Una profunda tragedia familiar y comunitaria se registró durante las primeras horas de la madrugada de este lunes 13 de julio en la comuna de Colina, en la zona norte de la Región Metropolitana. Un violento incendio estructural de rápida propagación cobró la vida de dos hermanos de 11 y 3 años de edad, además de dejar un saldo de 12 viviendas pareadas completamente destruidas y múltiples personas lesionadas de diversa consideración. El siniestro se desencadenó en un conjunto de pasajes ubicados en la calle Puerto de Palos, al interior de la Villa Las Américas. De acuerdo con los primeros peritajes e informes técnicos entregados por los equipos de emergencia en el lugar, el fuego se habría originado a raíz del recalentamiento de un aparato calefactor al interior de una de las dependencias residenciales, propagándose en cosa de minutos a las estructuras colindantes debido al material de construcción. El avance de las llamas provocó el deceso inmediato del menor de 11 años. En tanto, su hermana de 3 años permaneció en condición de desaparecida durante gran parte de la madrugada, siendo localizada sin vida horas más tarde por los equipos de rescate en medio de las remociones de escombros y pericias científicas en el sitio del suceso. El comandante del Cuerpo de Bomberos Colina-Lampa, Alejandro Parada, ratificó el trágico balance de la jornada: “Hay dos menores de edad declarados fallecidos; serían hermanos…”, confirmó la autoridad bomberil. El combate de la emergencia estuvo marcado por severas complicaciones logísticas para las compañías de Bomberos que acudieron a la Villa Las Américas. Tanto oficiales de Carabineros como los propios voluntarios reportaron que la red de abastecimiento secundario no respondió adecuadamente ante el volumen del incendio. Al respecto, el mayor Alberto Pérez López, comisario de la 8ª Comisaría de Colina, detalló que cuando los camiones bomberiles “llegaron al lugar, tenían problemas para poder extraer el agua desde los grifos”, una acusación que fue refrendada por el comandante Parada al precisar que “los grifos no tenían potencia suficiente”, obligando a maniobras adicionales con camiones aljibe para frenar el daño habitacional. El seremi de Seguridad Pública, Juan Barrientos, monitoreó el traslado de los afectados hacia los centros médicos locales, confirmando que entre el grupo prioritario se encuentra la madre y otro infante. La autoridad enfatizó que, pese al impacto y las quemaduras sufridas, no habría ninguna persona en riesgo vital en los hospitales. Las causas definitivas y el origen del fallo serán determinados por las autoridades correspondientes. Fuente: Publimetro
Una investigación periodística publicada por el medio independiente CIPER expuso de forma detallada que la Junta Nacional de Jardines Infantiles (Junji) mantiene activamente en sus funciones a una educadora de párvulos que fue objeto de sanciones administrativas directas tras comprobarse que destruyó registros institucionales clave. Dichos documentos guardaban relación con las lesiones corporales severas que presentaba un niño de casi dos años de edad, quien apenas veinticuatro horas después de las anotaciones se convirtió en víctima de abuso sexual y homicidio durante el año 2022. De acuerdo con los antecedentes recopilados en el reportaje de CIPER, l a funcionaria ejerce actualmente como directora de otro recinto de educación parvularia dependiente de la red estatal dentro de la Región Metropolitana. Su historial administrativo registra una suspensión previa de sus labores por el lapso de tres meses, junto con una rebaja del 50% de su remuneración mensual, luego de que un sumario interno concluyera de forma unánime que eliminó de forma intencional el registro físico donde educadoras de aula habían consignado los moretones observados en el menor antes de constatarse su muerte. La cronología de la investigación detalla que al menos tres trabajadoras de la salud y educación del establecimiento educacional inicial original detectaron equimosis visibles en distintas partes de la anatomía del lactante. Estos antecedentes fueron formalmente estampados en una bitácora interna de la institución. No obstante, la entonces directora subrogante optó por no realizar la denuncia obligatoria ante el Ministerio Público o Carabineros, omitiendo la activación de los protocolos de resguardo estipulados por el Estado para este tipo de vulneraciones graves. El reportaje de CIPER consigna además que, tras tomar conocimiento del trágico deceso del niño al día siguiente de las advertencias del personal, l a funcionaria concurrió al jardín infantil en horario nocturno para sustraer y destruir el documento oficial. Días posteriores al crimen, la directora instruyó a sus subordinadas rehacer el registro modificado; una de las educadoras declaró bajo juramento en el proceso indagatorio que se vio forzada a cambiar la redacción original debido a que la plana directiva consideró que la descripción de las lesiones era “muy fuerte”. A pesar de la gravedad de las faltas acreditadas por el sumario administrativo de la Junji —donde se determinó que la parvularia incumplió severamente sus deberes de protección y buscó ocultar información útil para la justicia—, el órgano público concluyó que no correspondía aplicar la medida de destitución. La institución pública consideró como una atenuante válida que la trabajadora reconoció su responsabilidad administrativa y prestó colaboración durante el desarrollo del proceso sumarial. Al ser consultada directamente por el medio CIPER, la Junji ratificó que el procedimiento disciplinario ya concluyó formalmente, encontrándose las sanciones ejecutadas, añadiendo que desde el año 2024 se actualizaron los protocolos de actuación frente a vulneraciones de derechos infantiles. En la esfera judicial ordinaria, la abuela paterna del niño asesinado, contando con el patrocinio técnico y representación jurídica de la Fundación Amparo y Justicia, dedujo una querella criminal en contra de la profesional por el delito infidelidad en custodia documentos públicos. Dicha causa penal concluyó ante los tribunales garantía mediante salida alternativa suspensión condicional procedimiento, por lo cual la actual directora debió cumplir con medida firma mensual por periodo un año y ofrecer disculpas públicas a familia afectada. Respecto autores directos crimen, cabe recordar tanto madre menor como padrastro resultaron detenidos en 2022; este último fue hallado muerto interior celda reclusión dos días después detención formal. Fuente: Publimetro
La polémica en torno al Programa de Reunificación Familiar para ciudadanos haitianos sumó un nuevo capítulo luego de que una de las personas mencionadas en el preinforme de la Contraloría General de la República decidiera hablar públicamente. Se trata de Jean Roose Shamma, una ciudadana haitiana residente en Chile que apareció en los registros como acompañante de decenas de menores que ingresaron al país en vuelos organizados bajo este mecanismo migratorio. El caso salió a la luz tras la publicación de un informe preliminar que detectó una serie de irregularidades y falencias en la coordinación entre el Servicio Nacional de Migraciones (SERMIG), la Policía de Investigaciones (PDI) y la Subsecretaría de la Niñez. Entre los antecedentes revelados, se indicó que cientos de menores ingresaron a Chile acompañados por un reducido número de adultos responsables, situación que generó preocupación y motivó diversas diligencias de investigación. En conversación con T13 Central, Jean Roose Shamma defendió su participación en estos viajes y aseguró que siempre actuó dentro del marco legal, con el objetivo de colaborar con familias haitianas que no contaban con los recursos para viajar a buscar a sus hijos. “Lo hice para ayudar a la comunidad haitiana en Chile. Hay muchas personas que no tienen la posibilidad de viajar. Como madre lo hice. Nos juntamos con otro amigo haitiano para viajar y poder ir a buscar a los niños. Llegamos con todos los niños con los documentos al día y legales. Eso me molesta, porque no estaba haciendo nada ilegal”, afirmó. El preinforme de Contraloría también señaló que, de una muestra de 105 menores visitados durante una fiscalización, 64 no pudieron ser ubicados inicialmente en los domicilios registrados. Sin embargo, esa situación cambió durante esta semana, luego de que la PDI informara que todos los niños fueron encontrados tras las diligencias de búsqueda realizadas a raíz del informe. Otro de los antecedentes que llamó la atención fue que 486 menores ingresaron al país acompañados por solo 12 adultos. Dentro de ese contexto figura el nombre de Jean Roose Shamma, quien explicó que el 5 de abril de 2025 arribó a Chile en un vuelo chárter junto a 34 niños. Posteriormente realizó otro viaje con dos menores y aseguró que su última participación ocurrió en febrero de este año. Según relató, los niños tenían entre 8 y 17 años y pertenecían a familias que ella conocía previamente. Además, negó haber obtenido beneficios económicos por desempeñar ese rol. “No. Esto lo hago gratis. Ese tiempo en que fui a buscar niños no estaba trabajando. Cuando fui el 2024 y 2025 no estaba trabajando. (Los padres) solo me pagan los pasajes”, sostuvo. La mujer también explicó que los viajes se organizaban mediante distintas agencias que coordinaban los vuelos chárter debido a la inexistencia de rutas comerciales directas. “Como no hay vuelo comercial, uno no puede comprar pasajes directamente. Las agencias las juntaron como comunidad. Hay varias agencias. (...) ¿Yo en cuál viajé? Como te explico, cuando hicieron el vuelo charter, no había una agencia, porque había como 6-7 agencias involucradas para que el vuelo se pudiera hacer”, señaló. Por su parte, su abogado, Felipe Santander, aseguró que su representada está disponible para colaborar con las indagatorias que desarrolla el Ministerio Público. “Estas personas están muy complicadas con esta situación, puesto que ellos desde su perspectiva no han cometido delitos, con los papeles en regla, en coordinación con su grupo familiar para poder participar del proceso de reunificación con sus familias”, indicó. El defensor también descartó cualquier motivación económica detrás de estos traslados. “Descarto absolutamente que haya un negocio, nadie está lucrando con esto. Solo están ayudando a su comunidad de haitianos porque no se pueden costear los traslados”, afirmó. Las declaraciones se conocen en medio de una investigación que continúa avanzando. Durante esta misma jornada, dos ciudadanos haitianos fueron formalizados por los delitos de tráfico ilícito de migrantes y lavado de activos en una causa liderada por la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, que busca esclarecer posibles irregularidades asociadas a los procesos de reunificación familiar realizados en los últimos años. Fuente: Publimetro
Una profunda tragedia familiar y comunitaria se registró durante las primeras horas de la madrugada de este lunes 13 de julio en la comuna de Colina, en la zona norte de la Región Metropolitana. Un violento incendio estructural de rápida propagación cobró la vida de dos hermanos de 11 y 3 años de edad, además de dejar un saldo de 12 viviendas pareadas completamente destruidas y múltiples personas lesionadas de diversa consideración. El siniestro se desencadenó en un conjunto de pasajes ubicados en la calle Puerto de Palos, al interior de la Villa Las Américas. De acuerdo con los primeros peritajes e informes técnicos entregados por los equipos de emergencia en el lugar, el fuego se habría originado a raíz del recalentamiento de un aparato calefactor al interior de una de las dependencias residenciales, propagándose en cosa de minutos a las estructuras colindantes debido al material de construcción. El avance de las llamas provocó el deceso inmediato del menor de 11 años. En tanto, su hermana de 3 años permaneció en condición de desaparecida durante gran parte de la madrugada, siendo localizada sin vida horas más tarde por los equipos de rescate en medio de las remociones de escombros y pericias científicas en el sitio del suceso. El comandante del Cuerpo de Bomberos Colina-Lampa, Alejandro Parada, ratificó el trágico balance de la jornada: “Hay dos menores de edad declarados fallecidos; serían hermanos…”, confirmó la autoridad bomberil. El combate de la emergencia estuvo marcado por severas complicaciones logísticas para las compañías de Bomberos que acudieron a la Villa Las Américas. Tanto oficiales de Carabineros como los propios voluntarios reportaron que la red de abastecimiento secundario no respondió adecuadamente ante el volumen del incendio. Al respecto, el mayor Alberto Pérez López, comisario de la 8ª Comisaría de Colina, detalló que cuando los camiones bomberiles “llegaron al lugar, tenían problemas para poder extraer el agua desde los grifos”, una acusación que fue refrendada por el comandante Parada al precisar que “los grifos no tenían potencia suficiente”, obligando a maniobras adicionales con camiones aljibe para frenar el daño habitacional. El seremi de Seguridad Pública, Juan Barrientos, monitoreó el traslado de los afectados hacia los centros médicos locales, confirmando que entre el grupo prioritario se encuentra la madre y otro infante. La autoridad enfatizó que, pese al impacto y las quemaduras sufridas, no habría ninguna persona en riesgo vital en los hospitales. Las causas definitivas y el origen del fallo serán determinados por las autoridades correspondientes. Fuente: Publimetro
Una investigación periodística publicada por el medio independiente CIPER expuso de forma detallada que la Junta Nacional de Jardines Infantiles (Junji) mantiene activamente en sus funciones a una educadora de párvulos que fue objeto de sanciones administrativas directas tras comprobarse que destruyó registros institucionales clave. Dichos documentos guardaban relación con las lesiones corporales severas que presentaba un niño de casi dos años de edad, quien apenas veinticuatro horas después de las anotaciones se convirtió en víctima de abuso sexual y homicidio durante el año 2022. De acuerdo con los antecedentes recopilados en el reportaje de CIPER, l a funcionaria ejerce actualmente como directora de otro recinto de educación parvularia dependiente de la red estatal dentro de la Región Metropolitana. Su historial administrativo registra una suspensión previa de sus labores por el lapso de tres meses, junto con una rebaja del 50% de su remuneración mensual, luego de que un sumario interno concluyera de forma unánime que eliminó de forma intencional el registro físico donde educadoras de aula habían consignado los moretones observados en el menor antes de constatarse su muerte. La cronología de la investigación detalla que al menos tres trabajadoras de la salud y educación del establecimiento educacional inicial original detectaron equimosis visibles en distintas partes de la anatomía del lactante. Estos antecedentes fueron formalmente estampados en una bitácora interna de la institución. No obstante, la entonces directora subrogante optó por no realizar la denuncia obligatoria ante el Ministerio Público o Carabineros, omitiendo la activación de los protocolos de resguardo estipulados por el Estado para este tipo de vulneraciones graves. El reportaje de CIPER consigna además que, tras tomar conocimiento del trágico deceso del niño al día siguiente de las advertencias del personal, l a funcionaria concurrió al jardín infantil en horario nocturno para sustraer y destruir el documento oficial. Días posteriores al crimen, la directora instruyó a sus subordinadas rehacer el registro modificado; una de las educadoras declaró bajo juramento en el proceso indagatorio que se vio forzada a cambiar la redacción original debido a que la plana directiva consideró que la descripción de las lesiones era “muy fuerte”. A pesar de la gravedad de las faltas acreditadas por el sumario administrativo de la Junji —donde se determinó que la parvularia incumplió severamente sus deberes de protección y buscó ocultar información útil para la justicia—, el órgano público concluyó que no correspondía aplicar la medida de destitución. La institución pública consideró como una atenuante válida que la trabajadora reconoció su responsabilidad administrativa y prestó colaboración durante el desarrollo del proceso sumarial. Al ser consultada directamente por el medio CIPER, la Junji ratificó que el procedimiento disciplinario ya concluyó formalmente, encontrándose las sanciones ejecutadas, añadiendo que desde el año 2024 se actualizaron los protocolos de actuación frente a vulneraciones de derechos infantiles. En la esfera judicial ordinaria, la abuela paterna del niño asesinado, contando con el patrocinio técnico y representación jurídica de la Fundación Amparo y Justicia, dedujo una querella criminal en contra de la profesional por el delito infidelidad en custodia documentos públicos. Dicha causa penal concluyó ante los tribunales garantía mediante salida alternativa suspensión condicional procedimiento, por lo cual la actual directora debió cumplir con medida firma mensual por periodo un año y ofrecer disculpas públicas a familia afectada. Respecto autores directos crimen, cabe recordar tanto madre menor como padrastro resultaron detenidos en 2022; este último fue hallado muerto interior celda reclusión dos días después detención formal. Fuente: Publimetro
La polémica en torno al Programa de Reunificación Familiar para ciudadanos haitianos sumó un nuevo capítulo luego de que una de las personas mencionadas en el preinforme de la Contraloría General de la República decidiera hablar públicamente. Se trata de Jean Roose Shamma, una ciudadana haitiana residente en Chile que apareció en los registros como acompañante de decenas de menores que ingresaron al país en vuelos organizados bajo este mecanismo migratorio. El caso salió a la luz tras la publicación de un informe preliminar que detectó una serie de irregularidades y falencias en la coordinación entre el Servicio Nacional de Migraciones (SERMIG), la Policía de Investigaciones (PDI) y la Subsecretaría de la Niñez. Entre los antecedentes revelados, se indicó que cientos de menores ingresaron a Chile acompañados por un reducido número de adultos responsables, situación que generó preocupación y motivó diversas diligencias de investigación. En conversación con T13 Central, Jean Roose Shamma defendió su participación en estos viajes y aseguró que siempre actuó dentro del marco legal, con el objetivo de colaborar con familias haitianas que no contaban con los recursos para viajar a buscar a sus hijos. “Lo hice para ayudar a la comunidad haitiana en Chile. Hay muchas personas que no tienen la posibilidad de viajar. Como madre lo hice. Nos juntamos con otro amigo haitiano para viajar y poder ir a buscar a los niños. Llegamos con todos los niños con los documentos al día y legales. Eso me molesta, porque no estaba haciendo nada ilegal”, afirmó. El preinforme de Contraloría también señaló que, de una muestra de 105 menores visitados durante una fiscalización, 64 no pudieron ser ubicados inicialmente en los domicilios registrados. Sin embargo, esa situación cambió durante esta semana, luego de que la PDI informara que todos los niños fueron encontrados tras las diligencias de búsqueda realizadas a raíz del informe. Otro de los antecedentes que llamó la atención fue que 486 menores ingresaron al país acompañados por solo 12 adultos. Dentro de ese contexto figura el nombre de Jean Roose Shamma, quien explicó que el 5 de abril de 2025 arribó a Chile en un vuelo chárter junto a 34 niños. Posteriormente realizó otro viaje con dos menores y aseguró que su última participación ocurrió en febrero de este año. Según relató, los niños tenían entre 8 y 17 años y pertenecían a familias que ella conocía previamente. Además, negó haber obtenido beneficios económicos por desempeñar ese rol. “No. Esto lo hago gratis. Ese tiempo en que fui a buscar niños no estaba trabajando. Cuando fui el 2024 y 2025 no estaba trabajando. (Los padres) solo me pagan los pasajes”, sostuvo. La mujer también explicó que los viajes se organizaban mediante distintas agencias que coordinaban los vuelos chárter debido a la inexistencia de rutas comerciales directas. “Como no hay vuelo comercial, uno no puede comprar pasajes directamente. Las agencias las juntaron como comunidad. Hay varias agencias. (...) ¿Yo en cuál viajé? Como te explico, cuando hicieron el vuelo charter, no había una agencia, porque había como 6-7 agencias involucradas para que el vuelo se pudiera hacer”, señaló. Por su parte, su abogado, Felipe Santander, aseguró que su representada está disponible para colaborar con las indagatorias que desarrolla el Ministerio Público. “Estas personas están muy complicadas con esta situación, puesto que ellos desde su perspectiva no han cometido delitos, con los papeles en regla, en coordinación con su grupo familiar para poder participar del proceso de reunificación con sus familias”, indicó. El defensor también descartó cualquier motivación económica detrás de estos traslados. “Descarto absolutamente que haya un negocio, nadie está lucrando con esto. Solo están ayudando a su comunidad de haitianos porque no se pueden costear los traslados”, afirmó. Las declaraciones se conocen en medio de una investigación que continúa avanzando. Durante esta misma jornada, dos ciudadanos haitianos fueron formalizados por los delitos de tráfico ilícito de migrantes y lavado de activos en una causa liderada por la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, que busca esclarecer posibles irregularidades asociadas a los procesos de reunificación familiar realizados en los últimos años. Fuente: Publimetro
