Contraloría detecta 7.207 licencias médicas por viajes al extranjero

La Contraloría General de la República ha publicado el Consolidado de Información Circularizada (CIC) N° 26, un informe que revela datos sobre licencias médicas y los registros de fronteras de la Policía de Investigaciones (PDI).

Según el informe, un total de 7.207 servidores públicos fueron identificados ingresando o saliendo de Chile mientras estaban en reposo médico durante el año 2025. Esta cifra representa una disminución del 63% en comparación con los registros de los años 2023 y 2024, cuando se contabilizaron 19.963 y 19.597 casos respectivamente.

El análisis realizado también reveló un patrón de comportamiento entre los involucrados: 4.522 personas realizaron viajes al extranjero mientras estaban en reposo en al menos dos de los tres años analizados, y 566 funcionarios repitieron esta conducta en los años 2023, 2024 y 2025.

Tras la emisión del primer informe en mayo de 2025, se identificó a 1.299 servidores que salieron del país estando en reposo, siendo que 320 de ellos ya habían sido mencionados en revisiones anteriores. Según la Contraloría, esto "evidencia la persistencia de un grupo de funcionarios con comportamiento reiterado", aunque destacaron que la intervención inicial ha contribuido a una reducción significativa y sostenida de estos incidentes.

En cuanto a las entidades estatales, la Junta Nacional de Jardines Infantiles (Junji) encabezó la lista en el año 2025 con 346 licencias médicas asociadas a viajes internacionales. A pesar de haber reducido sus registros desde las 1.263 licencias contabilizadas en 2023 y las 1.017 en 2024, volvió a ocupar el primer lugar en la medición.

Otros organismos públicos que destacaron fueron la Fundación Integra, con 326 licencias; el Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Chinchorro, con 207 casos; la Municipalidad de Arica, con 165 licencias; y el Servicio de Salud Magallanes, con 162 permisos médicos.

Luego de la notificación oficial del informe, la Contraloría ha ordenado a las instituciones públicas involucradas iniciar "procedimientos disciplinarios" para determinar las responsabilidades administrativas correspondientes en cada caso. Estas entidades deberán enviar las resoluciones respectivas dentro de un plazo máximo de cinco días a través del Sistema de Inspección de Acciones Derivadas (SIAD).

A su vez, la Contraloría remitirá los antecedentes recopilados a la COMPIN, la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO), el Ministerio Público y el Consejo de Defensa del Estado para que tomen las medidas legales y sancionatorias pertinentes dentro del marco legal establecido.