Caso “Compin”: prisión preventiva para líderes de millonario fraude que sacude a la salud pública y genera impacto en el mundo radial

 El Juzgado de Garantía de Copiapó decretó prisión preventiva para los principales imputados del denominado Caso Compin, investigación que destapó un millonario fraude al sistema público de salud en la Región de Atacama y que mantiene en el centro de la polémica a exfuncionarios públicos y a un particular identificado como uno de los líderes de la organización. 

La medida cautelar fue solicitada por la Unidad de Causas Complejas de la Fiscalía de Atacama, luego de exponer que los imputados representan un peligro para la seguridad de la sociedad, argumento que fue acogido por el tribunal. 

 Los imputados corresponden a Alexis Urtulla Campillay y Alex Arévalo Carvajal, ambos funcionarios de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN) al momento de los hechos, además del particular Miguel Véliz Báez, quien cumplía un rol clave como captador y coordinador en la obtención de licencias médicas fraudulentas. 

Una red que operó durante años 

 Durante la audiencia de formalización, la Fiscalía expuso que la organización comenzó a operar desde el año 2019, manteniendo una coordinación permanente para tramitar licencias médicas falsas, hasta que la situación fue denunciada por la Seremi de Salud en agosto del año pasado. 

 El fiscal de la causa, Luis Miranda Flores, señaló que el tribunal dio por acreditados delitos de lavado de activos, fraude al fisco, fraude informático, obtención fraudulenta de prestaciones estatales y asociación criminal, todos de alta gravedad penal. 

 De acuerdo a los antecedentes presentados, la agrupación estaba conformada por más de 15 personas, siendo los tres imputados actualmente en prisión preventiva quienes cumplían funciones de liderazgo y coordinación, manteniendo comunicaciones constantes para ejecutar los ilícitos. 

 El perjuicio fiscal supera los 180 millones de pesos, cifra que podría aumentar conforme avancen las diligencias investigativas. 

 Investigación en curso y bienes bajo la lupa 

 El tribunal fijó un plazo de seis meses para el cierre de la investigación. Durante este período, la Fiscalía y la PDI continuarán con diligencias orientadas a rastrear el dinero defraudado, identificar la adquisición de bienes y analizar información digital incautada durante los procedimientos. 

 En la causa también participa como querellante el Consejo de Defensa del Estado, reforzando el carácter institucional y la relevancia nacional del caso. 

 Impacto en el mundo radial 

 El caso adquirió una dimensión adicional luego de conocerse que Miguel Véliz Báez se desempeñó como presidente del Comité Regional de Atacama de la Asociación de Radiodifusores de Chile (ARCHI) durante 2023, rol que lo posicionó como una figura visible dentro del mundo radial. 

 Sin embargo, de acuerdo a fuentes del sector, Véliz no era una figura transversal ni ampliamente respaldada por el conjunto de los radiodifusores. 

Su estilo de conducción generaba distancia y tensiones internas, escenario conocido al interior del gremio antes de que estallara esta investigación judicial. Radios excluidas durante su gestión regional Según antecedentes recogidos en el mundo radial, durante 2023, bajo la presidencia regional de Véliz, se registraron resistencias concretas al ingreso de nuevas emisoras al gremio regional. 

 Entre los casos mencionados figuran Radio La Familia de Barranquilla y Radio Oye Más de Vallenar, emisoras que —según estos trascendidos— no habrían contado con las facilidades ni el respaldo necesarios para integrarse a la asociación, generando malestar y críticas por la falta de apertura hacia nuevos actores del ecosistema radial. 

 Esta situación profundizó la percepción de que la conducción regional de ese período no promovía la integración ni el fortalecimiento del gremio, alejándose del espíritu asociativo que históricamente ha caracterizado a la radio chilena. 

 Designación nacional que hoy genera cuestionamientos 

 Pese a ese escenario regional, en 2024 Miguel Véliz Báez fue nombrado director nacional de ARCHI, designación realizada por la presidencia nacional del gremio, cargo que ostentaba al momento de quedar en prisión preventiva por el Caso Compin. 

 Este antecedente reinstala interrogantes de fondo sobre los criterios utilizados para definir cargos de representación nacional, especialmente cuando existían antecedentes conocidos de tensiones, distancia con las bases regionales y oposición al ingreso de nuevas radios durante su gestión en Atacama.

 En el ambiente radial surge una pregunta inevitable: ¿Cómo se promovió a nivel nacional a una figura que no lograba consensos en su propia región? 

 Responsabilidad política y silencio incómodo Hoy, con uno de sus directores nacionales en prisión preventiva por graves delitos, el debate ya no es solo administrativo, sino también político y ético, particularmente en cuanto a liderazgos, control interno y representación real de las regiones. 

 Diversos radiodifusores coinciden en que el silencio institucional no es sostenible, cuando lo que está en juego es la credibilidad de un gremio histórico, construido por décadas sobre la base de la confianza, la vocación pública y el trabajo territorial. Un caso que sigue abierto 

 Por ahora, los tres imputados permanecen privados de libertad, mientras la investigación continúa su curso. La Fiscalía ha sido clara en señalar que se trata de una causa compleja y en pleno desarrollo, con diligencias pendientes que podrían derivar en nuevas imputaciones.

 El Caso Compin no solo expone un fraude millonario al Estado, sino que también deja al descubierto fallas de control, liderazgos cuestionados y decisiones gremiales que hoy están bajo la lupa, con consecuencias que trascienden lo judicial y golpean directamente la confianza institucional.