La Fiscalía Nacional Económica (FNE) ha presentado un requerimiento ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) contra las empresas Pluxee Chile (anteriormente conocida como Sodexo hasta 2024) y Edenred Chile, acusándolas de participar en un esquema de colusión que se extendió por más de ocho años en el mercado de vales de alimentación y vestuario. Según la FNE, ambas compañías acordaron repartirse clientes y evitar competir entre sí en licitaciones públicas y privadas en todo el país. De acuerdo con la investigación, el acuerdo ilícito operó entre marzo de 2013 y octubre de 2021. Durante este tiempo, las empresas dejaron de competir activamente por contratos para mantener cautivos a sus clientes, afectando directamente la libre competencia en un mercado crucial para trabajadores y estudiantes que utilizan estos beneficios. La FNE detalló que el pacto comenzó después de que Sodexo perdiera un contrato importante frente a una oferta presentada por Edenred a principios de 2013. A partir de ese momento, ejecutivos de ambas compañías coordinaron esfuerzos para evitar seguir quitándose clientes mutuamente. Uno de los antecedentes expuestos por la FNE fue una frase pronunciada por uno de los ejecutivos investigados: No me tocas los míos, yo no toco los tuyos y así vivimos mejor, expresión que, según el organismo, resume la lógica detrás del acuerdo. El Fiscal Nacional Económico, Jorge Grunberg, afirmó que el comportamiento de las compañías constituye el atentado más grave contra la libre competencia. Además, señaló que esta conducta afectó directamente servicios relacionados con necesidades básicas. “Cuando las empresas renuncian a competir por precio o calidad de servicio y se reparten los clientes, como lo hicieron Pluxee y Edenred, incurren en colusión”, sostuvo la autoridad. En esa misma línea, agregó que la acusación busca sancionar a las empresas y a sus ejecutivos por una práctica que perjudicó las condiciones competitivas en beneficios destinados a alimentación y vestuario. La FNE explicó que el acuerdo no solo incluía la repartición de clientes, sino también mecanismos de compensación en caso de incumplimientos. Así, cuando una empresa perdía un cliente frente a la otra, activaban ofertas coordinadas para equilibrar las pérdidas. Como parte de las sanciones solicitadas, la Fiscalía pidió al TDLC imponer a Pluxee una multa de 41.744 Unidades Tributarias Anuales (UTA), equivalentes a cerca de 39,6 millones de dólares. También solicitó una multa de 110 UTA para el exgerente general de la compañía, superando los 104 mil dólares. En el caso de Edenred Chile, la FNE solicitó la exención total de multas tanto para la empresa como para tres exejecutivos debido a su colaboración con la investigación mediante delación compensada. La investigación incluyó allanamientos en domicilios particulares y acceso a comunicaciones privadas para reconstruir la presunta coordinación entre ambas compañías. Luego del requerimiento presentado, Pluxee Chile indicó que se encuentra analizando el contenido del requerimiento y determinará los cursos de acción adecuados conforme a derecho. La empresa reafirmó su compromiso con el cumplimiento normativo y ético como pilares fundamentales del grupo. Por su parte, Edenred Chile reconoció haber tomado conocimiento de la investigación confidencial en octubre de 2021. Tras encargar una auditoría interna externa que confirmó conductas contrarias a sus políticas corporativas, decidieron acogerse voluntariamente a la delación compensada en junio de 2023. La empresa aseguró que continuará colaborando con las autoridades y manteniendo altos estándares éticos empresariales. Sodexo Chile señaló que actualmente es una compañía independiente y estiman que la denuncia no debería involucrarlos directamente. La empresa reiteró su enfoque en operaciones relacionadas con alimentación y facilities management e instó a canalizar cualquier consulta sobre el proceso iniciado por la FNE directamente a Pluxee. Fuente: Publimetro
La senadora Camila Flores ha salido a la luz pública para abordar la investigación en curso realizada por la Fiscalía Regional de Valparaíso, la cual la acusa de un presunto fraude al Fisco. En su defensa, Flores ha negado cualquier irregularidad y ha afirmado que no se dejará intimidar por las acusaciones. La pesquisa del Ministerio Público se inició a raíz de una denuncia anónima que señala posibles “delitos funcionarios, entre ellos fraude al Fisco en carácter reiterado”, supuestamente cometidos durante su periodo como diputada. Según información revelada por Reportajes T13, el monto involucrado podría ascender a los $300 millones. De acuerdo con los antecedentes disponibles, la investigación incluye conversaciones de WhatsApp y testimonios que sugieren un posible mecanismo mediante el cual la senadora habría solicitado a sus asesores la devolución de parte de sus remuneraciones. Esta práctica, denominada informalmente como “cuota Flores”, habría tenido lugar entre 2018 y 2025, según la denuncia. Ante estas acusaciones, Flores emitió una declaración pública a través de sus redes sociales, defendiendo su integridad y cuestionando el origen de la denuncia. En sus propias palabras: “Soy una mujer valiente y no me voy a dejar amedrentar por intentos de afectar mi honra. Enfrento esta situación con la tranquilidad de quien no tiene nada que ocultar, y con la convicción de que la verdad siempre se abre paso”. Asimismo, la legisladora aseguró que colaborará plenamente con la investigación en curso: “Entregaré todos los antecedentes que sean requeridos, ejerciendo también, en su oportunidad, las acciones que correspondan para resguardar mi nombre frente a acusaciones sin sustento”. Flores también señaló que hasta el momento desconoce los detalles específicos de la denuncia y su procedencia debido al carácter confidencial de la investigación. En sus palabras: “Se trataría de una denuncia anónima, en el marco de la cual ya se han realizado diligencias que involucran a terceros. Lamentablemente, este tipo de situaciones muchas veces tienen un origen ajeno a lo público, cuestión que deberá ser esclarecida”. Hasta el momento, la Fiscalía Regional de Valparaíso no ha proporcionado detalles adicionales sobre las diligencias en curso, confirmando únicamente la existencia de la investigación. Dado que el caso se encuentra en una etapa inicial, no se han formulado cargos hasta ahora. Una publicación compartida de Camila Flores (@camilaflores_o) Fuente: Publimetro
Una grave denuncia por amenazas y discriminación ha conmocionado a la comunidad de Talcahuano, en la región del Biobío. La madre de una adolescente con Síndrome de Down ha acusado haber recibido una violenta carta intimidatoria dirigida a su hija. El caso, que está siendo investigado por la Fiscalía, ha generado amplio rechazo y preocupación debido al nivel de agresividad del mensaje y a la presunta participación de una persona adulta en los hechos. Según el relato de la familia, la carta fue dejada en el domicilio por una mujer, lo que habría quedado registrado en cámaras de seguridad de un vecino. En las imágenes, se observa a una persona adulta, vestida con polera negra y pantalón beige, acercándose al lugar para depositar el escrito. El contenido de la misiva ha causado conmoción. En ella, quien escribe se identifica como apoderado de un compañero del liceo de la adolescente y lanza una serie de insultos relacionados con su condición, además de descalificaciones hacia la madre por el cuidado de su hija. “Le escribo esto a usted porque su hija no sabe leer (…) me da entre risa y pena ver cómo se desvive por ella y la trae al colegio como si fuera normal”, señala uno de los párrafos. El texto continúa con frases igualmente ofensivas, cuestionando el desarrollo de la joven y burlándose de situaciones cotidianas. Me da risa cuando la veo caminando por la calle toda feliz o cuando la graba orgullosa al hacer algo mínimo que una persona debería aprender a los cinco años, añade. Sin embargo, la mayor preocupación surge en el tramo final de la carta, donde se emiten amenazas explícitas de agresión física. “Ya nos aburrimos de verle la cara. Mañana mismo la vamos a pillar en el baño, cuando ande sola, y entre todos le vamos a pegar (...) para que cuando la venga a buscar le cueste reconocerla “, señala el texto. Ante esta situación, la madre decidió acudir a la Fiscalía para presentar una denuncia formal, entregando todos los antecedentes disponibles, incluyendo los registros audiovisuales. “Sé que la persona que vino a dejar la carta es una mujer evidentemente adulta”, afirmó, insistiendo en la urgencia de identificar a la responsable. El caso se viralizó rápidamente en redes sociales, donde cientos de usuarios manifestaron su indignación y solidaridad con la familia, exigiendo medidas concretas para proteger a la menor y sancionar a los responsables. Asimismo, se reabrió el debate sobre la violencia escolar y la discriminación hacia personas con discapacidad. Desde la Municipalidad de Talcahuano informaron que ya tomaron conocimiento del incidente y que están recopilando antecedentes. A través de un comunicado, calificaron el hecho como “delicado” y de alta gravedad, señalando que no descartan emprender acciones legales. Por su parte, el liceo al que asiste la adolescente también se refirió al asunto. Según indicaron, en primera instancia se registró un episodio de “desregulación emocional” de otra estudiante, el cual fue abordado internamente. No obstante, posteriormente se conoció la existencia de la carta con amenazas externas. “El establecimiento realizó la denuncia correspondiente y citó a la apoderada para recabar más información”, señalaron desde el recinto educacional, agregando que se activaron los protocolos pertinentes. Fuente: Publimetro
La Fiscalía Nacional Económica (FNE) ha presentado un requerimiento ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) contra las empresas Pluxee Chile (anteriormente conocida como Sodexo hasta 2024) y Edenred Chile, acusándolas de participar en un esquema de colusión que se extendió por más de ocho años en el mercado de vales de alimentación y vestuario. Según la FNE, ambas compañías acordaron repartirse clientes y evitar competir entre sí en licitaciones públicas y privadas en todo el país. De acuerdo con la investigación, el acuerdo ilícito operó entre marzo de 2013 y octubre de 2021. Durante este tiempo, las empresas dejaron de competir activamente por contratos para mantener cautivos a sus clientes, afectando directamente la libre competencia en un mercado crucial para trabajadores y estudiantes que utilizan estos beneficios. La FNE detalló que el pacto comenzó después de que Sodexo perdiera un contrato importante frente a una oferta presentada por Edenred a principios de 2013. A partir de ese momento, ejecutivos de ambas compañías coordinaron esfuerzos para evitar seguir quitándose clientes mutuamente. Uno de los antecedentes expuestos por la FNE fue una frase pronunciada por uno de los ejecutivos investigados: No me tocas los míos, yo no toco los tuyos y así vivimos mejor, expresión que, según el organismo, resume la lógica detrás del acuerdo. El Fiscal Nacional Económico, Jorge Grunberg, afirmó que el comportamiento de las compañías constituye el atentado más grave contra la libre competencia. Además, señaló que esta conducta afectó directamente servicios relacionados con necesidades básicas. “Cuando las empresas renuncian a competir por precio o calidad de servicio y se reparten los clientes, como lo hicieron Pluxee y Edenred, incurren en colusión”, sostuvo la autoridad. En esa misma línea, agregó que la acusación busca sancionar a las empresas y a sus ejecutivos por una práctica que perjudicó las condiciones competitivas en beneficios destinados a alimentación y vestuario. La FNE explicó que el acuerdo no solo incluía la repartición de clientes, sino también mecanismos de compensación en caso de incumplimientos. Así, cuando una empresa perdía un cliente frente a la otra, activaban ofertas coordinadas para equilibrar las pérdidas. Como parte de las sanciones solicitadas, la Fiscalía pidió al TDLC imponer a Pluxee una multa de 41.744 Unidades Tributarias Anuales (UTA), equivalentes a cerca de 39,6 millones de dólares. También solicitó una multa de 110 UTA para el exgerente general de la compañía, superando los 104 mil dólares. En el caso de Edenred Chile, la FNE solicitó la exención total de multas tanto para la empresa como para tres exejecutivos debido a su colaboración con la investigación mediante delación compensada. La investigación incluyó allanamientos en domicilios particulares y acceso a comunicaciones privadas para reconstruir la presunta coordinación entre ambas compañías. Luego del requerimiento presentado, Pluxee Chile indicó que se encuentra analizando el contenido del requerimiento y determinará los cursos de acción adecuados conforme a derecho. La empresa reafirmó su compromiso con el cumplimiento normativo y ético como pilares fundamentales del grupo. Por su parte, Edenred Chile reconoció haber tomado conocimiento de la investigación confidencial en octubre de 2021. Tras encargar una auditoría interna externa que confirmó conductas contrarias a sus políticas corporativas, decidieron acogerse voluntariamente a la delación compensada en junio de 2023. La empresa aseguró que continuará colaborando con las autoridades y manteniendo altos estándares éticos empresariales. Sodexo Chile señaló que actualmente es una compañía independiente y estiman que la denuncia no debería involucrarlos directamente. La empresa reiteró su enfoque en operaciones relacionadas con alimentación y facilities management e instó a canalizar cualquier consulta sobre el proceso iniciado por la FNE directamente a Pluxee. Fuente: Publimetro
La senadora Camila Flores ha salido a la luz pública para abordar la investigación en curso realizada por la Fiscalía Regional de Valparaíso, la cual la acusa de un presunto fraude al Fisco. En su defensa, Flores ha negado cualquier irregularidad y ha afirmado que no se dejará intimidar por las acusaciones. La pesquisa del Ministerio Público se inició a raíz de una denuncia anónima que señala posibles “delitos funcionarios, entre ellos fraude al Fisco en carácter reiterado”, supuestamente cometidos durante su periodo como diputada. Según información revelada por Reportajes T13, el monto involucrado podría ascender a los $300 millones. De acuerdo con los antecedentes disponibles, la investigación incluye conversaciones de WhatsApp y testimonios que sugieren un posible mecanismo mediante el cual la senadora habría solicitado a sus asesores la devolución de parte de sus remuneraciones. Esta práctica, denominada informalmente como “cuota Flores”, habría tenido lugar entre 2018 y 2025, según la denuncia. Ante estas acusaciones, Flores emitió una declaración pública a través de sus redes sociales, defendiendo su integridad y cuestionando el origen de la denuncia. En sus propias palabras: “Soy una mujer valiente y no me voy a dejar amedrentar por intentos de afectar mi honra. Enfrento esta situación con la tranquilidad de quien no tiene nada que ocultar, y con la convicción de que la verdad siempre se abre paso”. Asimismo, la legisladora aseguró que colaborará plenamente con la investigación en curso: “Entregaré todos los antecedentes que sean requeridos, ejerciendo también, en su oportunidad, las acciones que correspondan para resguardar mi nombre frente a acusaciones sin sustento”. Flores también señaló que hasta el momento desconoce los detalles específicos de la denuncia y su procedencia debido al carácter confidencial de la investigación. En sus palabras: “Se trataría de una denuncia anónima, en el marco de la cual ya se han realizado diligencias que involucran a terceros. Lamentablemente, este tipo de situaciones muchas veces tienen un origen ajeno a lo público, cuestión que deberá ser esclarecida”. Hasta el momento, la Fiscalía Regional de Valparaíso no ha proporcionado detalles adicionales sobre las diligencias en curso, confirmando únicamente la existencia de la investigación. Dado que el caso se encuentra en una etapa inicial, no se han formulado cargos hasta ahora. Una publicación compartida de Camila Flores (@camilaflores_o) Fuente: Publimetro
Una grave denuncia por amenazas y discriminación ha conmocionado a la comunidad de Talcahuano, en la región del Biobío. La madre de una adolescente con Síndrome de Down ha acusado haber recibido una violenta carta intimidatoria dirigida a su hija. El caso, que está siendo investigado por la Fiscalía, ha generado amplio rechazo y preocupación debido al nivel de agresividad del mensaje y a la presunta participación de una persona adulta en los hechos. Según el relato de la familia, la carta fue dejada en el domicilio por una mujer, lo que habría quedado registrado en cámaras de seguridad de un vecino. En las imágenes, se observa a una persona adulta, vestida con polera negra y pantalón beige, acercándose al lugar para depositar el escrito. El contenido de la misiva ha causado conmoción. En ella, quien escribe se identifica como apoderado de un compañero del liceo de la adolescente y lanza una serie de insultos relacionados con su condición, además de descalificaciones hacia la madre por el cuidado de su hija. “Le escribo esto a usted porque su hija no sabe leer (…) me da entre risa y pena ver cómo se desvive por ella y la trae al colegio como si fuera normal”, señala uno de los párrafos. El texto continúa con frases igualmente ofensivas, cuestionando el desarrollo de la joven y burlándose de situaciones cotidianas. Me da risa cuando la veo caminando por la calle toda feliz o cuando la graba orgullosa al hacer algo mínimo que una persona debería aprender a los cinco años, añade. Sin embargo, la mayor preocupación surge en el tramo final de la carta, donde se emiten amenazas explícitas de agresión física. “Ya nos aburrimos de verle la cara. Mañana mismo la vamos a pillar en el baño, cuando ande sola, y entre todos le vamos a pegar (...) para que cuando la venga a buscar le cueste reconocerla “, señala el texto. Ante esta situación, la madre decidió acudir a la Fiscalía para presentar una denuncia formal, entregando todos los antecedentes disponibles, incluyendo los registros audiovisuales. “Sé que la persona que vino a dejar la carta es una mujer evidentemente adulta”, afirmó, insistiendo en la urgencia de identificar a la responsable. El caso se viralizó rápidamente en redes sociales, donde cientos de usuarios manifestaron su indignación y solidaridad con la familia, exigiendo medidas concretas para proteger a la menor y sancionar a los responsables. Asimismo, se reabrió el debate sobre la violencia escolar y la discriminación hacia personas con discapacidad. Desde la Municipalidad de Talcahuano informaron que ya tomaron conocimiento del incidente y que están recopilando antecedentes. A través de un comunicado, calificaron el hecho como “delicado” y de alta gravedad, señalando que no descartan emprender acciones legales. Por su parte, el liceo al que asiste la adolescente también se refirió al asunto. Según indicaron, en primera instancia se registró un episodio de “desregulación emocional” de otra estudiante, el cual fue abordado internamente. No obstante, posteriormente se conoció la existencia de la carta con amenazas externas. “El establecimiento realizó la denuncia correspondiente y citó a la apoderada para recabar más información”, señalaron desde el recinto educacional, agregando que se activaron los protocolos pertinentes. Fuente: Publimetro
