Aprobación de Kast cae al 40% y un 62% rechaza polémico almuerzo en La Moneda

La última edición del estudio Plaza Pública, publicada el jueves 16 de abril de 2026, arroja resultados desafiantes para el Gobierno. Según el informe, la aprobación de la gestión del presidente José Antonio Kast ha disminuido en dos puntos, alcanzando un 40%. Por otro lado, la desaprobación se mantiene en un 53%, evidenciando un "leve pero constante retroceso desde el 20 de marzo hasta la fecha".

Uno de los eventos destacados de la semana fue una reunión entre el mandatario y sus antiguos compañeros de universidad, conocida por el 94% de los chilenos. En relación a esto, un "62% considera muy negativa la realización de esta actividad", mientras que solo un 31% tiene una opinión favorable al respecto.

El análisis detallado de los datos revela que la principal preocupación de los encuestados es el "uso de un espacio institucional para fines privados (41%)". Este cuestionamiento ético sobre el uso de los recursos estatales ha impactado directamente en la percepción pública sobre la presidencia.

En cuanto a la agenda legislativa, el Plan de Reconstrucción Nacional (también conocido como Ley Miscelánea) ha generado opiniones divididas. Un 49% está a favor de la propuesta, mientras que un 46% se opone.

Sin embargo, hay un consenso mayoritario en cuanto a la forma de tramitación: un "63% cree que cada medida debería ser tratada por separado", en contraste con el 34% que prefiere un único proyecto integrado.

Dentro de las medidas más respaldadas en este paquete se encuentran el subsidio para la creación de empleo formal y la eliminación de contribuciones para adultos mayores de 65 años. Además, el 54% de los encuestados cree que estas políticas contribuirán a atraer inversión extranjera y fortalecer el crecimiento económico.

A pesar del optimismo en materia laboral, persisten dudas estructurales. Un 52% de los ciudadanos no confía en que el plan logre reducir la burocracia excesiva, y un 49% duda que ayude a controlar el gasto público.

Finalmente, el 48% de los consultados expresó su escepticismo acerca de si las medidas proporcionarán la certeza jurídica necesaria para el desarrollo del país.