Revisión de desafuero del diputado Joaquín Lavín León fijada para septiembre

La solicitud de desafuero en contra del diputado fue solicitada hace casi un mes por la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente, en el marco de la indagatoria que lleva adelante la fiscal Lorena Parra y donde también se querelló el Consejo de Defensa del Estado (CDE) por el supuesto uso de facturas falsas y gastos inflados durante su campaña parlamentaria, que le habría permitido desviar fondos del Congreso Nacional.

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La Corte de Apelaciones de Santiago decidió fijar la audiencia de solicitud de desafuero de Joaquín Lavín León para el próximo jueves 4 de septiembre a las 8:30 horas.

Las diligencias investigativas de esta causa han sido realizadas con apoyo de la Brigada de Delitos Económicos de la Policía de Investigaciones de Chile y la Unidad Especializada Anticorrupción, Lavado de Activos y Probidad Interna (UNAC) de la Fiscalía Nacional.

Joaquín Lavín León está siendo investigado por el Ministerio Público por un eventual fraude al fisco, tráfico de influencias y negociación incompatible.

La querella presentada por el Consejo de Defensa del Estado (CDE) en contra del parlamentario de derecha, es por una presunta malversación de caudales públicos y fraude al fisco, ya que Lavín León habría operado en conjunto con su exasesor Arnaldo Domínguez, utilizando las empresas MMG SpA y Modo 74 SpA para simular servicios informáticos inexistentes.

Una de las maniobras más llamativas consistió en la emisión de 151 facturas por más de $75 millones, bajo el concepto de mantenimiento de una página web que, según la investigación, se encuentra inactiva desde 2022.

“El objetivo era obtener reembolsos indebidos desde el Congreso Nacional”, sostiene el CDE en el documento ingresado al Ministerio Público, donde además se solicita que el Servicio de Impuestos Internos (SII) se haga parte de la causa ante la eventual existencia de delitos tributarios.

El 29 de octubre de 2024, en tanto, la Policía de Investigaciones allanó las oficinas del legislador en el Congreso Nacional, incautando computadores, teléfonos y documentación física.