Steinert se justifica por miedo al crimen organizado en documento secreto

Una reciente resolución del órgano fiscalizador ha puesto fin a una importante controversia en el ámbito de la Seguridad Pública. De acuerdo con el dictamen, María Trinidad Steinert excedió sus atribuciones al solicitar información sobre investigaciones penales en curso a la Policía de Investigaciones (PDI).

No obstante, un documento confidencial enviado a la entonces contralora Dorothy Pérez revela los motivos que llevaron a la exsecretaria de Estado a intervenir en este asunto.

El punto central de la defensa de Steinert se centró en el caso "Clan Chen", una red de crimen organizado implicada en estafas complejas y lavado de activos a nivel global. La exministra explicó que la alerta surgió cuando se ordenó el traslado de detectives de la Brigada Antinarcóticos y Contra el Crimen Organizado de Tarapacá un día antes de la formalización de 39 imputados.

Para Steinert, este cambio representó un "desarraigo administrativo abrupto" de investigadores clave en el seguimiento de billeteras de criptomonedas y pruebas digitales cruciales. Según sus palabras, "la delincuencia organizada y la mafia no permiten distracciones, y muchas veces puede depender una vida de ello".

La exministra defendió su actuación argumentando que no actuar frente a un riesgo evidente para los intereses del Estado sería una transgresión directa a la probidad administrativa. En su comunicado, afirmó que no intervenir ante el traslado de los funcionarios habría sido una negligencia incompatible con su cargo.

Además, Steinert apeló a su experiencia previa como fiscal para respaldar su postura, señalando que una autoridad informada es la más adecuada para ejercer el control y que "la imparcialidad administrativa no equivale a ignorancia".

A pesar de los argumentos relacionados con la seguridad nacional, la Contraloría determinó que el Ministerio de Seguridad Pública no tiene la autoridad para solicitar información sobre casos penales en curso, ni siquiera bajo el pretexto de supervisión administrativa.

El fallo estableció que estas consultas invaden las competencias exclusivas del Ministerio Público, concluyendo que la solicitud enviada a la PDI estaba fuera del marco legal establecido.