CGE denuncia robo de 420 kilómetros de cable y aumento récord de delitos en sus instalaciones.

Entre enero y diciembre del año pasado se produjeron más de 1.400 episodios de robo, los que afectaron gravemente la calidad y continuidad del servicio eléctrico a 265.487 clientes a lo largo de toda la zona de concesión. Las regiones de Coquimbo, Maule y Biobío registran la mayor cantidad de metros robados a nivel nacional. Santiago, 03 de febrero de 2026. El delito de robo de cables sigue siendo uno de los principales problemas que afectan a las instalaciones y clientes de CGE, compañía distribuidora que presta servicio a más de 3,3 millones de clientes, entre las regiones de Arica y Parinacota y La Araucanía, provocando millonarios perjuicios y extensas interrupciones de suministro eléctrico. Según datos de la distribuidora, entre enero y diciembre de 2025, se registraron 1.426 eventos de robo de cable a lo largo de su zona de concesión, tanto en redes de distribución como de transmisión, contabilizando 420 kilómetros (420.922 metros) de conductor eléctrico sustraído desde sus instalaciones de distribución y transmisión, con el consiguiente daño o destrucción de postes, transformadores, cables y otra infraestructura clave para suministrar el servicio eléctrico. Estas cifras muestran un récord en cantidad de delitos, duplicando los ocurridos en 2024 (774 eventos y 225 kilómetros de cable robado), tanto en eventos como en cantidad de cobre robado. “Lamentablemente, el 2025 marcamos un nuevo récord en este tipo de delitos, lo que es muy preocupante. Para tener una dimensión física de lo que esto representa, los metros de cable robado desde las instalaciones de distribución y transmisión de CGE, equivalen a la distancia entre Santiago y Ovalle o Santiago y Chillán”, señaló Víctor Balbontín, director de Operaciones de CGE .En junio de 2025, la Policía de Investigaciones (PDI) realizó un operativo en la región Metropolitana, incautando más de siete toneladas de cable robado en instalaciones de CGE, lo que muestra el nivel de organización de las bandas delictuales que comenten estos ilícitos. “Creemos que es necesario que las autoridades refuercen medidas y las penas ante un delito que ha cambiado su comportamiento. Nosotros como Compañía realizamos las denuncias respectivas, pero es necesario perseguir y desarticular a estas bandas, ya que su accionar afecta directamente a miles de familias a lo largo del país. Los delitos se han vuelto más violentos y recurrentes, con bandas organizadas que usan equipamiento como camiones, camionetas y otros vehículos, y también están armados, atacando puntos de manera recurrente, lo que hace imposible y extremadamente riesgoso además el que podamos hacerles frente”, afirmó Balbontín. Estos robos tuvieron como consecuencia que 265.487 clientes de la compañía vieran afectada la calidad y continuidad de su suministro eléctrico durante largas horas, producto de los extensos trabajos que deben realizar las brigadas de la compañía para reponer la infraestructura dañada o destruida por delincuentes. El impacto económico de estos delitos también fue relevante. En 2025, CGE desembolsó más de 5.570 millones de pesos en la reparación de la infraestructura dañada o destruida por delincuentes, tanto en distribución como transmisión. Las regiones con una mayor cantidad de cable robado por delincuentes fueron Coquimbo (137.687 metros de cable robado), Maule (63.177 metros), Biobío (45.494 metros), Metropolitana (38.675 metros), O´Higgins (28.506 metros) y Tarapacá (27.945 metros). Más atrás se ubican Ñuble, Antofagasta, Arica y Parinacota, Atacama, La Araucanía y Valparaíso. El director de Operaciones de CGE hizo un llamado a las autoridades a combatir este delito con mayor fuerza, dado el impacto que este tiene para las comunidades. “Como CGE, participamos activamente en las mesas de trabajo que las autoridades, de distintas regiones, han impulsado para combatir este delito. A su vez, en los casos en que detectamos afectación a las redes de CGE, realizamos la denuncia ante Carabineros y el Ministerio Público, para luego interponer acciones legales que permitan perseguir no sólo a los autores de los robos sino que además, a los reducidores del cobre obtenido a través de estos delitos”, concluyó Víctor Balbontín.