En una emotiva ceremonia llevada a cabo el martes 22 de septiembre, se llevó a cabo el lanzamiento oficial de la Fundación Ley Valentín. Esta iniciativa, impulsada por la familia de Valentín Brain, tiene como objetivo promover entornos seguros para niños y niñas, facilitando el acceso a dispositivos de protección para ventanas y balcones. La fecha elegida para este evento tuvo un significado especial para la familia, ya que Valentín habría cumplido siete años este 22 de septiembre. El trágico fallecimiento del pequeño en mayo de 2025, al caer desde el piso 13 de un edificio en San Pedro de la Paz mientras visitaba a un amigo, fue el motor que impulsó a su madre, Pamela Gutiérrez, a iniciar el proyecto conocido como Ley Valentín. Tras ser aprobada de manera unánime por el Senado el pasado 9 de septiembre, luego del informe de la Comisión Mixta, la ley establece que en viviendas ubicadas sobre el primer piso donde residan niños o niñas menores de 12 años o personas con necesidades especiales se deben implementar medidas destinadas a prevenir caídas accidentales. Se contempla un plazo de 24 meses desde su publicación para instalar los elementos de seguridad correspondientes. En palabras de Pamela Gutiérrez durante el lanzamiento: “Hoy día celebramos en conjunto que la ley se aprobó en la Cámara de Senadores, en la Cámara de Diputados. Y también celebramos el cumpleaños de mi Valentín”. Como presidenta de la fundación, Gutiérrez explicó que el desafío actual es llevar las medidas contempladas en la normativa a los hogares: “El objetivo principal de la Fundación es promover los entornos seguros para la infancia. Obviamente la pirámide va a nacer siempre desde el núcleo del hogar, desde los edificios. Entonces nuestro principal enfoque hoy en día es poder trabajar con las ventanas y balcones”, señaló según recogió el medio Sabes.cl. La fundación se enfocará en entregar y comercializar dispositivos certificados para ventanas y generar un fondo que apoye la implementación de medidas de seguridad en viviendas sociales: “Nosotros les vamos a garantizar la certificación, la seguridad, el origen. Y además, al comprarlo a través de nosotros, nosotros vamos a generar un fondo para poder también habilitar viviendas sociales”, explicó Gutiérrez. El diputado Sergio Bobadilla destacó que esta iniciativa busca aumentar la protección en viviendas ubicadas en altura: “Puede ser este proyecto una tremenda alternativa para evitar este tipo de situaciones. Algunos critican que no es la solución, pero peor es hoy día dejar la situación tal cual como está”, sostuvo. Por su parte, Edmundo Gutiérrez, abuelo de Valentín y tesorero de la fundación, mencionó uno de los desafíos principales: conseguir recursos para apoyar a las familias que no puedan costear estos elementos: “Un trabajo arduo para tratar de conseguir medios que permitan colaborar con aquellas personas que no tienen los medios para poder colocar estos dispositivos en los ventanales o balcones”, afirmó. Durante el evento también se presentó uno de los dispositivos promovidos por la fundación. Este sistema diseñado para ventanas correderas permite limitar su apertura mediante un mecanismo instalado en el borde interior. Según explicó el padre de Valentín : “Es una instalación móvil, cosa de que si yo salgo de ese lugar y voy de vacaciones a un lugar donde voy a tener ventanas correderas sin seguridad, lo puedo llevar en mi cartera o mochila y también instalar. Es una instalación de 60 segundos”. Con un valor cercano a los $4.000, este dispositivo representa una medida concreta hacia la prevención y seguridad que busca impulsar la familia tras la tragedia ocurrida. Fuente: Publimetro
Una reciente investigación ha descubierto que las sesiones de entrenamiento han fortalecido el vínculo entre los niños y los gatos de la familia, fomentando una mayor responsabilidad en su cuidado y mejorando la confianza y el comportamiento social de las mascotas. Este estudio ha revelado el potencial de los gatos como participantes activos en intervenciones asistidas con animales. El estudio, realizado por investigadores de la Universidad Estatal de Oregón, evaluó un programa de entrenamiento de seis semanas en el que participaron 36 niños de entre 8 y 17 años junto con sus gatos. A través de técnicas de refuerzo positivo, los participantes enseñaron a sus mascotas comportamientos sencillos, como sentarse o acudir al llamado. Los resultados obtenidos demostraron que los gatos pueden desempeñar un papel activo en este tipo de intervenciones, contribuyendo a fortalecer las habilidades sociales, emocionales y de autonomía de los niños. Los gatos se vuelven más seguros de sí mismos, más sociables y desarrollan vínculos más fuertes que también benefician a los niños, comentó Monique Udell, profesora de la Universidad Estatal de Oregón y coautora del estudio. UN VÍNCULO MÁS FUERTE Los niños que participaron en el programa mostraron un aumento significativo en la responsabilidad relacionada con el cuidado de sus gatos, mientras que en el grupo de control esa responsabilidad disminuyó. Además, se observó un incremento notable en el porcentaje de participantes que afirmaron enseñarles nuevos comportamientos a sus gatos y pasearlos. El entrenamiento no solo benefició a los niños, sino también a los gatos. Los investigadores notaron que estos felinos se volvieron más sociables y desarrollaron vínculos más seguros con los menores. Algunos gatos pasaron de presentar un apego inseguro a uno seguro con el niño participante, lo que sugiere que este tipo de actividades puede mejorar el bienestar y la confianza de ambas partes, abriendo nuevas posibilidades para programas terapéuticos asistidos con gatos. Fuente: Publimetro
Una profunda tragedia familiar y comunitaria se registró durante las primeras horas de la madrugada de este lunes 13 de julio en la comuna de Colina, en la zona norte de la Región Metropolitana. Un violento incendio estructural de rápida propagación cobró la vida de dos hermanos de 11 y 3 años de edad, además de dejar un saldo de 12 viviendas pareadas completamente destruidas y múltiples personas lesionadas de diversa consideración. El siniestro se desencadenó en un conjunto de pasajes ubicados en la calle Puerto de Palos, al interior de la Villa Las Américas. De acuerdo con los primeros peritajes e informes técnicos entregados por los equipos de emergencia en el lugar, el fuego se habría originado a raíz del recalentamiento de un aparato calefactor al interior de una de las dependencias residenciales, propagándose en cosa de minutos a las estructuras colindantes debido al material de construcción. El avance de las llamas provocó el deceso inmediato del menor de 11 años. En tanto, su hermana de 3 años permaneció en condición de desaparecida durante gran parte de la madrugada, siendo localizada sin vida horas más tarde por los equipos de rescate en medio de las remociones de escombros y pericias científicas en el sitio del suceso. El comandante del Cuerpo de Bomberos Colina-Lampa, Alejandro Parada, ratificó el trágico balance de la jornada: “Hay dos menores de edad declarados fallecidos; serían hermanos…”, confirmó la autoridad bomberil. El combate de la emergencia estuvo marcado por severas complicaciones logísticas para las compañías de Bomberos que acudieron a la Villa Las Américas. Tanto oficiales de Carabineros como los propios voluntarios reportaron que la red de abastecimiento secundario no respondió adecuadamente ante el volumen del incendio. Al respecto, el mayor Alberto Pérez López, comisario de la 8ª Comisaría de Colina, detalló que cuando los camiones bomberiles “llegaron al lugar, tenían problemas para poder extraer el agua desde los grifos”, una acusación que fue refrendada por el comandante Parada al precisar que “los grifos no tenían potencia suficiente”, obligando a maniobras adicionales con camiones aljibe para frenar el daño habitacional. El seremi de Seguridad Pública, Juan Barrientos, monitoreó el traslado de los afectados hacia los centros médicos locales, confirmando que entre el grupo prioritario se encuentra la madre y otro infante. La autoridad enfatizó que, pese al impacto y las quemaduras sufridas, no habría ninguna persona en riesgo vital en los hospitales. Las causas definitivas y el origen del fallo serán determinados por las autoridades correspondientes. Fuente: Publimetro
Una investigación periodística publicada por el medio independiente CIPER expuso de forma detallada que la Junta Nacional de Jardines Infantiles (Junji) mantiene activamente en sus funciones a una educadora de párvulos que fue objeto de sanciones administrativas directas tras comprobarse que destruyó registros institucionales clave. Dichos documentos guardaban relación con las lesiones corporales severas que presentaba un niño de casi dos años de edad, quien apenas veinticuatro horas después de las anotaciones se convirtió en víctima de abuso sexual y homicidio durante el año 2022. De acuerdo con los antecedentes recopilados en el reportaje de CIPER, l a funcionaria ejerce actualmente como directora de otro recinto de educación parvularia dependiente de la red estatal dentro de la Región Metropolitana. Su historial administrativo registra una suspensión previa de sus labores por el lapso de tres meses, junto con una rebaja del 50% de su remuneración mensual, luego de que un sumario interno concluyera de forma unánime que eliminó de forma intencional el registro físico donde educadoras de aula habían consignado los moretones observados en el menor antes de constatarse su muerte. La cronología de la investigación detalla que al menos tres trabajadoras de la salud y educación del establecimiento educacional inicial original detectaron equimosis visibles en distintas partes de la anatomía del lactante. Estos antecedentes fueron formalmente estampados en una bitácora interna de la institución. No obstante, la entonces directora subrogante optó por no realizar la denuncia obligatoria ante el Ministerio Público o Carabineros, omitiendo la activación de los protocolos de resguardo estipulados por el Estado para este tipo de vulneraciones graves. El reportaje de CIPER consigna además que, tras tomar conocimiento del trágico deceso del niño al día siguiente de las advertencias del personal, l a funcionaria concurrió al jardín infantil en horario nocturno para sustraer y destruir el documento oficial. Días posteriores al crimen, la directora instruyó a sus subordinadas rehacer el registro modificado; una de las educadoras declaró bajo juramento en el proceso indagatorio que se vio forzada a cambiar la redacción original debido a que la plana directiva consideró que la descripción de las lesiones era “muy fuerte”. A pesar de la gravedad de las faltas acreditadas por el sumario administrativo de la Junji —donde se determinó que la parvularia incumplió severamente sus deberes de protección y buscó ocultar información útil para la justicia—, el órgano público concluyó que no correspondía aplicar la medida de destitución. La institución pública consideró como una atenuante válida que la trabajadora reconoció su responsabilidad administrativa y prestó colaboración durante el desarrollo del proceso sumarial. Al ser consultada directamente por el medio CIPER, la Junji ratificó que el procedimiento disciplinario ya concluyó formalmente, encontrándose las sanciones ejecutadas, añadiendo que desde el año 2024 se actualizaron los protocolos de actuación frente a vulneraciones de derechos infantiles. En la esfera judicial ordinaria, la abuela paterna del niño asesinado, contando con el patrocinio técnico y representación jurídica de la Fundación Amparo y Justicia, dedujo una querella criminal en contra de la profesional por el delito infidelidad en custodia documentos públicos. Dicha causa penal concluyó ante los tribunales garantía mediante salida alternativa suspensión condicional procedimiento, por lo cual la actual directora debió cumplir con medida firma mensual por periodo un año y ofrecer disculpas públicas a familia afectada. Respecto autores directos crimen, cabe recordar tanto madre menor como padrastro resultaron detenidos en 2022; este último fue hallado muerto interior celda reclusión dos días después detención formal. Fuente: Publimetro
La polémica en torno al Programa de Reunificación Familiar para ciudadanos haitianos sumó un nuevo capítulo luego de que una de las personas mencionadas en el preinforme de la Contraloría General de la República decidiera hablar públicamente. Se trata de Jean Roose Shamma, una ciudadana haitiana residente en Chile que apareció en los registros como acompañante de decenas de menores que ingresaron al país en vuelos organizados bajo este mecanismo migratorio. El caso salió a la luz tras la publicación de un informe preliminar que detectó una serie de irregularidades y falencias en la coordinación entre el Servicio Nacional de Migraciones (SERMIG), la Policía de Investigaciones (PDI) y la Subsecretaría de la Niñez. Entre los antecedentes revelados, se indicó que cientos de menores ingresaron a Chile acompañados por un reducido número de adultos responsables, situación que generó preocupación y motivó diversas diligencias de investigación. En conversación con T13 Central, Jean Roose Shamma defendió su participación en estos viajes y aseguró que siempre actuó dentro del marco legal, con el objetivo de colaborar con familias haitianas que no contaban con los recursos para viajar a buscar a sus hijos. “Lo hice para ayudar a la comunidad haitiana en Chile. Hay muchas personas que no tienen la posibilidad de viajar. Como madre lo hice. Nos juntamos con otro amigo haitiano para viajar y poder ir a buscar a los niños. Llegamos con todos los niños con los documentos al día y legales. Eso me molesta, porque no estaba haciendo nada ilegal”, afirmó. El preinforme de Contraloría también señaló que, de una muestra de 105 menores visitados durante una fiscalización, 64 no pudieron ser ubicados inicialmente en los domicilios registrados. Sin embargo, esa situación cambió durante esta semana, luego de que la PDI informara que todos los niños fueron encontrados tras las diligencias de búsqueda realizadas a raíz del informe. Otro de los antecedentes que llamó la atención fue que 486 menores ingresaron al país acompañados por solo 12 adultos. Dentro de ese contexto figura el nombre de Jean Roose Shamma, quien explicó que el 5 de abril de 2025 arribó a Chile en un vuelo chárter junto a 34 niños. Posteriormente realizó otro viaje con dos menores y aseguró que su última participación ocurrió en febrero de este año. Según relató, los niños tenían entre 8 y 17 años y pertenecían a familias que ella conocía previamente. Además, negó haber obtenido beneficios económicos por desempeñar ese rol. “No. Esto lo hago gratis. Ese tiempo en que fui a buscar niños no estaba trabajando. Cuando fui el 2024 y 2025 no estaba trabajando. (Los padres) solo me pagan los pasajes”, sostuvo. La mujer también explicó que los viajes se organizaban mediante distintas agencias que coordinaban los vuelos chárter debido a la inexistencia de rutas comerciales directas. “Como no hay vuelo comercial, uno no puede comprar pasajes directamente. Las agencias las juntaron como comunidad. Hay varias agencias. (...) ¿Yo en cuál viajé? Como te explico, cuando hicieron el vuelo charter, no había una agencia, porque había como 6-7 agencias involucradas para que el vuelo se pudiera hacer”, señaló. Por su parte, su abogado, Felipe Santander, aseguró que su representada está disponible para colaborar con las indagatorias que desarrolla el Ministerio Público. “Estas personas están muy complicadas con esta situación, puesto que ellos desde su perspectiva no han cometido delitos, con los papeles en regla, en coordinación con su grupo familiar para poder participar del proceso de reunificación con sus familias”, indicó. El defensor también descartó cualquier motivación económica detrás de estos traslados. “Descarto absolutamente que haya un negocio, nadie está lucrando con esto. Solo están ayudando a su comunidad de haitianos porque no se pueden costear los traslados”, afirmó. Las declaraciones se conocen en medio de una investigación que continúa avanzando. Durante esta misma jornada, dos ciudadanos haitianos fueron formalizados por los delitos de tráfico ilícito de migrantes y lavado de activos en una causa liderada por la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, que busca esclarecer posibles irregularidades asociadas a los procesos de reunificación familiar realizados en los últimos años. Fuente: Publimetro
En una emotiva ceremonia llevada a cabo el martes 22 de septiembre, se llevó a cabo el lanzamiento oficial de la Fundación Ley Valentín. Esta iniciativa, impulsada por la familia de Valentín Brain, tiene como objetivo promover entornos seguros para niños y niñas, facilitando el acceso a dispositivos de protección para ventanas y balcones. La fecha elegida para este evento tuvo un significado especial para la familia, ya que Valentín habría cumplido siete años este 22 de septiembre. El trágico fallecimiento del pequeño en mayo de 2025, al caer desde el piso 13 de un edificio en San Pedro de la Paz mientras visitaba a un amigo, fue el motor que impulsó a su madre, Pamela Gutiérrez, a iniciar el proyecto conocido como Ley Valentín. Tras ser aprobada de manera unánime por el Senado el pasado 9 de septiembre, luego del informe de la Comisión Mixta, la ley establece que en viviendas ubicadas sobre el primer piso donde residan niños o niñas menores de 12 años o personas con necesidades especiales se deben implementar medidas destinadas a prevenir caídas accidentales. Se contempla un plazo de 24 meses desde su publicación para instalar los elementos de seguridad correspondientes. En palabras de Pamela Gutiérrez durante el lanzamiento: “Hoy día celebramos en conjunto que la ley se aprobó en la Cámara de Senadores, en la Cámara de Diputados. Y también celebramos el cumpleaños de mi Valentín”. Como presidenta de la fundación, Gutiérrez explicó que el desafío actual es llevar las medidas contempladas en la normativa a los hogares: “El objetivo principal de la Fundación es promover los entornos seguros para la infancia. Obviamente la pirámide va a nacer siempre desde el núcleo del hogar, desde los edificios. Entonces nuestro principal enfoque hoy en día es poder trabajar con las ventanas y balcones”, señaló según recogió el medio Sabes.cl. La fundación se enfocará en entregar y comercializar dispositivos certificados para ventanas y generar un fondo que apoye la implementación de medidas de seguridad en viviendas sociales: “Nosotros les vamos a garantizar la certificación, la seguridad, el origen. Y además, al comprarlo a través de nosotros, nosotros vamos a generar un fondo para poder también habilitar viviendas sociales”, explicó Gutiérrez. El diputado Sergio Bobadilla destacó que esta iniciativa busca aumentar la protección en viviendas ubicadas en altura: “Puede ser este proyecto una tremenda alternativa para evitar este tipo de situaciones. Algunos critican que no es la solución, pero peor es hoy día dejar la situación tal cual como está”, sostuvo. Por su parte, Edmundo Gutiérrez, abuelo de Valentín y tesorero de la fundación, mencionó uno de los desafíos principales: conseguir recursos para apoyar a las familias que no puedan costear estos elementos: “Un trabajo arduo para tratar de conseguir medios que permitan colaborar con aquellas personas que no tienen los medios para poder colocar estos dispositivos en los ventanales o balcones”, afirmó. Durante el evento también se presentó uno de los dispositivos promovidos por la fundación. Este sistema diseñado para ventanas correderas permite limitar su apertura mediante un mecanismo instalado en el borde interior. Según explicó el padre de Valentín : “Es una instalación móvil, cosa de que si yo salgo de ese lugar y voy de vacaciones a un lugar donde voy a tener ventanas correderas sin seguridad, lo puedo llevar en mi cartera o mochila y también instalar. Es una instalación de 60 segundos”. Con un valor cercano a los $4.000, este dispositivo representa una medida concreta hacia la prevención y seguridad que busca impulsar la familia tras la tragedia ocurrida. Fuente: Publimetro
Una reciente investigación ha descubierto que las sesiones de entrenamiento han fortalecido el vínculo entre los niños y los gatos de la familia, fomentando una mayor responsabilidad en su cuidado y mejorando la confianza y el comportamiento social de las mascotas. Este estudio ha revelado el potencial de los gatos como participantes activos en intervenciones asistidas con animales. El estudio, realizado por investigadores de la Universidad Estatal de Oregón, evaluó un programa de entrenamiento de seis semanas en el que participaron 36 niños de entre 8 y 17 años junto con sus gatos. A través de técnicas de refuerzo positivo, los participantes enseñaron a sus mascotas comportamientos sencillos, como sentarse o acudir al llamado. Los resultados obtenidos demostraron que los gatos pueden desempeñar un papel activo en este tipo de intervenciones, contribuyendo a fortalecer las habilidades sociales, emocionales y de autonomía de los niños. Los gatos se vuelven más seguros de sí mismos, más sociables y desarrollan vínculos más fuertes que también benefician a los niños, comentó Monique Udell, profesora de la Universidad Estatal de Oregón y coautora del estudio. UN VÍNCULO MÁS FUERTE Los niños que participaron en el programa mostraron un aumento significativo en la responsabilidad relacionada con el cuidado de sus gatos, mientras que en el grupo de control esa responsabilidad disminuyó. Además, se observó un incremento notable en el porcentaje de participantes que afirmaron enseñarles nuevos comportamientos a sus gatos y pasearlos. El entrenamiento no solo benefició a los niños, sino también a los gatos. Los investigadores notaron que estos felinos se volvieron más sociables y desarrollaron vínculos más seguros con los menores. Algunos gatos pasaron de presentar un apego inseguro a uno seguro con el niño participante, lo que sugiere que este tipo de actividades puede mejorar el bienestar y la confianza de ambas partes, abriendo nuevas posibilidades para programas terapéuticos asistidos con gatos. Fuente: Publimetro
Una profunda tragedia familiar y comunitaria se registró durante las primeras horas de la madrugada de este lunes 13 de julio en la comuna de Colina, en la zona norte de la Región Metropolitana. Un violento incendio estructural de rápida propagación cobró la vida de dos hermanos de 11 y 3 años de edad, además de dejar un saldo de 12 viviendas pareadas completamente destruidas y múltiples personas lesionadas de diversa consideración. El siniestro se desencadenó en un conjunto de pasajes ubicados en la calle Puerto de Palos, al interior de la Villa Las Américas. De acuerdo con los primeros peritajes e informes técnicos entregados por los equipos de emergencia en el lugar, el fuego se habría originado a raíz del recalentamiento de un aparato calefactor al interior de una de las dependencias residenciales, propagándose en cosa de minutos a las estructuras colindantes debido al material de construcción. El avance de las llamas provocó el deceso inmediato del menor de 11 años. En tanto, su hermana de 3 años permaneció en condición de desaparecida durante gran parte de la madrugada, siendo localizada sin vida horas más tarde por los equipos de rescate en medio de las remociones de escombros y pericias científicas en el sitio del suceso. El comandante del Cuerpo de Bomberos Colina-Lampa, Alejandro Parada, ratificó el trágico balance de la jornada: “Hay dos menores de edad declarados fallecidos; serían hermanos…”, confirmó la autoridad bomberil. El combate de la emergencia estuvo marcado por severas complicaciones logísticas para las compañías de Bomberos que acudieron a la Villa Las Américas. Tanto oficiales de Carabineros como los propios voluntarios reportaron que la red de abastecimiento secundario no respondió adecuadamente ante el volumen del incendio. Al respecto, el mayor Alberto Pérez López, comisario de la 8ª Comisaría de Colina, detalló que cuando los camiones bomberiles “llegaron al lugar, tenían problemas para poder extraer el agua desde los grifos”, una acusación que fue refrendada por el comandante Parada al precisar que “los grifos no tenían potencia suficiente”, obligando a maniobras adicionales con camiones aljibe para frenar el daño habitacional. El seremi de Seguridad Pública, Juan Barrientos, monitoreó el traslado de los afectados hacia los centros médicos locales, confirmando que entre el grupo prioritario se encuentra la madre y otro infante. La autoridad enfatizó que, pese al impacto y las quemaduras sufridas, no habría ninguna persona en riesgo vital en los hospitales. Las causas definitivas y el origen del fallo serán determinados por las autoridades correspondientes. Fuente: Publimetro
Una investigación periodística publicada por el medio independiente CIPER expuso de forma detallada que la Junta Nacional de Jardines Infantiles (Junji) mantiene activamente en sus funciones a una educadora de párvulos que fue objeto de sanciones administrativas directas tras comprobarse que destruyó registros institucionales clave. Dichos documentos guardaban relación con las lesiones corporales severas que presentaba un niño de casi dos años de edad, quien apenas veinticuatro horas después de las anotaciones se convirtió en víctima de abuso sexual y homicidio durante el año 2022. De acuerdo con los antecedentes recopilados en el reportaje de CIPER, l a funcionaria ejerce actualmente como directora de otro recinto de educación parvularia dependiente de la red estatal dentro de la Región Metropolitana. Su historial administrativo registra una suspensión previa de sus labores por el lapso de tres meses, junto con una rebaja del 50% de su remuneración mensual, luego de que un sumario interno concluyera de forma unánime que eliminó de forma intencional el registro físico donde educadoras de aula habían consignado los moretones observados en el menor antes de constatarse su muerte. La cronología de la investigación detalla que al menos tres trabajadoras de la salud y educación del establecimiento educacional inicial original detectaron equimosis visibles en distintas partes de la anatomía del lactante. Estos antecedentes fueron formalmente estampados en una bitácora interna de la institución. No obstante, la entonces directora subrogante optó por no realizar la denuncia obligatoria ante el Ministerio Público o Carabineros, omitiendo la activación de los protocolos de resguardo estipulados por el Estado para este tipo de vulneraciones graves. El reportaje de CIPER consigna además que, tras tomar conocimiento del trágico deceso del niño al día siguiente de las advertencias del personal, l a funcionaria concurrió al jardín infantil en horario nocturno para sustraer y destruir el documento oficial. Días posteriores al crimen, la directora instruyó a sus subordinadas rehacer el registro modificado; una de las educadoras declaró bajo juramento en el proceso indagatorio que se vio forzada a cambiar la redacción original debido a que la plana directiva consideró que la descripción de las lesiones era “muy fuerte”. A pesar de la gravedad de las faltas acreditadas por el sumario administrativo de la Junji —donde se determinó que la parvularia incumplió severamente sus deberes de protección y buscó ocultar información útil para la justicia—, el órgano público concluyó que no correspondía aplicar la medida de destitución. La institución pública consideró como una atenuante válida que la trabajadora reconoció su responsabilidad administrativa y prestó colaboración durante el desarrollo del proceso sumarial. Al ser consultada directamente por el medio CIPER, la Junji ratificó que el procedimiento disciplinario ya concluyó formalmente, encontrándose las sanciones ejecutadas, añadiendo que desde el año 2024 se actualizaron los protocolos de actuación frente a vulneraciones de derechos infantiles. En la esfera judicial ordinaria, la abuela paterna del niño asesinado, contando con el patrocinio técnico y representación jurídica de la Fundación Amparo y Justicia, dedujo una querella criminal en contra de la profesional por el delito infidelidad en custodia documentos públicos. Dicha causa penal concluyó ante los tribunales garantía mediante salida alternativa suspensión condicional procedimiento, por lo cual la actual directora debió cumplir con medida firma mensual por periodo un año y ofrecer disculpas públicas a familia afectada. Respecto autores directos crimen, cabe recordar tanto madre menor como padrastro resultaron detenidos en 2022; este último fue hallado muerto interior celda reclusión dos días después detención formal. Fuente: Publimetro
La polémica en torno al Programa de Reunificación Familiar para ciudadanos haitianos sumó un nuevo capítulo luego de que una de las personas mencionadas en el preinforme de la Contraloría General de la República decidiera hablar públicamente. Se trata de Jean Roose Shamma, una ciudadana haitiana residente en Chile que apareció en los registros como acompañante de decenas de menores que ingresaron al país en vuelos organizados bajo este mecanismo migratorio. El caso salió a la luz tras la publicación de un informe preliminar que detectó una serie de irregularidades y falencias en la coordinación entre el Servicio Nacional de Migraciones (SERMIG), la Policía de Investigaciones (PDI) y la Subsecretaría de la Niñez. Entre los antecedentes revelados, se indicó que cientos de menores ingresaron a Chile acompañados por un reducido número de adultos responsables, situación que generó preocupación y motivó diversas diligencias de investigación. En conversación con T13 Central, Jean Roose Shamma defendió su participación en estos viajes y aseguró que siempre actuó dentro del marco legal, con el objetivo de colaborar con familias haitianas que no contaban con los recursos para viajar a buscar a sus hijos. “Lo hice para ayudar a la comunidad haitiana en Chile. Hay muchas personas que no tienen la posibilidad de viajar. Como madre lo hice. Nos juntamos con otro amigo haitiano para viajar y poder ir a buscar a los niños. Llegamos con todos los niños con los documentos al día y legales. Eso me molesta, porque no estaba haciendo nada ilegal”, afirmó. El preinforme de Contraloría también señaló que, de una muestra de 105 menores visitados durante una fiscalización, 64 no pudieron ser ubicados inicialmente en los domicilios registrados. Sin embargo, esa situación cambió durante esta semana, luego de que la PDI informara que todos los niños fueron encontrados tras las diligencias de búsqueda realizadas a raíz del informe. Otro de los antecedentes que llamó la atención fue que 486 menores ingresaron al país acompañados por solo 12 adultos. Dentro de ese contexto figura el nombre de Jean Roose Shamma, quien explicó que el 5 de abril de 2025 arribó a Chile en un vuelo chárter junto a 34 niños. Posteriormente realizó otro viaje con dos menores y aseguró que su última participación ocurrió en febrero de este año. Según relató, los niños tenían entre 8 y 17 años y pertenecían a familias que ella conocía previamente. Además, negó haber obtenido beneficios económicos por desempeñar ese rol. “No. Esto lo hago gratis. Ese tiempo en que fui a buscar niños no estaba trabajando. Cuando fui el 2024 y 2025 no estaba trabajando. (Los padres) solo me pagan los pasajes”, sostuvo. La mujer también explicó que los viajes se organizaban mediante distintas agencias que coordinaban los vuelos chárter debido a la inexistencia de rutas comerciales directas. “Como no hay vuelo comercial, uno no puede comprar pasajes directamente. Las agencias las juntaron como comunidad. Hay varias agencias. (...) ¿Yo en cuál viajé? Como te explico, cuando hicieron el vuelo charter, no había una agencia, porque había como 6-7 agencias involucradas para que el vuelo se pudiera hacer”, señaló. Por su parte, su abogado, Felipe Santander, aseguró que su representada está disponible para colaborar con las indagatorias que desarrolla el Ministerio Público. “Estas personas están muy complicadas con esta situación, puesto que ellos desde su perspectiva no han cometido delitos, con los papeles en regla, en coordinación con su grupo familiar para poder participar del proceso de reunificación con sus familias”, indicó. El defensor también descartó cualquier motivación económica detrás de estos traslados. “Descarto absolutamente que haya un negocio, nadie está lucrando con esto. Solo están ayudando a su comunidad de haitianos porque no se pueden costear los traslados”, afirmó. Las declaraciones se conocen en medio de una investigación que continúa avanzando. Durante esta misma jornada, dos ciudadanos haitianos fueron formalizados por los delitos de tráfico ilícito de migrantes y lavado de activos en una causa liderada por la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, que busca esclarecer posibles irregularidades asociadas a los procesos de reunificación familiar realizados en los últimos años. Fuente: Publimetro
