Estado de excepción con toques de queda y escuchas telefónicas

El Gobierno continúa afinando su Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT), y el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, profundizó en uno de sus principales anuncios: la creación de un nuevo estado de excepción constitucional para enfrentar la delincuencia organizada y el terrorismo en zonas focalizadas del país.

En una entrevista con T13 Central, el secretario de Estado explicó que la propuesta busca llenar un vacío en la legislación actual, ya que los cuatro estados de excepción contemplados por la Constitución —Asamblea, Sitio, Emergencia y Catástrofe— no fueron diseñados para abordar problemas de seguridad pública asociados al crimen organizado.

“Lo que estamos pensando es que hay ciertas zonas de nuestro país, unas más acotadas, quizás un barrio, quizás un polígono en zonas de operaciones más rurales o en el norte del país, que requieren herramientas especiales para hacerse cargo del combate del crimen organizado y el terrorismo”, sostuvo Arrau.

El ministro detalló que este nuevo mecanismo permitiría adoptar medidas extraordinarias dentro de los sectores donde sea decretado, incluyendo restricciones al desplazamiento y otras facultades especiales para las autoridades.

Entre ellas, mencionó la posibilidad de establecer toques de queda, limitar el derecho a reunión e incluso autorizar la interceptación de telecomunicaciones, con el objetivo de agilizar investigaciones y operativos contra organizaciones criminales.

Según explicó, estas herramientas estarían enfocadas exclusivamente en las zonas donde exista una grave alteración de la seguridad pública y permitirían una respuesta más rápida frente a delitos complejos.

Respecto de una eventual participación de las Fuerzas Armadas, Arrau indicó que podrían colaborar en operaciones específicas cuando sus capacidades sean necesarias, aunque precisó que el control de la seguridad pública seguiría estando a cargo de las policías.

“Las Fuerzas Armadas sin duda tienen capacidades más específicas (...) se podrá pedir la colaboración para esas operaciones en especial, para ciertas funciones específicas, pero sigue bajo la lógica de seguridad pública y son las policías quienes tienen la expertís”, afirmó el ministro.

La agenda también contempla modificaciones en materia migratoria. Entre ellas, aumentar los plazos de retención administrativa de personas extranjeras en situación irregular para facilitar la ejecución de las expulsiones.

Arrau aseguró que esta medida no busca prolongar los procedimientos, sino hacerlos más eficaces frente al alto número de órdenes de expulsión pendientes.

“No hay una condena judicial, sino una retención administrativa mientras se cumple la orden de expulsión, con revisión legal de un juez”, explicó.

El ministro también defendió la reforma constitucional impulsada por el Ejecutivo para incorporar la seguridad pública como un deber explícito del Estado, señalando que este cambio jurídico permitirá sustentar las demás modificaciones que contempla la agenda.

La iniciativa forma parte del paquete de medidas anunciado por el Presidente José Antonio Kast, que considera cerca de 30 proyectos de ley y reformas destinadas a fortalecer las herramientas del Estado para enfrentar el crimen organizado, el terrorismo y la migración irregular.