Detectives de la Brigada Investigadora de Robos (Biro) de la PDI Copiapó, realizaron un procedimiento en flagrancia que permitió detener a una persona por el delito flagrante de receptación, quien además mantenía una orden vigente de aprehensión. Además, se logró la recuperación de cableado de cobre avaluado en un millón de pesos. “Oficiales policiales de la Biro, sorprendieron en la vía pública de la comuna de Copiapó, a una persona enrollando y cargando en un carro de supermercado cableado de cobre del tendido eléctrico. Por esta razón, detectives se acercaron a realizar un control de identidad, logrando establecer que el imputado se mantenía prófugo de la justicia al contar con una orden vigente de aprehensión por el delito de robo en bienes nacionales de uso público. En virtud a lo anterior, se procedió a su detención por el delito flagrante de receptación y para dar cumplimiento a la orden judicial pendiente”, señaló el Jefe de la Biro Copiapó, subprefecto Patricio Arévalo. El oficial policial añadió que “tras la detención y la incautación del cableado de cobre, se tomó contacto con la empresa telefónica quien reconoció las especies, las que corresponden a cincuenta metros de cable avaluado en un millón de pesos, por lo que procedieron a realizar la denuncia correspondiente”. El imputado, un hombre chileno y mayor de edad, fue puesto a disposición del Juzgado de Garantía de Copiapó, instancia donde fue formalizado por el Ministerio Público.
Detectives del Policía de Investigaciones de Chañaral, realizaron un operativo de fiscalización de ciudadanos extranjeros en la comuna de Diego de Almagro, logrando detectar a doce personas que infringían la Ley de Migraciones y Extranjería, además de detener a otros cuatro extranjeros por el delito de falsificación o uso malicioso de instrumento público. “Oficiales policiales de la PDI Chañaral llevaron a cabo un procedimiento de fiscalización de ciudadanos extranjeros en distintos sectores de la comuna de Diego de Almagro, logrando detectar que cuatro personas, tres venezolanas y un colombiano, presentaron documentación que mantenía inconsistencias en su formato. Por esta razón, se llevaron a cabo diligencias que permitieron establecer que la documentación presentaba no correspondía a la original, por lo que se procedió a la detención de los imputados por el ilícito de falsificación o uso malicioso de instrumento público”, señaló el Jefe de la Bicrim Chañaral, comisario César Ramos. El oficial policial añadió que “los cuatro imputados extranjeros, todos mayores de edad y sin antecedentes policiales, fueron puestos a disposición del Juzgado de Garantía de Diego de Almagro tras sus detenciones”. Por otra parte, en el desarrollo del operativo de fiscalización de ciudadanos extranjeros se controló a un total de 31 personas, logrando determinar que doce de ellas infringían la Ley de Migraciones y Extranjería, siendo denunciados al Servicio Nacional de Migraciones. De las doce personas denunciadas al Servicio Nacional de Migraciones, siete corresponden a ciudadanos colombianos y cinco a personas de nacionalidad venezolana. Las infracciones a la Ley de Migración y Extranjería detectadas en el procedimiento policial corresponden a realizar labores remuneradas sin la autorización correspondiente, mantener documentación vencida e ingreso al país por pasos no habilitados. El Departamento de Migraciones y Policía Internacional de la PDI Chañaral realiza periódicamente procedimientos de fiscalización a ciudadanos extranjeros, trabajando en coordinación con el Servicio Nacional de Migraciones, para detectar y denunciar a extranjeros que se encuentren en el país en situación migratoria irregular.
La Fiscalía de Atacama obtuvo una pena efectiva de cárcel en contra de un acusado a quien investigó por su responsabilidad en delitos de carácter sexual en contra de la hija de su pareja, hechos que afectaron a la víctima en el domicilio que ocupaban en Copiapó. Luego de la denuncia ante la Fiscalía Local de esta ciudad se ordenaron las inmediatas diligencias investigativas a la Brigada de Delitos Sexuales de la PDI, además de peritajes científicos ante el Servicio Médico Legal, cuyos resultados fueron incorporados a la carpeta de este caso y que sirvieron de sustento para presentar la acusación en contra del imputado. La audiencia de Juicio Oral por este caso fue asumida por el fiscal adjunto de esta ciudad, Renán Gallardo Angel, quien expuso los medios de prueba y evidencia reunida en la etapa investigativa de la causa, contando además con la declaración de la propia víctima, peritos y funcionarios policiales. “La función de persecución penal de la Fiscalía llevo a acreditar que el acusado durante los años 2022 y 2023 realizó delitos de carácter sexual en contra de una víctima menor de 14 años y mayor a esta edad, toda vez que los hechos ocurrieron en el transcurso en que la afectada cumplió los 14 años. En esta investigación, pensando en la protección integral de la víctima, se realizaron diligencias investigativas contempladas en la Ley 21.057 de Entrevista Investigativa Videograbada”, dijo. Gallardo informó que, a partir de los antecedentes aportados en juicio, los jueces del mencionado Tribunal acogieron los argumentos del Ministerio Público y condenaron al acusado a la pena de 15 años y un día de presidio, además de la vigilancia de la autoridad por el término de diez años siguientes al cumplimento de la pena principal, debiendo informar a Carabineros cada tres meses su domicilio.
Hasta el Juzgado de Policía local de Copiapó se trasladaron equipos de la Dirección Municipal de Seguridad para entregar antecedentes de un choque a un semáforo ocurrido en Avenida Copayapu. La medida busca sancionar a los infractores y que estos compensen los daños producidos a la propiedad pública. Eran cerca de las ocho de la mañana cuando, por causas que son materia de investigación, un vehículo perdió el control impactando a la estructura vial. El siniestro ocurrió en Avenida Copayapu cerca del Juzgado de Letras de la comuna. Tras el trabajo realizado por funcionarios municipales de Seguridad Pública, el alcalde de Copiapó, Maglio Cicardini Neyra, indicó que “hemos visto con preocupación el aumento de vandalismo contra la propiedad pública y el choque a semáforos de nuestra comuna. Es por esto que recopilaremos los antecedentes de cada incidente para entregarlos en los Juzgados de Policía Local de Copiapó para solicitar sanciones y así crear conciencia del cuidado de la propiedad pública”. Cabe señalar que el equipo de seguridad se coordinó con la Dirección Municipal de Tránsito para solicitar avalúo de los daños producidos al semáforo, insumos que fueron entregados como antecedente al juzgado de policía local. La multa dependerá del tipo de infracción que se denuncie y el Juzgado de Policía Local ponderarán los antecedentes, así como las agravantes y atenuantes.
Este lunes comenzó la audiencia de Juicio Oral en el denominado caso “Tres Montes” en que la Unidad de Causas Complejas de la Fiscalía de Atacama, indagó presuntas irregularidades ocurridas posterior al aluvión del año 2017 en la comuna de Tierra Amarilla en que busca acreditar comisión de delitos por parte de funcionarios municipales y particulares. En este primer día de juicio se desarrollaron los alegatos de apertura de todos los intervinientes, oportunidad en que el fiscal que dirigió el desarrollo de las diligencias de esta causa, Luis Miranda Flores, argumentó los hechos que dieron origen a la investigación además de los medios de prueba con que la Fiscalía buscará acreditar la responsabilidad de cuatro acusados. Causa en que es querellante el Consejo de Defensa del Estado. De acuerdo con lo expuesto por el fiscal Miranda, luego que se decretara zona de catástrofe en la mencionada comuna los funcionarios públicos imputados intermediaron procesos de limpieza y sanitización de casas afectadas por el evento climático mediante un proyecto fraudulento sin consultar al Concejo Municipal. “Una vez que dicho proyecto fue adjudicado a la empresa Tres Montes, sin exigencia de boletas de garantía, aumentaron y sobrevaloraron de forma indebida su valor en favor de terceros, generando con ello un grave perjuicio económico a la municipalidad”, dijo el fiscal. Luis Miranda agregó que de acuerdo con los antecedentes en este caso se está frente a un uso criminal de recursos públicos que estaban destinados a limpiar calles, accesos y casas de distintos sectores de la comuna de Tierra Amarilla. “Estos montos finalmente fueron utilizados con fines particulares al margen de la función pública, generando una lamentable desigualdad para todas las personas que en esa fecha estaban sufriendo las consecuencias del aluvión. Con ello, se indagaron delitos de Unidad de Comunicaciones Fiscalía Regional de Atacama nearaya@minpublico.cl www.fiscaliadechile.cl @FiscaliaAtacama fraude al fisco y falsificación de instrumento público que el Ministerio Público buscará acreditar en este juicio que se extenderá por varios meses”, finalizó el fiscal.
Detectives de la Brigada Investigadora de Robos (Biro) de la PDI Copiapó, realizaron un procedimiento en flagrancia que permitió detener a una persona por el delito flagrante de receptación, quien además mantenía una orden vigente de aprehensión. Además, se logró la recuperación de cableado de cobre avaluado en un millón de pesos. “Oficiales policiales de la Biro, sorprendieron en la vía pública de la comuna de Copiapó, a una persona enrollando y cargando en un carro de supermercado cableado de cobre del tendido eléctrico. Por esta razón, detectives se acercaron a realizar un control de identidad, logrando establecer que el imputado se mantenía prófugo de la justicia al contar con una orden vigente de aprehensión por el delito de robo en bienes nacionales de uso público. En virtud a lo anterior, se procedió a su detención por el delito flagrante de receptación y para dar cumplimiento a la orden judicial pendiente”, señaló el Jefe de la Biro Copiapó, subprefecto Patricio Arévalo. El oficial policial añadió que “tras la detención y la incautación del cableado de cobre, se tomó contacto con la empresa telefónica quien reconoció las especies, las que corresponden a cincuenta metros de cable avaluado en un millón de pesos, por lo que procedieron a realizar la denuncia correspondiente”. El imputado, un hombre chileno y mayor de edad, fue puesto a disposición del Juzgado de Garantía de Copiapó, instancia donde fue formalizado por el Ministerio Público.
Detectives del Policía de Investigaciones de Chañaral, realizaron un operativo de fiscalización de ciudadanos extranjeros en la comuna de Diego de Almagro, logrando detectar a doce personas que infringían la Ley de Migraciones y Extranjería, además de detener a otros cuatro extranjeros por el delito de falsificación o uso malicioso de instrumento público. “Oficiales policiales de la PDI Chañaral llevaron a cabo un procedimiento de fiscalización de ciudadanos extranjeros en distintos sectores de la comuna de Diego de Almagro, logrando detectar que cuatro personas, tres venezolanas y un colombiano, presentaron documentación que mantenía inconsistencias en su formato. Por esta razón, se llevaron a cabo diligencias que permitieron establecer que la documentación presentaba no correspondía a la original, por lo que se procedió a la detención de los imputados por el ilícito de falsificación o uso malicioso de instrumento público”, señaló el Jefe de la Bicrim Chañaral, comisario César Ramos. El oficial policial añadió que “los cuatro imputados extranjeros, todos mayores de edad y sin antecedentes policiales, fueron puestos a disposición del Juzgado de Garantía de Diego de Almagro tras sus detenciones”. Por otra parte, en el desarrollo del operativo de fiscalización de ciudadanos extranjeros se controló a un total de 31 personas, logrando determinar que doce de ellas infringían la Ley de Migraciones y Extranjería, siendo denunciados al Servicio Nacional de Migraciones. De las doce personas denunciadas al Servicio Nacional de Migraciones, siete corresponden a ciudadanos colombianos y cinco a personas de nacionalidad venezolana. Las infracciones a la Ley de Migración y Extranjería detectadas en el procedimiento policial corresponden a realizar labores remuneradas sin la autorización correspondiente, mantener documentación vencida e ingreso al país por pasos no habilitados. El Departamento de Migraciones y Policía Internacional de la PDI Chañaral realiza periódicamente procedimientos de fiscalización a ciudadanos extranjeros, trabajando en coordinación con el Servicio Nacional de Migraciones, para detectar y denunciar a extranjeros que se encuentren en el país en situación migratoria irregular.
La Fiscalía de Atacama obtuvo una pena efectiva de cárcel en contra de un acusado a quien investigó por su responsabilidad en delitos de carácter sexual en contra de la hija de su pareja, hechos que afectaron a la víctima en el domicilio que ocupaban en Copiapó. Luego de la denuncia ante la Fiscalía Local de esta ciudad se ordenaron las inmediatas diligencias investigativas a la Brigada de Delitos Sexuales de la PDI, además de peritajes científicos ante el Servicio Médico Legal, cuyos resultados fueron incorporados a la carpeta de este caso y que sirvieron de sustento para presentar la acusación en contra del imputado. La audiencia de Juicio Oral por este caso fue asumida por el fiscal adjunto de esta ciudad, Renán Gallardo Angel, quien expuso los medios de prueba y evidencia reunida en la etapa investigativa de la causa, contando además con la declaración de la propia víctima, peritos y funcionarios policiales. “La función de persecución penal de la Fiscalía llevo a acreditar que el acusado durante los años 2022 y 2023 realizó delitos de carácter sexual en contra de una víctima menor de 14 años y mayor a esta edad, toda vez que los hechos ocurrieron en el transcurso en que la afectada cumplió los 14 años. En esta investigación, pensando en la protección integral de la víctima, se realizaron diligencias investigativas contempladas en la Ley 21.057 de Entrevista Investigativa Videograbada”, dijo. Gallardo informó que, a partir de los antecedentes aportados en juicio, los jueces del mencionado Tribunal acogieron los argumentos del Ministerio Público y condenaron al acusado a la pena de 15 años y un día de presidio, además de la vigilancia de la autoridad por el término de diez años siguientes al cumplimento de la pena principal, debiendo informar a Carabineros cada tres meses su domicilio.
Hasta el Juzgado de Policía local de Copiapó se trasladaron equipos de la Dirección Municipal de Seguridad para entregar antecedentes de un choque a un semáforo ocurrido en Avenida Copayapu. La medida busca sancionar a los infractores y que estos compensen los daños producidos a la propiedad pública. Eran cerca de las ocho de la mañana cuando, por causas que son materia de investigación, un vehículo perdió el control impactando a la estructura vial. El siniestro ocurrió en Avenida Copayapu cerca del Juzgado de Letras de la comuna. Tras el trabajo realizado por funcionarios municipales de Seguridad Pública, el alcalde de Copiapó, Maglio Cicardini Neyra, indicó que “hemos visto con preocupación el aumento de vandalismo contra la propiedad pública y el choque a semáforos de nuestra comuna. Es por esto que recopilaremos los antecedentes de cada incidente para entregarlos en los Juzgados de Policía Local de Copiapó para solicitar sanciones y así crear conciencia del cuidado de la propiedad pública”. Cabe señalar que el equipo de seguridad se coordinó con la Dirección Municipal de Tránsito para solicitar avalúo de los daños producidos al semáforo, insumos que fueron entregados como antecedente al juzgado de policía local. La multa dependerá del tipo de infracción que se denuncie y el Juzgado de Policía Local ponderarán los antecedentes, así como las agravantes y atenuantes.
Este lunes comenzó la audiencia de Juicio Oral en el denominado caso “Tres Montes” en que la Unidad de Causas Complejas de la Fiscalía de Atacama, indagó presuntas irregularidades ocurridas posterior al aluvión del año 2017 en la comuna de Tierra Amarilla en que busca acreditar comisión de delitos por parte de funcionarios municipales y particulares. En este primer día de juicio se desarrollaron los alegatos de apertura de todos los intervinientes, oportunidad en que el fiscal que dirigió el desarrollo de las diligencias de esta causa, Luis Miranda Flores, argumentó los hechos que dieron origen a la investigación además de los medios de prueba con que la Fiscalía buscará acreditar la responsabilidad de cuatro acusados. Causa en que es querellante el Consejo de Defensa del Estado. De acuerdo con lo expuesto por el fiscal Miranda, luego que se decretara zona de catástrofe en la mencionada comuna los funcionarios públicos imputados intermediaron procesos de limpieza y sanitización de casas afectadas por el evento climático mediante un proyecto fraudulento sin consultar al Concejo Municipal. “Una vez que dicho proyecto fue adjudicado a la empresa Tres Montes, sin exigencia de boletas de garantía, aumentaron y sobrevaloraron de forma indebida su valor en favor de terceros, generando con ello un grave perjuicio económico a la municipalidad”, dijo el fiscal. Luis Miranda agregó que de acuerdo con los antecedentes en este caso se está frente a un uso criminal de recursos públicos que estaban destinados a limpiar calles, accesos y casas de distintos sectores de la comuna de Tierra Amarilla. “Estos montos finalmente fueron utilizados con fines particulares al margen de la función pública, generando una lamentable desigualdad para todas las personas que en esa fecha estaban sufriendo las consecuencias del aluvión. Con ello, se indagaron delitos de Unidad de Comunicaciones Fiscalía Regional de Atacama nearaya@minpublico.cl www.fiscaliadechile.cl @FiscaliaAtacama fraude al fisco y falsificación de instrumento público que el Ministerio Público buscará acreditar en este juicio que se extenderá por varios meses”, finalizó el fiscal.