Primer vuelo de expulsión de migrantes genera controversia en el Congreso

La administración de José Antonio Kast llevará a cabo su primer vuelo de expulsión de migrantes en situación irregular el jueves 16 de abril. En esta operación, 40 personas serán trasladadas a Colombia, Bolivia y Ecuador, bajo la dirección del Servicio Nacional de Migraciones, con el apoyo de la PDI y la Fuerza Aérea de Chile.

Este procedimiento marca el inicio de una serie de acciones relacionadas con el control migratorio, uno de los pilares fundamentales de la actual administración. Desde el oficialismo, se ha destacado que este paso representa un avance hacia la implementación de medidas concretas.

El anuncio del vuelo de expulsión ha generado reacciones en sectores de oposición, especialmente en el Frente Amplio y el Socialismo Democrático, donde se cuestiona la magnitud del operativo.

El diputado Jaime Bassa expresó: “la única promesa que ha cumplido el presidente de la República ha sido hacerse el examen de pelo contra las drogas”, y agregó que el vuelo “viene coordinado desde el gobierno anterior”. Además, calificó otras iniciativas, como la construcción de infraestructura fronteriza, como una “burla”.

En la misma línea, la diputada Lorena Fries planteó dudas sobre la rapidez del proceso, señalando que “con ese patrón de expulsión, vamos a necesitar 23 años”, haciendo referencia al ritmo actual de deportaciones y su impacto en los objetivos establecidos.

Desde el oficialismo, representantes del Partido Republicano y Renovación Nacional respaldaron la implementación del operativo. El secretario general republicano, Vicente Bruna, afirmó que “pasamos del diagnóstico a la acción”, resaltando el comienzo de medidas concretas en materia migratoria.

Por otro lado, el diputado Mauro González enfatizó la importancia de mantener la frecuencia de estos vuelos, indicando que el objetivo es que el proceso “sea permanente y continuo, idealmente dos o tres veces al mes, para generar un efecto real en el control de fronteras”.

El operativo de expulsión de migrantes implica una coordinación entre diversas instituciones estatales. El Servicio Nacional de Migraciones lidera la gestión administrativa, mientras que la Policía de Investigaciones (PDI) y la Fuerza Aérea de Chile participan en la ejecución logística y en el traslado de las personas.

El senador Juan Luis Castro, miembro de la comisión de seguridad, señaló que estas acciones conllevan costos significativos pero recordó que son una de las principales promesas del Ejecutivo. Asimismo, indicó que este tipo de operativos debe mantenerse en el tiempo para consolidarse como política pública.

Desde un punto técnico, la diputada Joanna Pérez, presidenta de la comisión de Gobierno Interior, advirtió que el éxito del plan depende de los recursos disponibles. Destacó que si bien era esperable el inicio de estos vuelos, enfatizó que el presupuesto actual podría limitar su implementación. En ese sentido, afirmó: “No puede ser que, con los pocos recursos que tiene Migraciones, eso sea hoy día un obstáculo. Tenemos que disponer más recursos”.

También planteó la posibilidad de evaluar medidas complementarias, como incentivos para la salida voluntaria de migrantes, con el fin de fortalecer la estrategia estatal.

El inicio de los vuelos ha generado un debate en el Congreso sobre la efectividad y sostenibilidad de la política migratoria. Mientras el Gobierno promueve continuar con estas acciones, diversos sectores han puesto énfasis en aspectos como capacidad operativa, recursos disponibles y cumplimiento de metas establecidas.

Este primer operativo marca el comienzo de una estrategia que seguirá siendo evaluada en función de su implementación y resultados.