil procesos de expulsión que hoy están pendientes. La senadora Beatriz Sánchez expresó su voto en contra argumentando que el proyecto polarizará más al país (...) y crea un Estado de persecución. La iniciativa continuará su tramitación en particular, donde podrían incorporarse modificaciones antes de su eventual aprobación definitiva. Fuente: Publimetro
El cardenal y arzobispo de Santiago, Fernando Chomali, expresó su preocupación ante el proyecto de ley presentado por el gobierno de José Antonio Kast, que busca penalizar el ingreso irregular a Chile. En sus palabras, querer cuidar la vida propia o la vida de la familia, no es un delito bajo ningún punto de vista. Chomalí hizo hincapié en que las medidas que se tomen tienen que ser respetuosas de la dignidad humana y destacó la importancia de distinguir entre quienes ya se encuentran en el país y aquellos que ingresan de manera irregular. Asimismo, el arzobispo señaló la necesidad de considerar la baja natalidad en Chile y el aumento de la población adulta mayor que requiere cuidados. En sus palabras, necesitamos mayor población en Chile para garantizar el funcionamiento del país. En relación con la migración, Chomali enfatizó que es un estado de necesidad para muchas personas y no debe ser considerado como un delito. Subrayó que es fundamental reconocer la dignidad de cada individuo, independientemente de su condición migratoria. Respecto a la propuesta de retirar beneficios sociales a los migrantes en situación irregular, el cardenal recalcó que una persona migrante tiene una dignidad que merece ser respetada y que el acceso a los bienes sociales es un derecho previo a su condición migratoria. En conclusión, Chomali afirmó que si bien los países tienen derecho a proteger sus fronteras, es fundamental hacerlo respetando la dignidad de cada persona. Destacó la importancia de implementar medidas persuasivas sin perder de vista el valor intrínseco de cada individuo. Fuente: Publimetro
