Ciudadana haitiana defiende traslado de 34 niños a Chile

La polémica en torno al Programa de Reunificación Familiar para ciudadanos haitianos sumó un nuevo capítulo luego de que una de las personas mencionadas en el preinforme de la Contraloría General de la República decidiera hablar públicamente. Se trata de Jean Roose Shamma, una ciudadana haitiana residente en Chile que apareció en los registros como acompañante de decenas de menores que ingresaron al país en vuelos organizados bajo este mecanismo migratorio.

El caso salió a la luz tras la publicación de un informe preliminar que detectó una serie de irregularidades y falencias en la coordinación entre el Servicio Nacional de Migraciones (SERMIG), la Policía de Investigaciones (PDI) y la Subsecretaría de la Niñez. Entre los antecedentes revelados, se indicó que cientos de menores ingresaron a Chile acompañados por un reducido número de adultos responsables, situación que generó preocupación y motivó diversas diligencias de investigación.

En conversación con T13 Central, Jean Roose Shamma defendió su participación en estos viajes y aseguró que siempre actuó dentro del marco legal, con el objetivo de colaborar con familias haitianas que no contaban con los recursos para viajar a buscar a sus hijos.

“Lo hice para ayudar a la comunidad haitiana en Chile. Hay muchas personas que no tienen la posibilidad de viajar. Como madre lo hice. Nos juntamos con otro amigo haitiano para viajar y poder ir a buscar a los niños. Llegamos con todos los niños con los documentos al día y legales. Eso me molesta, porque no estaba haciendo nada ilegal”, afirmó.

El preinforme de Contraloría también señaló que, de una muestra de 105 menores visitados durante una fiscalización, 64 no pudieron ser ubicados inicialmente en los domicilios registrados. Sin embargo, esa situación cambió durante esta semana, luego de que la PDI informara que todos los niños fueron encontrados tras las diligencias de búsqueda realizadas a raíz del informe.

Otro de los antecedentes que llamó la atención fue que 486 menores ingresaron al país acompañados por solo 12 adultos. Dentro de ese contexto figura el nombre de Jean Roose Shamma, quien explicó que el 5 de abril de 2025 arribó a Chile en un vuelo chárter junto a 34 niños. Posteriormente realizó otro viaje con dos menores y aseguró que su última participación ocurrió en febrero de este año.

Según relató, los niños tenían entre 8 y 17 años y pertenecían a familias que ella conocía previamente. Además, negó haber obtenido beneficios económicos por desempeñar ese rol.

“No. Esto lo hago gratis. Ese tiempo en que fui a buscar niños no estaba trabajando. Cuando fui el 2024 y 2025 no estaba trabajando. (Los padres) solo me pagan los pasajes”, sostuvo.

La mujer también explicó que los viajes se organizaban mediante distintas agencias que coordinaban los vuelos chárter debido a la inexistencia de rutas comerciales directas.

“Como no hay vuelo comercial, uno no puede comprar pasajes directamente. Las agencias las juntaron como comunidad. Hay varias agencias. (...) ¿Yo en cuál viajé? Como te explico, cuando hicieron el vuelo charter, no había una agencia, porque había como 6-7 agencias involucradas para que el vuelo se pudiera hacer”, señaló.

Por su parte, su abogado, Felipe Santander, aseguró que su representada está disponible para colaborar con las indagatorias que desarrolla el Ministerio Público.

“Estas personas están muy complicadas con esta situación, puesto que ellos desde su perspectiva no han cometido delitos, con los papeles en regla, en coordinación con su grupo familiar para poder participar del proceso de reunificación con sus familias”, indicó.

El defensor también descartó cualquier motivación económica detrás de estos traslados. “Descarto absolutamente que haya un negocio, nadie está lucrando con esto. Solo están ayudando a su comunidad de haitianos porque no se pueden costear los traslados”, afirmó.

Las declaraciones se conocen en medio de una investigación que continúa avanzando. Durante esta misma jornada, dos ciudadanos haitianos fueron formalizados por los delitos de tráfico ilícito de migrantes y lavado de activos en una causa liderada por la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, que busca esclarecer posibles irregularidades asociadas a los procesos de reunificación familiar realizados en los últimos años.